Por: Guillermo Rodriguez
En una extensa publicación en su cuenta de X este lunes, el presidente Gustavo Petro volvió a arremeter contra la que ha denominado la ‘junta del narcotráfico’ o ‘cartel de Bogotá’.
En su relato, la describió como una omnipotente red de ex capos que, según él, ya no se movilizan en lanchas sino que viven en los barrios más ricos de Dubái y la Florida; una cúpula con intereses en las esmeraldas y con un plan persistente para asesinarlo a él desde hace más de dos décadas.
Esta nueva andanada pública deja, una vez más, perplejos a muchos de quienes en el pasado cometieron errores y ya purgaron sus penas, pues el señalamiento es dirigido en contra de ellos.Esta grave acusación, lanzada sin más pruebas que su propio relato, parece más una cortina de humo que una amenaza real.
Al señalar a personas que ya pagaron su deuda con la sociedad, el mandatario crea una narrativa villana y conveniente, fácilmente estigmatizable, desviando la atención de los problemas urgentes del país mientras se posiciona como la víctima de una conspiración de alto nivel, la cual, para mayor suspicacia, parece estar respaldada por las «exhaustivas» investigaciones de un señor llamado Petrit Baquero.
En un claro intento por exculpar responsabilidades propias, desvía así toda la atención hacia esa junta inexistente. Esta maniobra pone en serias dificultades a ex operadores del narcotráfico que ya saldaron sus deudas bajo diferentes regímenes punitivos internacionales y quienes, en su mayoría, se dedican a actividades que nada tienen que ver con su pasado.
Resulta apenas obvio que, tras las invenciones sobre la tal junta, muchos de ellos enfrenten hoy graves problemas de seguridad, todo por culpa de una irresponsabilidad y temeridad que, bajo un manto de supuesta suficiencia intelectual, no es más que simple verborrea.
Quienes se inventan y replican el cuento de la tal junta desconocen por completo la realidad de un ex capo que ha recompuesto su vida, ignorando los enormes riesgos que estas acusaciones les acarrean. Particularmente, parecen ignorar las estrictas condiciones que rigen la vida de aquellos que saldaron sus culpas en el sistema de justicia federal de Estados Unidos.
Muchos de ellos deben su libertad a la Regla 35(b) de las Normas Federales de Procedimiento Penal, un mecanismo que permite la reducción de sentencias a cambio de «ayuda sustancial» a la administración de justicia, incluso después de haber sido condenados.Lo que el gobierno y sus cronistas omiten es que la aplicación de esta regla no es un borrón y cuenta nueva. Para acceder a estos beneficios por infracciones federales graves, los ex capos deben suscribir actas de libertad vigilada o supervisada de por vida.
Esto significa que, aunque estén en libertad, permanecen bajo la lupa constante de las autoridades estadounidenses, con monitoreos y condiciones estrictas que hacen virtualmente imposible que puedan participar en las conspiraciones que el presidente les endilga sin ser detectados de inmediato.
La reinserción a una vida normal para quienes han pasado por estas situaciones es sumamente compleja, más aún en nuestras latitudes. Tanto quienes obtienen beneficios bajo reglas federales como quienes en Colombia acceden a la justicia premial —a través de preacuerdos o principios de oportunidad— cargan con un estigma y un riesgo permanente.
Pensar que personas bajo estricta vigilancia internacional o en colaboración con la justicia local volverían a las mismas andanzas es anacrónico y puramente especulativo.Los hechos muestran una clara estrategia: enredar a terceros cuyo pasado genera suspicacia inmediata. Afirmar la existencia de un «gobierno corporativo delictivo», capitaneado por ex capos, no es solo irrisorio y absurdo; es un profundo desconocimiento de la realidad judicial. Ignora los esfuerzos de la justicia federal de EEUU, de nuestro propio sistema y, sobre todo, el desgaste personal y familiar de quienes ya pagaron por sus errores y buscan una segunda oportunidad.
Desconocer todo esto no es solo ignorar la Regla 35, es despreciar los fines mismos de la justicia.Corolario: Más allá de la verborrea y los señalamientos, parece que el presidente convoca a un “estado permanente constituyente”, un llamado al que se le ha restado importancia.
No hay que subestimarlo: entre sus expresiones ya está la recolección de firmas para esa Asamblea Nacional Constituyente. En medio del caos que estas crisis generan, no sorprendería la suspensión de elecciones y la nacionalización del subsuelo, tal como lo ha manifestado abiertamente.
