Por: Álvaro Uribe
Hay tres imperativos democráticos, inaplazables: superar la pobreza extrema, acelerar la eliminación de la pobreza y mejorar la distribución del ingreso.
La pandemia ha hecho perder 10 años de reducción de la pobreza en América Latina. En Colombia dejó de bajar a partir de 2013 y la pandemia la ha elevado.
El Gobierno Duque ha realizado grandes esfuerzos pese a que encontró la economía paralizada, el endeudamiento altísimo y el narcotráfico por las nubes.
Destacamos, solo para mencionar algunos, la creación de Ingreso Solidario para más de 3 millones de hogares y del PAEF para reactivar el empleo, además el fortalecimiento de instrumentos sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y el Subsidio a los viejos.
El agravamiento de la pobreza por la pandemia exige pensar en 5 millones de hogares con Ingreso Solidario; llegar con subsidio a 3 millones de adultos pobres; pasar de las becas de Generación E a la universidad pública gratuita, que disminuye costos y se facilita si se masifica la enseñanza virtual; expandir los programas de vivienda, crédito del agro, vías rurales, en todo lo cual el Gobierno hace grandes esfuerzos.
Y hay que actuar con prisa para enfrentar la amenaza democrática de la pobreza.
Pero se necesitan recursos, también con urgencia.
De no ser por la pandemia el país no necesitaría Reforma Tributaria, la aprobada al principio del Gobierno es muy buena y dio resultados excelentes, basta recordar el crecimiento en 2019, en enero y febrero de 2020 el promedio fue de 4,2% del PIB. En 2019 ingresaron para normalizarse 17 billones. Hay avances en el Régimen Simple para apoyar a la pequeña empresa. Recordemos el aumento del pago a los ancianos y la disminución de la cotización de salud para los pensionados de bajos ingresos.
Capítulo aparte merece la devolución del IVA a más de 1 millón de hogares. Lo deseable sería la devolución a 5 millones.
El control de la evasión ha sido muy importante, la factura electrónica, basta citar que ya no es posible realizar escrituras por debajo del valor real, lo cual se constituye en una efectiva reforma agraria.
Bueno y ¿dónde están los recursos para ampliar vigorosamente las políticas sociales? Eh aquí la dificultad. Se requiere más recursos de crédito y una REFORMA SOCIAL, FISCAL, TRIBUTARIA Y DE AHORRO.
El Gobierno tiene el mérito de haber acabado con la corrupción de la mermelada. Sus funcionarios están estudiando unas normas de ahorro en gastos burocráticos, de funcionamiento y en entidades, que podrían, en 8 años, consolidar 10 billones de ahorro que facilitan desde ahora aumentar el Estado Social. Insistiremos en el ejemplo de reducir el número de congresistas.
La acertada decisión de que Ecopetrol compre a ISA para mantenerla en el Estado, generaría ingresos aproximados a 12 billones. Ecopetrol podría capitalizar el 8% de su valor, a través de un proceso de colocación democrática de acciones y esos recursos dedicarlos a instalar energía renovable y a apoyar el Fondo de Infraestructura del Gobierno.
El rebote positivo de la economía debería recuperar en dos años los 22 billones que se perdieron en el recaudo por culpa de la pandemia.
El Ministro de Hacienda afirma que necesita resolver este año un problema de 94 billones y que la gran ampliación de la política social costaría 37 billones.
La Reforma, que debe incluir el ahorro y la definición del gasto social, también necesita una garantía de ingresos, con la dificultad que la cantidad no es poca y el límite obvio es no espantar la inversión.
Creo que no debería haber mayores dificultades en ajustes en renta, patrimonio, impuestos verdes, congelar o aplazar estímulos como reducciones de tarifas o el 50% del descuento que todavía falta sobre el pago del ICA. También hay espacios en dividendos y participaciones de personas naturales y en otros aspectos.
La dificultad es el IVA. Se necesita el consenso para que lo paguen los sectores más pudientes, lo que al no afectar a los grupos medios y vulnerables, mejoraría la distribución del ingreso.
El Gobierno ha anunciado que las normas tributarias no se aplicarían de inmediato para permitir la recuperación de la economía. Los recursos de crédito se exigen sin demora para los programas sociales.
Se necesita un CONSENSO DEL GOBIERNO Y LOS CONGRESISTAS QUE LO APOYAN PARA DEFINIR LAS FUENTES DE INGRESOS QUE SOPORTEN LA ELIMINACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y ACELEREN LA SUPERACIÓN TOTAL DE LA POBREZA Y MEJOREN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE MANERA NOTABLE.
Este es un tema fundamental en la defensa de la democracia que debe reposar en el fortalecimiento del tejido social de la Nación.
