Por: Mauricio Jaramillo Quijano – Especial para El Expediente
La invasión rusa a Ucrania evidenció el problema de permitir que las dictaduras sean las proveedoras de combustibles fósiles del mundo. Los gobiernos de la Unión Europea que prohibieron el fracking para extraer gas intentan ahora reducir la dependencia del combustible ruso, pero aún pagan una fortuna al dictador Vladimir Putin, quien necesita ingentes recursos para financiar su campaña militar.
La dictadura de Venezuela también parece querer aprovechar la transición a energías limpias de sus vecinos. Lo que parece es que este régimen intenta recuperar su papel como el proveedor de energías fósiles más importante de América Latina sin seguir las normas del acuerdo de Escazú al que la mayoría de países de esta región están empezando a seguir juiciosamente.
Algunos dicen que este acuerdo pretende cuidar la vida de los líderes ambientales, pero otros lo señalan de ser un gran obstáculo al desarrollo económico toda vez que puede frenar proyectos energéticos y de infraestructura bajo un criterio de una corte supranacional que nadie puede asegurar si va a ser justa o no. Lo más probable ante la nueva situación política en Colombia es que Escazú sea finalmente ratificado por el Congreso y firmado por el presidente de la República.
La nueva relación entre Venezuela y Estados Unidos es perfecta para los intereses del régimen venezolano. La administración del presidente Joe Biden redujo la presión ejercida sobre esta dictadura por parte de la administración de Donald Trump. El gobierno de Biden le pidió al déspota Nicolás Maduro dialogar con la oposición en Venezuela a cambio de la reducción de las sanciones.
Ésta mejor manera de tratar al tirano de Venezuela no es solo un gesto altruista de Biden o un intento por contener los precios de la gasolina en Estados Unidos. Lo que más habría pesado en la decisión de la administración Biden de acercarse al tirano Maduro sería el lobby hecho por algunas empresas estadounidenses para recuperar sus inversiones en PDVSA.
Este proceso avanza al tiempo que Maduro firma acuerdos militares y económicos que parecen anti estadounidenses con Rusia, China e Irán, e incluso se ha anunciado que este mes de agosto Venezuela será el anfitrión de una demostración militar llamada “juegos de guerra” que pretende enseñar cuán cerca de Estados Unidos puede estar la capacidad de guerra de los regímenes mencionados antes, así como pretende “legitimar estados autoritarios en el mundo», según Joseph Humire, director ejecutivo de Washington Free Beacon.
Estados Unidos era socio comercial de Venezuela hasta que se descubrió la corrupción en PDVSA. en 2019. El Departamento del Tesoro estadounidense estableció sanciones contra esta empresa debido a que malversó y lavó dinero por $1,2 billones de dólares durante 2014 y 2015, dinero obtenido a través de sobornos y fraudes.
La reducción de las sanciones contra PDVSA por parte de Biden son bien recibidas por el déspota Maduro quien presionado por el terrible efecto de 23 años de dictadura socialista en la economía de Venezuela que ahuyentó a los negocios privados y obligó a 6 millones de personas a huir de este país, busca ahora recuperar la inversión extranjera y recuperar el papel de Venezuela como proveedor de petróleo que se perdió por la falta de mantenimiento de la infraestructura de PDVSA y la corrupción del régimen.
Maduro parece querer seguir los pasos de la economía china, que es una mezcla de comunismo y capitalismo, pero está muy lejos de eso, especialmente, mientras se mantenga la ineficiencia en el manejo de la economía y el robo de los recursos públicos.
Además, el tiempo que tome el proceso de recuperación de la producción petrolera del régimen venezolano dependerá de cuánto dure la recesión económica mundial y de cuánto tiempo Maduro evite ir a la cárcel pues está acusado de varios delitos por la DEA, e incluso hay una recompensa de $15 millones de dólares por él.
Escazú y Petro son fichas claves
Por ahora, para avanzar en el proceso de recuperar la capacidad de producir petróleo, el tirano de Venezuela no ha firmado el acuerdo de Escazú, que ya han acogido 13 países de América Latina. En Colombia, algunos señalan que este acuerdo va a salvar las vidas de los líderes ambientales, personas que en la mayor parte de los casos son asesinados por grupos narcotraficantes. Incluso, algunos homicidios corresponden a líderes que participaban justo en el programa de sustitución de cultivos de coca.
En este orden de ideas, Escazú resultaría innecesario si los anuncios de un cambio en el enfoque con el negocio de la cocaína propuestos por el nuevo gobierno de Petro fuera un camino seguro hacia la paz total, o si el perdón social fuera a desarmar a estos criminales como algunos dicen.
No hay duda de que se necesita dar una solución al narcotráfico para reducir los homicidios de líderes ambientales pero una legalización efectiva de la cocaína tendría que ser hecha junto a los países que más demandan esta droga y no solo hecha por el vendedor. En mi opinión, solo si empresarios o gobiernos externos a Colombia le arrebatan el negocio de la cocaína a las mafias que funcionan en nuestro país este tipo de violencia podría reducirse.
Tampoco parece que un acuerdo como Escazú aporte más que el deber constitucional que tienen nuestras instituciones de hacer respetar los derechos fundamentales de los colombianos, y que resulta imposible de aplicar en un país dominado por los grupos narcotraficantes.
En la parte ambiental que es la que más compete a este texto algunas personas han dicho que Escazú es un beneficio al medio ambiente pues requiere que los países de la región consulten sus proyectos de energía e infraestructura con la comunidad antes de que se lleven a cabo.
En este punto me pregunto si no son suficientes las consultas que desde hace muchos años se realizan en este sentido. El artículo 3 de la ley 99 de 1993 postula la necesidad de un desarrollo sostenible en Colombia que no es otra cosa que la necesidad de que el crecimiento económico respete los recursos naturales y el medio ambiente.
Si se siguen las normas correctamente, antes de realizar proyectos mineros o de infraestructura debe hacerse una evaluación de impacto ambiental para el otorgamiento de licencias de explotación o construcción, y este proceso ya incluye la participación de la comunidad.
La sociedad colombiana ha podido participar en este tipo de decisiones con el actual marco legal lo cual no quiere decir que haya participado en todos los procesos pues muchas veces son realizados por gente corrupta o por organizaciones criminales.
Lo que más asusta a los expertos sobre el tratado de Escazú es que un sistema de justicia supranacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que muchos consideran tiene un sesgo demasiado pro ambientalista podría paralizar cualquier proyecto. Por ahora existe mucha presión de grupos ambientalistas y líderes de izquierda para que toda Latinoamérica ratifique este acuerdo.
Una vez entre en efecto provocará que las empresas de producción energética que trabajan en la región encuentren una mayor oposición a invertir y desarrollar proyectos de la que hoy existe. Eso claro no pasará en Venezuela, allí mientras el régimen esté en el poder se transgredirán todas las normas ambientales.
Gustavo Petro llega al poder montado en el discurso ambientalista. Su más polémica propuesta encaja perfecto con los intereses del tirano Maduro pues como se sabe prometió no aprobar nuevos contratos petroleros y entre sus planes está el de hacer de Venezuela el proveedor de Colombia.
Un contexto similar existía en Europa donde Putin aprovechó la transición a energía limpia de sus vecinos. Según Anders Rasmussen, ex secretario general de la OTAN, el dictador ruso se involucró con organizaciones ambientalistas para que se exigiera con vehemencia la prohibición del fracking en la Unión Europea lo que le permitió al final a Rusia ser el proveedor de gas de esta región. En el caso de Latinoamérica, esos sectores ecologistas que promueven Escazú le darían el liderazgo a Venezuela como productor de energía fósil en la región.
Cada país debe asumir su transición energética
Antes de firmar el acuerdo de Escazú, Colombia y todos los países latinoamericanos deberían tener en cuenta que aún no han hecho la transición a las energías renovables ni han conseguido productos distintos a los combustibles fósiles para sustituir esos ingresos tan vitales para sus endebles economías.
Ante ese panorama si la región detiene la producción de combustibles fósiles podría sufrir por escasez de energía, o por falta de ingresos para pagar programas sociales, o para pagar la propia transición a energías limpias.
Es importante que todo el planeta reduzca la emisión de gases de efecto invernadero, pero los gobiernos que siguen este proceso ambiental deberían tratar de no favorecer a las dictaduras que no se detienen en la producción de estos gases ni en la producción de energía fósil, se convierten en los principales proveedores del mundo, y utilizan su poder para invadir otros países como lo hizo Rusia o como parece lo hará China con Taiwán.
En el futuro, con la ayuda militar de sus aliados, Venezuela podría seguir los pasos de Rusia y decidir avanzar sobre los territorios vecinos. Aunque de inmediato se piensa en Colombia, la verdad es que Petro parece muy cercano a Maduro como para que esto suceda. Al parecer, hay víctimas menos complicadas de invadir como la Guyana, un país pobre con quien Venezuela mantiene una disputa territorial de un siglo que se ha incrementado en los últimos años luego de que Exxon descubriera en Guyana reservas por más de 11 mil millones de barriles de crudo.
El negocio petrolero no encontrará obstáculos en Venezuela, una nación que no sigue los acuerdos ambientales y que rápidamente reprime a las personas que “osan” protestar en las calles. En lo que no hay tanta certeza es en decir que el calentamiento global se reduce si se deja a las dictaduras la producción de combustibles fósiles en vez de que cada país asuma su proceso hasta que se complete su respectiva transición energética.
