Por: Gustavo Rugeles – El Expediente
Bogotá, 25 de noviembre de 2025
En un movimiento que genera escalofríos en el corazón de la protección estatal, el gobierno de Gustavo Petro acelera la toma de control total sobre los esquemas de seguridad de líderes políticos, precandidatos presidenciales, defensores de derechos humanos y periodistas. La herramienta: un megacontrato de casi un billón de pesos con la Unidad Nacional de Protección (UNP), cuya licitación parece tejida a la medida de Pretorian Security Ltda., una firma con un historial negro de vínculos con criminales, intervenida por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y ahora bajo la tutela directa del Estado.
Esto ocurre justo cuando la violencia política recrudece tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay en junio y amenazas explícitas de las disidencias FARC contra el puntero en encuestas, Abelardo de la Espriella.
El proceso PSA-UNP-087-2025, publicado el 22 de octubre en SECOP II, busca adjudicar $985.995.346.262 (incluidos AIU e IVA) para vigilancia privada en seis zonas del país, protegiendo a cientos de personas en riesgo extremo.
Ver: ¡Licitación de casi un billón en la UNP: pliego “a la medida” para Pretorian Security, la firma vinculada a la fuga de Matamba!
Desde su creación en el gobierno de Juan Manuel Santos, estos contratos operaron con operadores privados independientes, garantizando neutralidad y eficiencia. Pero ahora, el Ejecutivo parece decidido a centralizarlo todo, utilizando a Pretorian —bajo administración SAE— como vehículo para un monopolio que podría comprometer la imparcialidad de los esquemas, especialmente ante las elecciones de 2026, donde el uribismo y la oposición juegan su supervivencia.
La jugada no es sutil. El borrador de pliegos, bajo escrutinio, rebaja requisitos de manera sospechosa: la experiencia del 30% del contrato se calcula solo sobre el primer mes (diciembre 2025), no el total anual. En la Zona 3 ($188.316 millones totales, página 22), esto equivale a $5.387 millones —apenas 3.784 salarios mínimos— en lugar de los lógicos $56.495 millones, reduciendo el umbral real al 2,9%.
Empresas sin trayectoria en alto riesgo podrían colarse, pero los detalles apuntan a Pretorian (NIT 901238797-2, representada por Carlos Fernando Casas Gómez, CC 79.719.392), señalada por facilitar la fuga de alias Matamba según la delación del «narco-chofer», quien detalló cómo exparamilitares se carnetizaron como escoltas.
Pretorian, sancionada por la Superintendencia de Vigilancia y en extinción de dominio, sigue operando con la UNP vía unión temporal con Prosegur (contrato 2705 de 2025 por $30.000 millones, vía urgencia manifiesta).
La familia Casas Gómez profundiza la opacidad: el hermano Óscar Andrés (CO1.NTC.7402184), Angie Tatiana Casas Suárez (CO1.NTC.7389028) y Juan David Casas Bello (CO1.NTC.7953201) facturan directamente con la entidad, en sintonía con el secretario general Juan Camilo Chavarro Marín.
El director Augusto Rodríguez Ballesteros, convaleciente tras cirugía cardíaca y artífice de denuncias como la del narco-chofer, parece ajeno a esta trama, que huele a favoritismo desde su equipo.
La UNP respondió en septiembre a críticas del exconcejal Germán Ricaurte —quien en X alertó: «El ratón cuidando el queso: la UNP le entregó un contrato de escoltas por 30 mil millones a un consorcio que incluye a Pretorian Security, empresa señalada de tener vínculos con bandas criminales»— calificando las acusaciones de «falsas y calumniosas».
Afirmaron que, al firmar en 2023, Pretorian estaba «habilitada», y tras capturas e incautaciones por la Fiscalía, la SAE asumió control, removiendo directivos y bienes. Insistieron en que la SAE puede contratar públicamente. Pero ¿quién es el interventor SAE? No hay claridad, evocando intervenciones opacas en EPS como Nueva EPS, Sanitas o Coosalud, donde el Estado «rescató» firmas quebradas o saqueadas, dejando deudas y caos.
Otro flanco alarmante: no exigir documentos de armas en ofertas, permitiendo «subsanaciones» post-presentación, como en 2023 cuando una firma ganó sin pistolas, subsanando solo donde convenía tras filtraciones de ofertas rivales.
Comprar armamento legal es un calvario ante la SuperVigilancia; este guiño facilita que un favorecido oferte en todas las zonas y elija después, forzando transiciones riesgosas al operador saliente —el mismo error de los contratos vehiculares iniciales de Petro, con demandas y protegidos expuestos….
Este direccionamiento no es casual. Llega en pico de violencia: el 7 de junio, Miguel Uribe Turbay, precandidato uribista, fue baleado en Bogotá por un menor de 15 años en un mitin; murió en agosto tras 65 días en coma, con capturas como alias «El Costeño» y «El Viejo», quienes planeaba más atentados.
Miles marcharon en «silencio» por justicia. Ahora, el informe de Noticias Caracol del 23 de noviembre revela infiltración de disidencias FARC (EMC de Iván Mordisco y Bloques de alias Calarcá) en DINI, Ejército y —crucialmente— UNP: caravanas guerrilleras custodiadas por la entidad, filtraciones de inteligencia para evadir operativos, y supuestos pactos con generales como Juan Miguel Huertas (reintegrado por Petro) y Wilmar Mejía (DNI).
Documentos incautados en julio 2024 muestran chats de «no agresión», empresas fachadas para armas legales y movilidad blindada, e incluso apoyo electoral a Petro vía Francia Márquez.
Abelardo de la Espriella, puntero en encuestas, enfrenta amenazas directas de disidencias de Márquez y Calarcá, que controlan territorios y usan UNP para «moverse a antojo».
Ver: Alerta: Fuentes de inteligencia advierten posible atentado contra Abelardo de la Espriella y otro candidato presidencial. Ambos cuentan con ciudadanía norteamericana
La Fiscalía, con pruebas desde hace un año, abrió indagación solo tras el escándalo, ordenando intervención por «cooptación» y amenazas a la seguridad nacional.
Pero el silencio inicial de Petro —quien tachó el informe de «falsos» y obra de la CIA— y la opacidad en UNP avivan sospechas: ¿se busca un control que neutralice opositores en 2026?
Cientos de protegidos —cuyas vidas penden de esquemas independientes— enfrentan ahora un riesgo inminente: ¿quién velará por ellos si el Estado monopoliza con una firma bajo su ala, pero con sombras de mafia?
Esta licitación no es administrativa; es una apuesta por el poder, donde un billón de pesos podría blindar no la democracia, sino su opuesto. La Procuraduría, Contraloría y Congreso deben intervenir ya, antes de que la violencia electoral eclipse la elección.
