Por: Laureano Tirado
El Carmen de Chucurí es un municipio de Santander ubicado entre la serranía de los Yariguìes y el extenso valle del magdalena medio; antes de su erección como municipio en el año de 1986 fue corregimiento de San Vicente de Chucurí. En estas tierras chucureñas se gestaron episodios que han repercutido en la vida del país. Fue en San Vicente donde se concentraron los primeros guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional ELN, para iniciar la ruta criminal y terrorista que comenzó con la primera toma a un casco urbano. El 7 de enero de 1965 el ELN se tomó a Simacota, saquearon y robaron establecimientos comerciales, la Caja Agraria, y la agencia de Bavaria: en su incursión asesinaron a tres policías y dos soldados. Antes de huir, la cuadrilla del ELN se reunió en la plaza principal de Simacota, donde Fabio Vázquez Castaño leyó el “Manifiesto de Simacota” junto a Nicolas Rodríguez “Gabino” (oriundo de San Vicente), la mona Mariela, y el “Capitán Parmenio”, quien perdió la vida cuando el Ejercito recuperaba el orden en este municipio de la provincia comunera. El 15 de febrero de 1966 en el sitio conocido como Patio Cemento, ubicado en El Carmen de Chucurí, tropas de la Quinta Brigada enfrentaron a una cuadrilla del ELN que intento emboscarlos, en el cruce de disparos perdió la vida el mítico sacerdote Camilo Torres.
La zona que hoy constituye el municipio de El Carmen de Chucurí comenzó a ser colonizada por campesinos que buscaban en medio de esa zona selvática y escabrosa un mejor futuro para sus familias. La tranquilidad de la región de Chucurí durante las últimas cuatro décadas ha sido alterada por grupos ilegales, inicialmente por el ELN y las FARC, y posteriormente por grupos paramilitares. En medio de ese espiral de violencia la comunidad de El Carmen entendió que la única forma de defender sus vidas y la de sus familias, honra y dignidad, así como sus propiedades y tierras, era acudiendo al derecho universal y constitucional que le asiste a todo ser humano de defenderse de la agresión sistemática por parte de grupos armados ilegales, lo que dio origen a la primera organización de autodefensa en Colombia.
Este contexto histórico es necesario recordarlo para entender lo que esta ocurriendo en El Carmen de Chucurí con ocasión de la aplicación de la ley 1448/2011 o ley de víctimas. Dentro de los mecanismos de reparación de víctimas la ley incorpora un capítulo denominado “restitución de tierras” como medio de reparación. La restitución de tierras tiene como fin la restitución jurídica y material de tierras a los despojados y desplazados, quienes como consecuencia de hechos violentos fueron obligados a abandonar sus predios.
Sobre la jurisdicción del municipio de El Carmen de Chucurí se han hecho 344 solicitudes de restitución de tierras, de las cuales, 52 hacen tránsito en El Tribunal Civil Especializado de Restitución de Tierras con sede en Cúcuta, se han fallado 27 procesos con sentencias que ordenan compensaciones, entrega material y jurídica, y tres negando la restitución. No niego que actores armados ilegales despojaron y desplazaron a propietarios y poseedores de buena fe de sus tierras para dar paso a actividades económicas ilegales en esos predios que fueron utilizados y se utilizan para lavado de activos o cultivos ilícitos. Tampoco me opongo a que se restituyan las tierras a sus verdaderos propietarios. Denunciamos que esta ley -condicionada por las FARC para iniciar la mesa de dialogo del acuerdo de impunidad de La Habana- es utilizada en El Carmen de Chucurí por organizaciones no gubernamentales, abogados, estafadores, vividores y avivatos, para quedarse con tierras que son propiedad o están en posesión de personas de buena fe exentas de culpa, honestas, trabajadoras, quienes en las últimas décadas compraron, en su mayoría, a propietarios o poseedores que vendían por voluntad propia y no como consecuencia de un hecho generado por la violencia o por el conflicto armado para referirnos a la narrativa que se impuso; y finalmente porque en esta zona de Santander no se presentaron desplazamientos ni despojos violentos porque la comunidad no se dejó imponer el imperio del miedo y del terror.
La ley de víctimas, y en especial el decreto 4829/11, que reglamenta la restitución de tierras, tiene contenido ideológico, sesgo probatorio, viola el principio de doble instancia, deja al opositor o demandado como responsable del despojo y lo obliga a probar lo que el solicitante o demandante debería probar más allá de su testimonio o la simple certificación emitida por parte de autoridad competente que le valida el inicio de la reclamación. Este decreto también dejo a la Unidad de Restitución de Tierras, como tramitadora de las solicitudes y no en la entidad que debe estudiar y garantizar la verdad a través del nexo causal, desde el estudio de los contextos locales y regionales, que permite identificar a las verdaderas victimas desde un proceso administrativo imparcial, y no desde la posición dominante, política, mediática, y jurídica, que tiene hoy la Unidad de Restitución de Tierras que ubica a los propietarios y poseedores actuales de la tierra como “segundos ocupantes” de acuerdo a lo incorporado en el ordenamiento jurídico.
A los habitantes de El Carmen de Chucurí le están cobrando su pasado lleno de valentía y honor con una ley impuesta por victimarios, aplicada por jueces y funcionarios de la unidad de restitución de tierras, que no conocen ni se esfuerzan por conocer la historia y realidad de los carmeleños. La gente está sentida, dolida, su incapacidad genera lagrimas entre hombres y mujeres, como ocurrió la semana pasada en la mesa institucional realizada en El Carmen.
A los habitantes de El Carmen de Chucurí se le revictimizas con la ley de víctimas.
