Jorge Moreno Ojeda, el zar de la seguridad privada capturado en Miami y en proceso de ser deportado a Colombia, se ha burlado de las entidades del Estado y particularmente de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad en la que se dio a conocer durante la administración del ex director Andrés Villamizar Pachón, por obtener millonarios contratos de prestación de servicios de escoltas y alquiler de vehículos blindados asignados a las personas amenazadas y que tienen medidas de protección implementadas por el Estado.
Pese a las múltiples acusaciones en su contra, que se comenzaron a hacer públicas desde el 2014 cuando se descubrió que el empresario tenía todo un entramado de empresas con las cuales lograba amañar las licitaciones públicas a su favor, sus empresas aún siguen contratando con la UNP en la actual administración de Diego Mora, quien asumió el cargo en enero de 2015.
Mora llegó al cargo en reemplazo de Andrés Villamizar luego de que el Presidente Santos le pidiera la renuncia de forma fulminante el 23 de diciembre de 2014 en medio de denuncias por posible corrupción en la asignación de contratos. No llevaba semanas de haber asumido la dirección de la UNP y las presiones de Moreno lograron amansarlo. El zar de la seguridad privada venía adelantando un proceso de reclamación a la UNP por más de $2 mil millones de pesos al cual Mora se opuso. En esa época fue secuestrada su pequeña hija de siete años sin que nunca se supiera quiénes fueron los responsables. Lo que sí quedó claro es que Jorge Moreno era intocable y que a pesar de las buenas intenciones y discurso contra los malos manejos de la anterior administración Diego Mora terminó cediendo ante las presiones de Jorge Moreno y entregando buena parte de la millonaria contratación que se maneja en la entidad que tiene a cargo.
En Agosto de 2016 Jorge Moreno ya tenía una orden de captura pero antes de huir del país dejó en orden sus negocios. Maquilló varias de sus empresas y utilizó viejas firmas pero con nuevos representantes legales y creó una Unión Temporal llamada Protección Colombia con la que dejó la hoja de ruta para licitar en nuevos procesos de contratación en la Unidad Nacional de Protección. Con su nuevo disfraz agrupó firmas como Guardianes Líderes en Seguridad, Cobasec y Centinel y se ganó contratos para la seguridad de personajes amenazados en Bogotá, Cali, Popayán, Valle del Cauca, Huila y Caquetá entre otras. También se ganó el contrato de alquiler de vehículos convencionales -no blindados- el cual fue asignado a la firma CAR V, detrás de la cual también estaría Jorge Moreno Ojeda. Ambos contratos están a punto de vencerse y suman cerca de $120 mil millones de pesos.
El director de la UNP Diego Mora respondió las inquietudes El Expediente: »Aunque existen rumores en el sentido que el señor Jorge Moreno estaría detrás de este grupo de empresas que menciona en los papeles que reposan en la UNP y que fueron presentadas en los procesos de licitación el nombre de Jorge Moreno no aparece por ninguna parte. La UNP debe cumplir con la ley y no puede marginar a ninguna empresa que no tenga ninguna inhabilidad legal manifiesta; todas estas empresas cuentan con licencia de la entidad competente, la Superintendencia de Vigilancia y cumplen con los requisitos exigidos en el proceso de licitación»
¿Qué pasó con la reclamación que presentó Jorge Moreno a la UNP?
Varias empresas que contrataron con la anterior administración (Andrés Villamizar) presentaron reclamaciones por hechos cumplidos. Las relacionadas con Jorge Moreno eran las firmas agrupadas en Protección 33 y esos procesos están hace alrededor de dos meses en un tribunal de arbitramento.
¿Qué medidas se pueden adoptar para marginar estas empresas aparentemente relacionadas con un empresario capturado?
Actualmente el Superintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo promueve un proyecto de ley que busca crear herramientas para multar y sancionar a empresas que estén en procesos de investigación o tengan sanciones para que estas no puedan ser contratadas por entidades del Estado incluida la Unidad Nacional de Protección.
»Frente al comentario sobre el secuestro de mi hija debo mencionar que ese tema no se ha esclarecido judicialmente y que ningún contrato se asignó por presiones de ningún tipo se han hecho licitaciones bajo todos los parámetros que dispone la ley».
