La designación de Didier Blanco al frente de la Unidad Nacional de Protección ha desatado, en menos de 48 horas, la reacción más ruidosa que ha generado un nombramiento del gobierno de Abelardo De La Espriella. La razón oficial de la indignación son unos trinos en los que Blanco, años atrás, calificó a Gustavo Petro de «mentiroso y cocainómano» y usó términos duros «guerrilleros», «bandidos», «narcos», para referirse a dirigentes de izquierda como Iván Cepeda y Aida Quilcué. Las afirmaciones no se distancian de la realidad. Vale la pena preguntarse si la indignación resiste el examen de los hechos antes que el de la conveniencia política.
El calificativo de «narco» dirigido a Petro no es una ocurrencia sin sustento: el presidente colombiano figura, desde el 24 de octubre de 2025, en la Lista Clinton del Tesoro estadounidense, la designación oficial (SDN) que sanciona a personas vinculadas, según Washington, con el narcotráfico, junto con su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro Armando Benedetti. La Casa Blanca ha mantenido esa sanción incluso después de que el propio Petro gestionara personalmente su levantamiento con Donald Trump. Es un hecho verificable, no una opinión de Blanco ni una insinuación de sus críticos.
Colombia lleva cuatro años viendo a funcionarios del gobierno saliente, incluido el propio presidente Petro, calificar a la oposición de «fascista», «genocida» o «cómplice de paramilitares» desde cuentas oficiales y tarimas públicas, sin que eso haya sido, para los mismos sectores que hoy se rasgan las vestiduras, motivo de inhabilidad moral para gobernar.
Si el estándar es que ningún funcionario con opiniones políticas puede dirigir una entidad de seguridad del Estado, ese estándar debería haberse aplicado también puertas adentro del gobierno que se despide. No se aplicó. Exigirlo ahora, de manera selectiva, dice más sobre el cálculo político del reclamo que sobre la idoneidad real de Blanco.
Sobre el argumento de que carece de experiencia operativa en seguridad, es cierto que su carrera se ha construido en la psicología, la poligrafía y la investigación, no en el mando directo de escoltas. Pero conviene preguntarse qué es exactamente lo que ha fallado en la UNP durante los últimos años. No ha sido, en lo esencial, un problema de tácticas de escolta, sino de integridad institucional. Contratación cuestionada, clientelismo, asignación desigual de esquemas de protección.
Para ese diagnóstico, un perfil formado en evaluación de riesgo, verificación de la verdad y análisis de conducta no es una debilidad, es, potencialmente, la herramienta más directa para intervenir el problema real.
La experiencia castrense o policial tampoco ha sido garantía de nada en el pasado reciente de la entidad: el propio Augusto Rodríguez, director saliente, llegó al cargo por su cercanía histórica y su militancia compartida con Petro en la guerrilla del M-19.
El otro señalamiento que ha circulado esta semana es la cercanía de Blanco con el senador tolimense Alejandro Bermeo, hoy bajo investigación de la Fiscalía por una denuncia de supuesta violencia sexual presentada por una supuesta expareja, un caso que, además, estuvo precedido por un intento de extorsión contra el propio Bermeo: un abogado fue capturado exigiéndole 100 millones de pesos a cambio de no divulgar la denuncia.
El papel de Blanco en ese episodio fue coordinar junto al Gaula de la Policía la captura en flagrancia de ese abogado extorsionista. Eso es, en términos llanos, colaborar con las autoridades para detener un delito.
Que Blanco y Bermeo compartieran fórmula electoral en Tolima explica su cercanía política; no explica, ni prueba, ninguna conducta indebida de Blanco frente al caso de fondo, que sigue su curso ante la Fiscalía y frente al cual es senador Bermeo goza de total presunción de inocencia.
Queda, finalmente, el dato de los 4.651 votos que Blanco obtuvo en su intento fallido al Congreso, presentado por algunos como prueba de que su nombramiento es apenas un premio de consolación. El argumento es débil: ni la falta de una curul invalida una hoja de vida profesional construida durante más de una década, ni el Congreso es el único camino legítimo hacia el servicio público.
Lo que sí tiene que demostrar Blanco, desde el primer día, no es que sabe ganar una elección, sino que puede devolverle a la UNP lo que la propia campaña de De la Espriella prometió recuperar: una entidad que proteja por igual al líder social y al político, sin filtro ideológico y sin las sombras de corrupción que la acompañaron en el gobierno saliente.
Esa es la vara con la que debería medirse su gestión, no la de unos trinos de hace años, ni la de una elección que perdió, ni la de una cercanía política con una persona como Alejandro Bermeo que goza de presunción de inocencia y que fue víctima de una extorsión por parte de una mujer que dice ser su pareja que pedía dinero a cambio de no presentar una denuncia en su contra.
