Por: Leandro Ramos
El inagotable entusiasmo del ministro de vivienda por los números “récord” e “históricos” de ventas de vivienda en las últimas semanas intenta filtrarse como éxito personal de su gestión. Una “revolución de la vivienda está llegando a todas las regiones del país”, afirma. ¡Casi nada!
Ante de la avalancha de intervenciones públicas y datos que lanza la cabeza de esta cartera, toca tomarse un descanso para restablecer la certidumbre de asistir en realidad a un comportamiento apenas obvio del mercado, luego de las medidas implementadas para mitigar la pandemia. Corresponde por cierto a un logro del sector privado: constructores, firmas de diseño, comercializadores, entidades financieras y todos aquellos trabajadores que edifican viviendas; no obstante las condiciones públicas, apenas favorables, que imponen conjuntamente el gobierno nacional y los municipales.
En la clasificación de países según “clima de negocios” (Doing Business) del Banco Mundial para este año, Colombia obtiene la posición número 90 de 190 en el indicador de eficiencia en la obtención de permisos de construcción. La disparidad interna es además descomunal. Esta misma medición se adelantó a nivel subnacional en 2017. Allí se determinó que el puesto en el escalafón mundial de Manizales es equivalente al número 55, mientras que el de Ibagué lo es a la posición 177. Respecto a este tipo de cargas diferenciales en el mercado nacional brilla el silencio oficial.
El indicador mide el número de trámites, el tiempo y los costos para construir una edificación. Incluye un Índice de Control de Calidad de la Construcción (ICCC) que mide: (1) la disponibilidad de reglamentos y la claridad sobre procedimientos; (2) los controles sucesivos a la obra; (3) los regímenes de responsabilidad y aseguramiento; y (4) la cualificación de los profesionales involucrados en el proceso.
Los datos revelan que los controles durante la construcción son prácticamente inexistentes en el país (salvo avances en Barranquilla, Manizales y Pereira). Justo en el momento en que se puede verificar adecuadamente el cumplimiento de las normas de diseño, la calidad de los materiales y el proceso constructivo. Respecto a los profesionales, el consenso en todas las capitales de departamento es que son buenos, pero no muy buenos. La oferta y cumplimiento de los regímenes de aseguramiento no muestra problemas, pero es un asunto que depende de los empresarios. Conclusión, el país falla especialmente en el cumplimiento de actividades a cargo de entidades públicas.
Estos resultados podrían haber provocado en el actual gobierno una serie de análisis y decisiones en materia de política y gestión de la vivienda que trascendieran la flexibilización o afinación rutinaria de la asignación de subsidios. El actual ministerio evita mencionar que los altos precios de la vivienda en Colombia están asociados a estos y otros tipos de ineficiencias regulatorias, a los altos costos de trámites, tasas e impuestos (6.9 % del valor; en Vietnam, 0.5 %), así como a problemas de competitividad en transporte o seguridad. Situaciones que requieren superarse, no aliviarse mediante subsidios indefinidos que actúan como compensaciones fiscales.
Por otro lado, la construcción de edificaciones (así como de infraestructura) se encuentra largamente rezagada en innovación. La disposición de reglamentos de construcción claros y unificados a nivel nacional opaca de hecho la debilidad institucional que existe para mantener actualizado el sector con la incorporación o producción de nuevas tecnologías, materiales avanzados y mejores procesos constructivos. Lo cual se consigue a través de la inserción en la estructura internacional de estandarización, regida por organismos técnicos altamente especializados. La consecuencia sería la automatización de la transferencia de tecnologías; lo que a su vez impactaría inmediatamente la formación de los profesionales y elevaría sus competencias. Sobre el particular, mutismo ministerial.
Puede que sea tarde para aspirar a un cambio en estas tendencias, creadas por los campeones de las “casas gratis”. La conducción de este sector supone que todos los asuntos específicos de la construcción de edificaciones hagan parte de un modelo sistémico de: (1) uso del suelo (POT); (2) urbanización, renovación, economía y demografía urbana; (3) suministro permanente de agua potable; (4) saneamiento básico; y (5) gestión integral de residuos. Pero el inmenso número de tareas que existen alrededor de estas funcionalidades propias de los hábitats humanos se adelantan en este ministerio bajo formatos estancados, operando como lánguidas actividades de orientación a las entidades territoriales, a veces con asignaciones discrecionales de financiamiento.
El verdadero alcance del ministerio es definir las soluciones integrales de hábitat a nivel nacional y conseguir su homogeneización. Allí radica el impulso sostenido a la construcción de vivienda digna, tecnológicamente actualizada. El incremento en la calidad de vida urbana y rural, y la sostenibilidad en el uso del suelo, no se logrará, como supone la ley recién aprobada, dándole más largas y facilidades a los alcaldes para que formulen o modifiquen el POT, con libertad de criterios y visión microespacial.
Esta misión ministerial sin recortes chocará con una serie de resistencias municipales e intereses (incluyendo a las CAR). Empezando por Bogotá, que tiene avances desiguales y continúa su retroceso general con la actual administración. Pero habrá que esperar a un nuevo ministro o a un nuevo gobierno. Por lo pronto, se ve mejor que los empresarios de la construcción reclamen ellos mismos el valor de sus resultados.
