Por: Paola Holguín
En 2021, los colombianos experimentamos una situación de desorden público y de violencia de tal dimensión, que puso en grave riesgo la seguridad alimentaria y cadena de suministros en toda la geografía nacional, provocando, entre muchos otros males, un encarecimiento exponencial y súbito del costo de la vida que aún debemos soportar.
Como era previsible, el segmento de la población más golpeado fueron las familias de bajos recursos y la clase media, a quienes se les ha convertido en un atípico lujo el consumo de huevo, carne y leche.
Los promotores y financiadores de esa violencia, propia del terrorismo urbano de baja y media intensidad, que desde abril de 2021 incendió al país, la justificaron bajo el eufemismo de un “estallido social” provocado por la reforma tributaria presentada por el Gobierno, recordada como la “Reforma Carrasquilla” (Ley de Solidaridad Sostenible).
Dicha reforma, que finalmente fue retirada el 2 de mayo de ese mismo año, seguida de la renuncia del Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, contemplaba un amplio paquete de disposiciones con las que se pretendía un recaudo de un poco más de $25 billones, con los que se pretendía un mejoramiento sustancial de las finanzas públicas, así como la sostenibilidad y la extensión de programas sociales implementados para contrarrestar los efectos de la pandemia del COVID-19, como subsidios de energía y gas, Programa Generación E, promoción de acceso a la educación superior, apoyo a la cultura, días sin IVA o Ingreso Solidario, entre otros.
Ante la creciente violencia en las calles, fue rediseñada la reforma, que finalmente fue aprobada como la Ley de Inversión Social, con la que se proyectó un recaudo de $15,2 billones.
Ahora, Gustavo Petro ha presentado al Congreso de la República una nueva reforma tributaria, paradójicamente más agresiva que las promovidas por cualquiera de sus antecesores, empezaron hablando de 70 billones de pesos de recaudo, luego 50 billones y terminó en 25 billones, cifra que según el actual Ministro de Hacienda, es inamovible.
La reforma, calificada por muchos como confiscatoria, va desde establecer un desproporcionado impuesto a los dividendos que, en consideración del ex Ministro de Hacienda Rodolf Hommes, impone a las empresas que los pagan “una carga tributaria desproporcionada que va a reducir su capacidad de operar productivamente, de competir y de invertir. Va en contra de promover la producción.”, hasta gravar duramente productos como el salchichón y las gaseosas, bajo el supuesto propósito de contribuir al mejoramiento de los hábitos alimenticios de los colombianos.
Entre lo propuesto por Petro y Ocampo, se destacan: la ampliación del número de pensionados y trabajadores obligados a pagar impuesto sobre la renta; la eliminación de las rentas especiales para servicios hoteleros y similares; se eliminan exenciones como el descuento del ICA del 50%; se crea un impuesto a plataformas digitales como Amazon, Spotify o Netflix; se incrementa el porcentaje de la tarifa de ganancia ocasional; el impuesto al patrimonio será permanente; se imponen impuestos a las exportaciones de petróleo, carbón y oro; se crea el impuesto hasta del 10% para bebidas azucaradas y comestibles ultra procesados; doble tributación en dividendos que puede llegar al 50%.
Lo que se ve en el horizonte con esta reforma, es una reducción de la inversión, más inflación y empobrecimiento de los colombianos. En democracia, con argumentos y sin violencia, daremos la pelea contra la reforma en el Congreso; esperemos que los diferentes sectores sociales, productivos y académicos, nos acompañen en esta lucha, frente a quienes incendiaron el país por menos.
