El turbio manejo de los denominados cupos indicativos o partidas regionales que entregó el Presidente Juan Manuel Santos a los congresistas conocidos como ‘mermelada’ comienzan a tener efectos judiciales. Es el caso de un ‘cupo indicativo’ por $14 mil millones proveniente de los recursos de las regalías y que compartieron el ex representante de Opción Ciudadana Yahir Acuña y la Senadora conservadora Nora García Burgos.
Ambos parlamentarios fueron favorecidos por el gobierno nacional, a través del entonces Secretario General de la Presidencia, Aurelio Iragorri, para gestionar un contrato para la rehabilitación y recuperación de las playas del Golfo de Morrosquillo en los municipios de Tolú y Coveñas en el departamento de Sucre.
Las obras nunca se realizaron y los responsables en primera instancia, funcionarios de primer rango y el contratista, terminaron detenidos en un operativo relámpago que realizaron agentes del CTI está madrugada en la región. Los capturados son el exalcalde de Coveñas, César Serrano Romero, el exsecretario de Planeación Óscar Fontalvo Abuchar, la jefe de obras Derlys Fuentes y el contratista Javier Mizguer Pacheco, representante legal de la firma Consorcio Playas Coveñas-Tolú, escogida por los políticos que direccionaron los recursos para ejecutar la obra que nunca se concluyó.
El alcalde capturado fue electo con el aval de Afrovides, grupo político que controla Yahir Acuña y el contratista Javier Mizguer es hermano de José Carlos Mizguer Pacheco, quien remplazó a Yahir Acuña en la su curul en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.
El contrato entre Mizguer Pacheco y la alcaldía se firmó el 28 de Octubre de 2013 y tuvo un anticipo del 50%, es decir, $ 7.000 millones, disponibles 6 meses antes de las elecciones legislativas. Desde un principio el contrato comenzó a despertar sospechas. La ley establece que todo obra pública que se ejecute en zonas con población afrodescendiente o indígena, como es el caso de Tolú y Coveñas, debe cumplir con el requisito de realizar una consulta previa con las comunidades de dicha región. Sin embargo, la ejecución de la obra se debía realizar sin importar que se tuviera que pasar por encima de esta disposición constitucional, y ahí entró a jugar el exsecretario y entonces ministro del Interior, Aurelio Iragorri, quien autorizó omitir este requisito.
El 22 de Abril de 2014, a menos de una semana de concluir la ejecución del contrato, el director de la oficina de consultas previas del Ministerio del Interior, Alvaro Echeverri Londoño, -subalterno de Aurelio Iragorri– certificó que “en los municipios de Santiago de Tolú y Coveñas no se registra presencia de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras’’ . La certificación No 701 firmada por Echeverri Londoño, le sirvió al contratista y a los políticos detrás de la obra –Nora García y Yahir Acuña– a contar de forma express con la totalidad de los recursos destinados: $14 mil millones en plena campaña electoral.
