Por: El Expediente
Detrás de cada trámite de empleo público en Colombia —una postulación, un reporte de gestión, una inscripción a un proceso de selección— hay tres plataformas tecnológicas que el ciudadano promedio nunca ve, pero de las que depende buena parte del funcionamiento cotidiano del Estado: el SIGEP II, que administra las hojas de vida de todos los servidores públicos del país; el FURAG, que consolida el reporte de gestión de las entidades; y el SUIT, el sistema unificado de trámites. El Departamento Administrativo de la Función Pública es la entidad responsable de que esas tres plataformas funcionen sin fallas, precisamente porque de ellas depende, en la práctica, la operación administrativa de todo el aparato estatal colombiano.
El Equipo Élite Anticorrupción, al revisar el estado de estas plataformas durante el proceso de empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella, encontró que las tres se encuentran al borde del colapso, con fallas estructurales que comprometen su capacidad de operar de manera confiable. No se trata de fallas menores o de interrupciones ocasionales del tipo que cualquier sistema informático puede experimentar: el Libro de la Verdad describe un deterioro acumulado que pone en riesgo la continuidad misma de servicios que el Estado colombiano no puede permitirse perder.
La magnitud del problema se entiende mejor con una sola cifra: 1,3 millones de servidores públicos colombianos dependen, directa o indirectamente, de que estas plataformas funcionen correctamente para gestionar su vida laboral dentro del Estado. Cada vez que uno de estos sistemas falla o se cae —algo que, según documenta el informe, ocurre de manera recurrente—, no es solamente una entidad la que sufre las consecuencias: es potencialmente el funcionamiento administrativo de todo el sector público colombiano el que queda comprometido, aunque sea de forma temporal.
Lo que hace este hallazgo particularmente preocupante es su carácter transversal: a diferencia de un contrato irregular en una sola entidad, cuyo impacto puede acotarse y corregirse de forma relativamente contenida, una falla estructural en plataformas que sirven a todo el aparato estatal tiene el potencial de paralizar, aunque sea parcialmente, procesos administrativos en decenas de entidades simultáneamente. Es el tipo de riesgo sistémico que rara vez genera titulares tan llamativos como un contrato sobrefacturado, pero cuyo costo acumulado, en términos de eficiencia perdida para el Estado colombiano en su conjunto, puede ser considerablemente mayor.
El nuevo gobierno hereda, entonces, no solo la responsabilidad de corregir fallas técnicas puntuales, sino la de reconstruir la confiabilidad de la infraestructura digital básica sobre la que opera la totalidad del empleo público colombiano, en un momento en que la modernización tecnológica del Estado —como demuestra también el caso paralelo de la DIAN— parece haber quedado, en múltiples frentes, a medio camino entre la promesa y la realidad.
