Un helicóptero inmovilizado no por tuercas, sino por OFAC
El país despertó con el presidente Gustavo Petro anunciando que venderá el helicóptero presidencial —el FAC 0008, un AW139 de Leonardo Helicopters— y que demandará a la empresa italiana por “ofender a Colombia”.
La realidad, sin embargo, está escrita en otra parte: en una carta fría, burocrática y demoledora enviada por Leonardo al comandante del Grupo Técnico de CATAM.
En esa comunicación, la compañía informa que suspende temporalmente todo el soporte al helicóptero debido a “disposiciones regulatorias recientes emitidas en Estados Unidos” y mientras se tramita una autorización ante la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU.
Es decir: no es Italia, no es un capricho anti-Petro, no es un boicot ideológico. Es cumplimiento regulatorio duro frente a un presidente que, según la propia prensa internacional y colombiana, ya fue incluido en la llamada Lista Clinton.
Leonardo no se está “portando mal” con Colombia: se está protegiendo de sanciones estadounidenses.
Leonardo, un contratista OTAN atado de pies y manos por su propio compliance
Quien crea que Leonardo puede ignorar a OFAC para complacer a Petro no ha leído ni una página de los documentos públicos de la empresa:
• La propia Leonardo reconoce que su área de Compliance coordina los programas de Anti-Corrupción, Ética & Integridad y Trade Compliance, precisamente para asegurar que sus operaciones respeten las normas de exportación, sanciones y controles de los países donde opera, incluida la legislación estadounidense.
• Su Trade Compliance Programme se diseñó para garantizar el cumplimiento de todas las reglas de export/import de productos de defensa y de doble uso, con referencia explícita a los marcos legales de Estados Unidos y a los lineamientos de OFAC sobre programas de compliance corporativo.
• El grupo ostenta además un Sistema de Gestión Antisoborno certificado ISO 37001, que obliga a incorporar cláusulas contractuales de sanciones, export control y derecho a suspender o terminar negocios cuando el cumplimiento normativo está en riesgo.Traducido al castellano simple:
Si OFAC aparece en el radar, Leonardo está obligado a frenar. Si no frena, la que termina sancionada es Leonardo.
Por eso la carta habla de medida “preventiva”, de cumplir plenamente la normativa estadounidense y de reanudar el soporte una vez se obtenga la licencia de OFAC.
Eso, en cualquier contrato serio de defensa, suena a cláusula estándar: “si hay riesgo regulatorio, el proveedor puede suspender sin incurrir en incumplimiento.”
El berrinche presidencial: vender el helicóptero para no mirar el semáforo en rojo
Frente a ese escenario, la respuesta de Petro es políticamente vistosa y jurídicamente irrelevante:
anuncia que vende el helicóptero y que va a romper relaciones con Leonardo.
¿Sirve de algo?
No.
• Vender la aeronave no borra la trazabilidad del caso ante OFAC.
• No cambia el hecho de que una empresa de defensa de la OTAN activó un protocolo de riesgo regulatorio por culpa del entorno del presidente colombiano.
• No convierte en “incumplimiento contractual” lo que, a la luz de los estándares de Leonardo, es simplemente obediencia debida a su propio sistema de compliance.
La orden de “vender el helicóptero” es, en términos regulatorios, un berrinche presidencial ante un bloqueo de compliance: se castiga al mensajero porque no se puede controlar al que realmente cerró la llave, que no es Italia sino el Departamento del Tesoro de EE. UU.
El mismo guion ya se había estrenado con el avión presidencial
El caso del helicóptero no es un rayo en cielo despejado. Es el segundo capítulo del mismo libreto.
1. FAC 0001 – el Boeing 737-700 BBJ presidencial
• El avión presidencial colombiano es un Boeing 737-700 configurado como Boeing Business Jet, fabricado por Boeing en EE. UU.
• Hace tres semanas, durante escala en Cabo Verde, el propio Petro reconoció que se negó combustible al FAC-0001 y ordenó cancelar el contrato con la empresa norteamericana encargada de prestar el servicio.
• Pocos días después se conoció que diez compañías se negaron a atender el avión presidencial en Arabia Saudita por temor a sanciones de EE. UU.; el Gobierno tuvo que resolver pagando en efectivo.
• Medios europeos han reportado incluso que, en Barajas, proveedores se habrían negado a suministrar combustible al FAC-0001 precisamente por el estatus OFAC de Petro.
2. Reacción de Petro
• Igual que ahora con Leonardo, la respuesta fue anunciar ruptura de contrato con la empresa estadounidense, presentando la negativa como un agravio contra Colombia.Patrón claro:
Cada vez que el sistema internacional de compliance actúa —ya sea en un aeropuerto o en un hangar—, el presidente reacciona políticamente contra la empresa, no contra la causa de fondo: su riesgo regulatorio personal.
El elefante en el hangar: 12.500 millones de dólares en compras militares bajo riesgo de “cuarentena regulatoria”
Mientras se pelea en público con proveedores, el Gobierno Petro está firmando el paquete de modernización militar más grande del siglo:
• Un plan de más de 12.000 millones de dólares para renovar aviones de combate, helicópteros, blindados, sistemas de mando y tecnología de defensa antes de julio de 2026.
• Dentro de ese paquete se inscribe el negocio estrella: 17 aviones de combate Gripen E/F de la sueca Saab, por unos 3.100 millones de euros / 16,5 billones de pesos, la mayor compra militar individual en décadas.Y aquí viene el dato que a cualquier oficial de compliance le prende todas las alarmas:
• El Gripen E que compró Colombia es sueco en la bandera, pero su corazón es un motor estadounidense GE F414 y buena parte de su electrónica y armamento tiene participación de proveedores de EE. UU. e Israel.Eso significa que cada avión que llegue a Colombia va atornillado a un paquete de licencias de exportación, autorizaciones de uso final, controles ITAR y filtros OFAC.
En un país cuyo presidente ya está en Lista Clinton, según informan múltiples medios, cada pago, cada repuesto, cada actualización de software y cada póliza de seguro de esos aviones pasa por una lupa mucho más agresiva.
Si un helicóptero VIP ya quedó inmovilizado por un simple trámite de licencia, ¿qué puede pasar con 17 cazas de combate cargados de tecnología sensible estadounidense e israelí?
Lo que viene: la era de la “cuarentena regulatoria” para las compras militares de Petro
Con el helicóptero presidencial y el FAC-0001, el sistema internacional ya envió tres mensajes muy claros:
1. La persona del presidente es un factor de riesgo regulatorio. Los episodios en Cabo Verde, Madrid, Arabia Saudita y ahora el taller de Leonardo no son coincidencias; son la traducción operacional de una entrada en listas de sanciones que nadie en el Gobierno quiere admitir abiertamente.
2. Las empresas globales están eligiendo protegerse antes que complacer a Colombia. Leonardo, proveedores de combustible, operadores de aeropuertos y compañías de mantenimiento están aplicando la regla de oro del compliance: “Si huele a problema OFAC, te apartas.”
3. El gran paquete de compras militares entra a zona de turbulencia. Con 12.500 millones de dólares en modernización militar, cada nuevo contrato que involucre componentes, bancos o aseguradoras estadounidenses será analizado bajo el prisma de sanciones y riesgos, no bajo el discurso político desde la Plaza de Bolívar.En este contexto, es razonable anticipar —y El Expediente lo deja por escrito— al menos tres escenarios de “cuarentena regulatoria”:
• 1. Soporte crítico del avión presidencial (Boeing). Si una empresa norteamericana ya fue señalada públicamente por el propio Petro y se ordenó suspender el contrato, otras compañías de ese ecosistema tendrán aún menos incentivos para arriesgarse a servir al FAC-0001, sobre todo si cada operación puede interpretarse como facilitar servicios a un designado OFAC.
• 2. Mantenimiento, repuestos y entrenamiento del programa Gripen. Cada componente con contenido estadounidense o israelí trae consigo licencias y restricciones. Si crece la percepción de que la cúpula del Ejecutivo colombiano está bajo escrutinio de sanciones, veremos demoras, revisiones adicionales, exigencias de garantías bancarias más duras y, en casos extremos, suspensiones similares a la del AW139.
• 3. Otros proyectos del plan de 12.500 millones.Renovación de helicópteros Mi-17, reemplazo del fusil Galil, nuevos sistemas de mando y control, radares y equipos de comunicaciones: casi todo tiene algún vínculo con cadenas de suministro occidentales y bancos internacionales. Cualquier percepción de riesgo OFAC encarece, retrasa o bloquea esos negocios.
Conclusión: cuando el problema ya no es el avión, sino quién va sentado en la silla 1A
El presidente puede seguir anunciando que rompe contratos, vende helicópteros o demanda empresas. Puede construir discursos sobre “ofensas a la soberanía” o “boicots internacionales”.
Pero el sistema global de compliance tiene otra lógica:
no le responde al Twitter de los presidentes, sino a los manuales de OFAC, a las normas ITAR, a las certificaciones ISO y a las matrices de riesgo de bancos y aseguradoras.
Hoy es un helicóptero inmovilizado. Ayer fue un Boeing presidencial al que le negaron combustible y servicio.
Mañana pueden ser los primeros Gripen esperando en pista a que una oficina de Washington o de Tel Aviv decida si se aprueba o no una licencia.
La orden de Petro de vender el helicóptero es, sí, un berrinche político ante un bloqueo de compliance. Lo verdaderamente grave es lo otro:
Lo que viene: un arsenal de compras militares entrando, una por una, en cuarentena regulatoria.
Y esto, para Colombia, apenas empieza.
P. D. Mientras todo esto ocurre, la primera dama Verónica Alcocer —también alcanzada por el estatus OFAC— sigue varada en Estocolmo, sin poder regresar al país. Y la “coartada diplomática” del anunciado premio en Suecia para Petro, diseñada para intentar desbloquear su retorno, comenzó a desmoronarse antes siquiera de despegar.
