Por: Germán Rodriguez
Colombia va hacia el 2026 con un peligro mortal para la democracia: el voto libre está secuestrado. No lo digo yo, lo dicen la Defensoría, la Misión de Observación Electoral y el propio Ministerio de Defensa.
Hoy, más de la mitad del país obedece a los ilegales, no a las urnas.Siete de cada diez municipios están bajo amenaza de grupos armados. Millones de colombianos votarán a la sombra de un fusil, con sus familias en la mira. No es un riesgo futuro: ya ocurre.
En 2026 la elección estará vigilada y manipulada por quienes gobiernan a punta de miedo.Los grupos armados no son pequeños ni improvisados. A mediados de 2024 ya eran más de 22.000 hombres en armas; hoy se calcula que superan los 25.000.
Nunca, ni siquiera en los años más duros de la guerra en Colombia, habíamos visto tantos terroristas organizados. Y no hablamos de guerrilleros escondidos con fusiles viejos: hablamos de ejércitos modernos con drones industriales, equipos de visión nocturna, inteligencia artificial, satelitales y entrenamiento militar directo en Venezuela.
A esto hay que sumarle la frontera con Venezuela, más de 2.200 kilómetros convertidos en un corredor abierto de violencia. Allí los terroristas de las FARC y el ELN tienen escuelas de formación, campos de entrenamiento, fincas recreativas para sus jefes y hasta lugares de descanso.
Después de atacar en Colombia, cruzan la línea y se refugian con total tranquilidad, bajo la complicidad del régimen de Nicolás Maduro. No se ocultan: se muestran como ejércitos paralelos que operan con absoluta libertad.En Colombia, el Clan del Golfo es el ejemplo más claro.
Controla cerca de 300 municipios y se convirtió en un poder paralelo que gobierna a su manera. Deciden qué candidatos se lanzan, quiénes deben renunciar y quiénes son silenciados. En Cauca y Putumayo, lo que llaman “consenso ancestral” no es más que presión disfrazada: si usted vota distinto, lo castigan, lo aíslan o lo expulsan de su comunidad.
Así, en nombre de la tradición, se mata la democracia.Pero el secuestro del voto no depende solo de las balas. También lo sostiene la plata sucia que corre por debajo de la mesa. Narcotráfico, oro ilegal y contrabando financian campañas en todo el país.
Ese dinero compra conciencias y penetra todos los niveles: desde votantes hasta jurados y testigos. La “operatoria” es conocida: trasteo de cédulas para inflar resultados, constreñimiento con amenazas o mercados, y manipulación de actas el mismo día de la elección. Si la intimidación no alcanza, el billete hace el resto.
Mientras todo esto ocurre, la Fuerza Pública se desangra. Desde 2022, con la llegada de Gustavo Petro al poder, el Ejército ha perdido más de 30.000 hombres, como si el desmonte fuera un plan calculado.
La inteligencia militar quedó destruida y el poder aéreo reducido a su mínima expresión: apenas cuatro de cada diez helicópteros pueden volar y los pilotos casi no entrenan por falta de recursos. En esas condiciones, ¿cómo garantizar seguridad en los puestos de votación más lejanos, en la selva, en las montañas o en las riberas de los ríos?
La respuesta es clara: no se puede. Y donde el Estado no llega, manda el crimen.Lo más grave es que el Gobierno lo sabe todo. Los informes están escritos, las cifras sobre la mesa, los mapas de riesgo se actualizan cada mes. La MOE lo dice. La Defensoría lo advierte. Pero la respuesta es silencio. Algunos lo llaman incapacidad. Yo lo llamo complicidad.
Porque callar frente al secuestro del voto es participar en él.No estamos hablando de un proceso electoral difícil, sino de la amenaza más grave contra la democracia colombiana en décadas. Si nada cambia, las elecciones de 2026 no serán libres: estarán manchadas por las balas, el dinero ilegal y la presión violenta. Y lo más indignante es que el poder central, los grandes medios y muchos analistas prefieren mirar hacia otro lado, como si esto fuera un problema menor o lejano.
La verdad es que el futuro del país se está decidiendo desde ya en las montañas, en las fronteras y en los cascos urbanos abandonados por el Estado. Ahí es donde el voto dejó de ser libre. Y si no reaccionamos hoy, cuando llegue el 2026 ya será demasiado tarde.Por eso escribo esta columna: para que nadie se excuse después diciendo “no lo sabíamos”. Cada voto comprado, cada jurado intimidado, cada candidato asesinado será responsabilidad directa de quienes hoy callan y permiten que este secuestro continúe.
Colombia tiene que despertar. O defendemos el voto ahora —con vigilancia ciudadana, con testigos en cada mesa, con control del dinero sucio y con seguridad real en los municipios bajo amenaza— o nos gobernarán las balas después.
Esa es la elección verdadera.La democracia no se defiende con discursos tibios ni con editoriales cómodos. Se defiende con verdad, con acción y con coraje. Y si no lo hacemos ahora, en 2026 ya no habrá democracia que defender.
