Por José Félix Lafaurie Rivera
@jflafaurie
El 3 de noviembre acudí a una reunión del ministro de Agricultura sobre la ganadería. Terminó ordenándome abandonar su despacho. Los audios lo mostraron. La Junta Directiva de FEDEGÁN rechazó ese trato y respaldó mi gestión y la de Jaime Daza. Después, el ministro anunció una auditoría forense al Fondo Nacional del Ganado.
¡Bienvenida sea! Quien administra recursos públicos o parafiscales debe rendir cuentas. FEDEGÁN facilitará la información ante los organismos de control. La transparencia no comienza con un anuncio: se demuestra con documentos y resultados. La fiscalización es legítima y necesaria pero debe partir de hechos verificables, respetar la presunción de corrección y evitar que un anuncio oficial se convierta anticipadamente en condena pública.
FEDEGÁN administra el Fondo por contrato estatal y la Ley 89 de 1993. Su artículo octavo exige que el plan anual sea aprobado por la Junta Directiva con voto favorable del ministro de Agricultura, quien la preside. El Ministerio participa en el presupuesto que examinará. Los Cuadernos Ganaderos informan a 700 mil productores sobre recursos y logros: vacunación, sanidad, mercados y apoyo técnico.
No es la primera vez. Durante el gobierno Santos, cuando Indalecio Dangond asesoraba a Aurelio Iragorri, FEDEGÁN enfrentó cuestionamientos semejantes. Una auditoría produjo titulares; entretanto, la Contraloría calificó la gestión de 2013 con 89 sobre 100 y con 100 sobre 100 en finanzas. Sobre 2015 emitió concepto favorable y opinión sin salvedades. Los resultados respaldaron nuestra gestión.
Jaime Daza Almendrales merece mención especial. Durante veinte años al frente del Fondo ha asumido una operación exigente. He visto su rigor y rectitud. No ha tenido hallazgo con responsabilidad fiscal, disciplinaria ni penal por manejo indebido de estos recursos. Su honorabilidad merece respeto, sin eximirlo del escrutinio.
La auditoría debe tener independencia y garantías. Esperamos conocer sus conclusiones y que los resultados reciban igual publicidad que el anuncio. Investigar posibles irregularidades no equivale a comprobarlas.
La democracia obliga a quienes ejercen el poder. Mi padre escribió que la autoridad está ligada a la fuerza moral y que, sin razón, solo hay poder. Un despacho ministerial sirve a los ciudadanos. Respetar a quien discrepa no es cortesía, sino obligación de quien representa al Estado. El poder lo confiere el cargo; la autoridad se conquista con razón y fuerza moral.
El artículo 39 de la Constitución protege la autonomía gremial. Los gremios no existimos para aplaudir ni oponernos por sistema. Representamos a los afiliados, proponemos soluciones y apoyamos políticas útiles al país. Reconocemos los esfuerzos en seguridad rural y mantenemos la disposición a concertar.
Cooperar no significa someterse. Disentir no es irrespetar. El poder puede ejercerse sin escuchar; la autoridad, jamás.
