Por Rafael Nieto Loaiza
Las elecciones del 2018 se ganaron en Antioquia. Explico: en todo el territorio nacional, Duque y Ramírez sacaron 10.373.080 votos, el 53,98%, y Petro y Robledo 8.034.189, el 41,81%. El candidato de izquierda ganó en Atlántico por 97.237 votos, Sucre por 7.612, Chocó por 23.159, Valle por 138.470, Cauca por 163.252, Nariño por 174.095, Putumayo por 46.302 y Vaupés por 1.663. Y, lo más importante por volumen, tuvo 437.174 votos más que Duque en Bogotá. Sumados todos esos departamentos en que ganó y la capital, Petro le sacó 1.088.964 votos al actual Presidente. Esos votos fueron más que compensados en Antioquia, donde Duque consiguió 1.844.027 votos (72.53%) y Petro solo 558.515 (21.97%), una diferencia de 1.285.512 sufragios. Repito, el triunfo se obtuvo en Antioquia.
No fue un fenómeno de la coyuntura de los pasados comicios presidenciales. El examen histórico confirma la misma tendencia electoral al menos desde el 2002. Antioquia es el bastión por excelencia del uribismo y de la derecha y la centro derecha en Colombia.
Yo no dudo ni por un instante que este análisis rápido lo han hecho también la izquierda y el santismo y habrán concluido lo mismo. Y como no son tontos, no se quedaron quietos. La ofensiva contra el departamento ha sido brutal y se ha expresado en todos los campos, desde lo estrictamente político y electoral hasta lo judicial. Como vengo diciéndolo desde hace más de un año, la intención es la demolición sistemática de esa fortaleza porque saben que solo si lo consiguen llegarán al poder.
Eso explica porque habiendo departamentos con muchísimos más problemas administrativos y de gestión, el único con sus últimos cuatro gobernadores encartados en sendos procesos disciplinarios y fiscales sea Antioquia. Antioqueños son Álvaro Uribe, Aníbal Gaviria y Luis Alfredo Ramos, con causas judiciales que les han significado estar privados de su libertad aunque no medie contra ellos sentencia judicial alguna. Procesos sobre los que hay serios y fundados interrogantes sobre su naturaleza política. No sobra recordar que la politización de la justicia y la judicialización de la política son las dos caras de un mismo y grave problema, cada día más agudo en Colombia: el abuso de la justicia como herramienta para sacar del camino o debilitar a los contradictores políticos.
La política nacional es también la razón de la embestida feroz de Daniel Quintero a la institucionalidad de Medellín. El Alcalde la ha emprendido contra Ruta N y contra EPM, no solo de lejos la mejor empresa de prestaciones de servicios públicos en el país sino, más allá de los problemas de Hidroituango, también una de las empresas públicas o privadas mejor calificadas en materia de responsabilidad social y ambiental y gobierno corporativo.
Ahí, creo, está la clave del ataque: se trata de romper los espacios de coordinación entre la academia, el sector privado y la administración pública local que tantos éxitos han traído a la ciudad y la han hecho modelo no solo en Colombia sino en el mundo. Los empresarios habían logrado trasladar al gobierno de la ciudad una cultura de servicio y las mejores prácticas del sector privado. Como resultado, la de Medellín era, también con distancia, un ejemplo de lo que debe ser una burocracia eficiente y volcada a la comunidad. A los ojos de la izquierda, es indispensable quebrar esa colaboración entre el empresariado y la ciudad. Por eso las acusaciones y señalamientos sin sustento contra el Grupo Empresarial Antioqueño y contra Manuel Santiago Mejía, símbolos del empresariado paisa. Por eso el discurso de lucha de clases que la actual alcaldía promueve en las comunas de la ciudad.
La otra línea de la arremetida es cultural. De ahí los esfuerzos por romper los valores y convicciones de los ciudadanos. Quintero entiende como pocos la importancia de los imaginarios colectivos. La idea de fondo es fracturar la identidad doctrinal y las creencias “conservadoras» de los antioqueños. Saben que solo de esa manera, vencida Antioquia, podrán conseguir el poder político nacional.
En fin, en Antioquia nos jugamos el futuro. Por eso ha resultado tan desafortunado que se incumplieran los pactos para apoyar al candidato que mejor fuera en las encuestas y que Santiago Gómez hubiera mantenido su candidatura hasta el final. Una decisión costosísima para Medellín y para el país.
El gobierno de Duque, elegido en ese departamento, tiene el deber de defender a Antioquia frente al asalto brutal al que está siendo sometida. En esa dirección es muy importante, hoy más que nunca, que le de los espacios de representación política que se merece y que se ha ganado a voto limpio. En el gabinete hay cinco ministros del suroccidente y cinco bogotanos, donde Duque fue ampliamente derrotado, y apenas un paisa, el de Minas y Energía, Diego Mesa. Es justo que haya más.
Por cierto, no es el único departamento subrrepresentado en el gabinete. Hay varios, los santanderes, el Gran Caldas, Huila, Casanare y Meta, por ejemplo, donde también Duque ganó sobradamente y que hoy no tienen representación alguna. Unos ajustes ministeriales son indispensables.
