Por Jaime A Restrepo – El Patriota
Desde 1821, nuestro territorio patrio, ha propiciado 53 indultos y 15 amnistías, más las actuales construcciones de “justicia” transicional, que no son otra cosa, que leyes de punto final en favor de criminales de lesa humanidad, excepto la ley de Justicia y Paz, donde hubo tratamiento penitenciario de 8 años de privación efectiva de la libertad para los postulados.
La clase política colombiana, reiterativamente ha propugnado por mitigar los efectos de la violencia, pacificando los territorios de manera transitoria mediante concesiones a los violentos, produciendo momentos de estabilidad etéreos y oxigenando la perpetuación de la violencia con el precedente de la impunidad constante.
Los actos de barbarie ejecutados durante la década de los 50 del siglo pasado, contra la sociedad colombiana por los bandoleros liberales (Limpios) y los bandoleros del Partido Comunista (Comunes), hicieron que detonara una reacción violenta, mediante organizaciones de autodefensa que igualaron o superaron la orgia de sangre sembrada por los guerrilleros revolucionarios. Estas organizaciones de autodefensa contrarrevolucionarias, tuvieron varias denominaciones: “Chulavitas”, “Enruanados” de San Antonio, “Barbados”, “Patriotas” de Chaparral, “Contrachusmas”, “Guerrillas de Paz”, “Los Aplanchadores y los Tiznados” en Antioquia, “Los Pájaros” en el Valle del Cauca y en el Cauca.
El frente de guerra de los bandoleros liberales y comunistas, ha utilizado el contexto de la violencia para crear un nuevo orden y el frente diplomático de la negociación, para avivar la crisis orgánica de la sociedad colombiana y para ganar tiempo en su trabajo político de masas y organizaciones, con su visión prolongada para la toma del poder. Mientras la hegemonía política y económica colombiana, históricamente ha utilizado a los de abajo (fuerzas militares, policía y autodefensas) para presionar militarmente a los revolucionarios y lograr momentos de pacificación en favor de sus intereses económicos y de poder, frenando los efectos multiplicadores del conflicto.
Los acuerdos de impunidad con los bandidos, solo han logrado crear una atmosfera artificial y momentánea de paz, que de forma cíclica y reiterativa se reproduce y agudiza, perpetuando la violencia en todo nuestro territorio nacional.
Los bandoleros de otrora como los hermanos Tiberio y Leónidas Borja, “Chispas”, Gerardo Loaiza “General Santander”, el “Mariachi”, el “General Peligro” (excomandante de Manuel Marulanda), Eliseo Vásquez “Cheito Vásquez”, los Hermanos Tulio, Pablo y Manuel Bautista, el llanero Guadalupe Salcedo, Rafael Rangel, Los hermanos Fonseca, Franco Isaza, Juan de J Franco “Capitán Franco”, Fermín Charry Rincón “Charro Negro”, Isauro Yosa “Mayor Lister”, Ciro Trujillo Castaño “Ciro”, Gerardo Loaiza y Pavón, entre otros; se han renovado gracias a los tratamientos políticos de impunidad, en nuevos bandidos con otros nombres y con otros alias, que continuarán sembrando a nuestro territorio de sangre, dolor y lágrimas, mientras no imperen los principios de autoridad, orden y justicia material, para frenar el efecto cíclico y repetitivo de procesos apaciguadores, de falsa paz.
El armisticio de Viotá otorgado por Laureano Gómez a los bandoleros del Partido Comunista en 1951, La Paz de Rovira de 1953 negociada entre Rojas Pinilla y los bandoleros, los acuerdos de 1958 en el gobierno de Lleras Camargo, que finiquitó, con la desmovilización de Manuel Marulanda Vélez y de Ciro Castaño (delincuentes reincidentes); marcaron el preludio de un patrón de perdones alimentadores de futuras violencias.
La historia se repite con los consecutivos acuerdos de impunidad y de elegibilidad en favor de los bandidos del M-19, el EPL y las FARC, quienes continúan combinando todas las formas de lucha para la toma del poder, mediante la lucha de clases.
Queda demostrado para Colombia, la ruptura del contrato social, la incapacidad manifiesta del Estado para prohijar la defensa de la vida, honra y bienes de los colombianos, en 1.142.748 kilómetros cuadrados de área territorial; su proclividad para negociar con los victimarios en demerito del Estado Nación y de los derechos de las víctimas.
Asi las cosas, mientras la fuerza del fusil de los facinerosos, pretenda seguir conculcando las condiciones mínimas de existencia de los colombianos, con acciones de fuerza contra la vida, la libertad, la propiedad y la dignidad de sus habitantes, como derechos inalienables para el ser humano; se activa el ejercicio y el derecho de necesidad a la defensa particular o colectiva, como el pilar disuasivo contra la violencia y la guerra. La violencia reaccionaria de la autodefensa, es una consecuencia inescindible, de la acción fratricida, de quienes pretenden imponer sus ideologías anacrónicas o sus intereses económicos a sangre y fuego.
Por tal virtud, la génesis del movimiento de autodefensa, es tan antigua como el ser humano mismo y obedece a la premisa hobbesiana del “Homo Homini Lupus (el hombre es un lobo para el hombre) y a la precariedad del Estado, para cumplir con los postulados y obligaciones del contrato social.
Luego entonces, no se trata de ninguna manera, de lanzar una invitación a la ilegalidad, ni mucho menos a la ilicitud, la intención radica en entender desde recordaciones históricas, la esencia de la defensa colectiva como un derecho natural, que debe ser legalizado y regularizado por el Estado, en consideración a su incapacidad para cubrir la seguridad de toda su población, en tan vasto territorio.
El deber ser, nos invita a luchar por el fortalecimiento institucional, que permita la seguridad del Estado y la seguridad ciudadana, mientras estén dadas las garantías para no tener la obligación de actuar frente a agresiones injustas. Garantías, que al día de hoy, siguen siendo difusas en las ciudades y utópicas en la ruralidad.
Finiquito el artículo, remembrando la tesis de Cicerón en la defensa de Milón: “Hay, pues, una ley no escrita sino natural; la ley que no hemos aprendido, ni oído, ni leído; que la tomamos, debemos y sacamos de la naturaleza misma; que no se ha enseñado sino inspirado; que no se nos ha impuesto, sino imbuido; ley que consiste en que si nuestra vida corriera riesgo en alguna emboscada o nos acometieran violentamente ladrones o enemigos armados, todos los medios de salvación son justos y legítimos”
