Por: Mayor General (RP) William René Salamanca Ramírez
Hablar de esclavitud parecería un tema propio de tiempos remotos, anteriores al siglo XIX, de épocas en que señores feudales e inescrupulosos mercaderes negociaban con seres humanos como si fueran mercancía. Pero, hoy, en pleno siglo XXI, más de 40 millones de personas son víctimas de la llamada esclavitud moderna, según estimativos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
De esta alarmante cifra, casi 25 millones de seres humanos son forzados a trabajar en condiciones de miseria, en especial en arduas tareas domésticas, construcción, agricultura, prostitución y hasta de mendigos. Pero más increíble resulta saber que cuatro millones de estas personas son explotadas por Estados que no tienen respeto alguno por la dignidad humana. Además, otros 15 millones son rehenes de matrimonios arreglados. Y, lo peor, el 25 por ciento del total de las víctimas de este flagelo son niños.
En África Occidental, por citar tan solo un ejemplo, miles de niños y adolescentes son explotados inmisericordemente en plantaciones de cacao, mientras algunas multinacionales del chocolate se llenan los bolsillos a costa de su sufrimiento. Allí, los esclavos modernos pierden hasta sus vidas a temprana edad por estar expuestos cotidianamente a pesticidas y aguas contaminadas.
Para la misión de la OIM en Colombia es claro que este fenómeno afecta a todos los países del mundo, incluido naturalmente el nuestro, clasificado como un país de origen de víctimas de la trata de personas, tanto internamente como hacia el exterior, principalmente en modalidades como la explotación sexual, los trabajos forzados y el matrimonio servil.
El solo Ministerio del Interior, que desde 2016 cuenta con el Observatorio del Delito de Trata de Personas, logró documentar, entre 2013 y 2020, 686 casos, entre los que se destacan 408 de explotación sexual, 134 de trabajos forzados y 48 de matrimonio servil.
Para enfrentar este creciente flagelo y concientizar a la humanidad sobre la necesidad de tomar urgentes medidas correctivas, la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó en 2013 el Día Mundial contra la Trata de Personas, el cual se conmemora todos los 30 de julio. Pero, la verdad, poco o nada se hizo el pasado viernes para contribuir a liberar a estas personas de las ominosas cadenas invisibles que les arrebatan sus sueños y su futuro.
El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas define este delito como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzosos, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
En Colombia, estas conductas delictivas cada vez son más frecuentes. Recuerdo que en mi condición de Director de Protección y Servicios Especiales de nuestra Policía Nacional nos enfrentábamos a diario a organizaciones que contrataban niños para explotarlos como mendigos y que reclutaban a mujeres en todo el territorio nacional, especialmente en Antioquia, Eje Cafetero, Bogotá y Valle del Cauca, con falsas promesas laborales para luego esclavizarlas en Europa y Asia, donde las someten a todo tipo de vejámenes.
Con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y la Comunidad de Policías de América (Ameripol) logramos desmantelar una organización criminal que, bajo la fachada de empresa de modelaje, atraía a jóvenes colombianas para supuestamente ir a trabajar a varias capitales suramericanas, pero que en realidad se trataba de una banda de proxenetas.
También comprobamos sobre terreno como en las selvas de nuestro país, más de 35 mil niños eran instrumentalizados como raspachines, práctica que hoy se mantiene en las zonas cocaleras. En ese entonces además alertamos sobre la creciente utilización de internet y las redes sociales para reclutar potenciales víctimas, acción que, según la ONU, se disparó durante la pandemia del coronavirus.
Esta advertencia de las Naciones Unidas fue ratificada el pasado primero de julio por el Departamento de Estado de Estados Unidos. En su informe anual sobre el Tráfico Internacional de Personas, el propio Secretario de Estado, Antony Blinken, afirmó que “mientras el tráfico humano exista, la lucha debe ser un esfuerzo de mejora continua”. Por eso, no dudó en señalar que países, como Venezuela, Nicaragua y Cuba, no están realizando los esfuerzos necesarios para prevenir este delito.
Ya en su informe de 2020, el Departamento de Estado, al referirse al caso colombiano, había señalado que los grupos en alto riesgo de convertirse en víctimas de trata de personas incluyen a refugiados y migrantes venezolanos, personas desplazadas internamente, afrocolombianos, ciudadanos nacionales con discapacidad, poblaciones indígenas y compatriotas viviendo en áreas donde delinquen grupos armados ilegales y organizaciones criminales.
Por eso, es importante apropiarnos de las recomendaciones de la OIM para no caer en las redes de estas mafias: no permita que nadie le retenga sus documentos, siempre dude de las propuestas encaminadas a ganar dinero fácil, desconfíe de prestamistas anónimos y de propuestas de trabajo extrañas, comparta con sus seres queridos los datos básicos de cualquier empleador o viaje, no firme documentos sin antes leerlos o si están redactados en un idioma que no entiende, cuide las 24 horas de sus hijos y denuncie cualquier acto sospechoso.
Además, es indispensable reforzar estrategias tan importantes como la Campaña Corazón Azul, creada en 2008 por las Naciones Unidas, que tiene el noble propósito de sensibilizar y tomar conciencia en la población mundial acerca de la lucha contra la trata de personas y su impacto en la sociedad. En esa dirección también viene trabajando nuestra Policía Nacional, institución que en febrero pasado capacitó a 50 de sus investigadores en el manejo de herramientas y la aplicación de metodologías para fortalecer la lucha contra este delito.
Nuestro llamado a Migración Colombia, a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y demás autoridades es a redoblar esfuerzos, no solo para atender oportunamente las denuncias ciudadanas, sino también para arreciar la persecución de estas organizaciones delictivas dedicadas a este horrendo delito, a las cuales el papa Francisco no duda en calificar como “mercaderes de carne humana”.
