Por: El Expediente
Un reciente pronunciamiento de la Firma Momentto Legal ha desatado una controversia en torno al Acuerdo PCSJA25-12326 emitido por el Consejo Superior de la Judicatura (@judicaturacsj
), poniendo en tela de juicio no solo su legalidad, sino también el estado de la cultura jurídica en Colombia. Según el análisis, este acuerdo no solo viola principios fundamentales del derecho, sino que refleja una preocupante manipulación del sistema judicial para fines específicos, erosionando la confianza ciudadana en la justicia.
Ilegalidad y transgresión de principios constitucionales
El acuerdo, según Momentto Legal, es ilegal por varias razones. En primer lugar, transgrede la generalidad de la ley al modificar de manera ad-hoc normas de reparto y asignación de procesos judiciales, interviniendo en un caso concreto de forma arbitraria. Esta acción constituye una desviación de poder, al alterar las condiciones de tramitación de un expediente específico, violando el principio del juez natural y la igualdad procesal.Además, el acuerdo excede los límites de la facultad de descongestión judicial, que permite crear cargos transitorios para resolver procesos represados, pero no para apartar a jueces de sus funciones habituales y asignarlos exclusivamente a un caso particular.
Esta maniobra, según los expertos, compromete la imparcialidad y legitimidad del sistema judicial.Un reflejo de la crisis de la cultura legalMás allá de su ilegalidad, el acuerdo evidencia un deterioro profundo en la cultura jurídica del país. La creación de magistrados “adjuntos” para un procesado específico plantea serias dudas sobre la igualdad ante la ley.
¿Por qué el aparato judicial parece “despertar” solo para casos de alto perfil político?
Esta selectividad, advierte Momentto Legal, establece un precedente peligroso: una vez que se manipula la estructura de la Rama Judicial para un caso concreto, se abre la puerta para repetir esta práctica en cualquier expediente que convenga o incomode al poder.
El cambio de reglas procesales en plena tramitación de un caso no solo compromete la legitimidad de las decisiones judiciales, sino que alimenta la percepción de un fallo predeterminado. La independencia judicial, tanto frente a presiones externas como internas, queda en entredicho cuando la propia Rama Judicial altera sus equilibrios para condicionar resultados.Una coartada bajo el pretexto de la eficiencia.
El acuerdo invoca la “emergencia” de evitar el vencimiento de términos por prescripción, pero Momentto Legal señala que este plazo era conocido desde hace años. Usar esta justificación ahora es, según los expertos, una coartada para intervenir el caso bajo la apariencia de eficiencia. Lejos de resolver la congestión judicial, la creación de cargos “exprés” revela una incapacidad estructural para manejar procesos de alto impacto sin recurrir a maniobras administrativas.Impacto en la confianza ciudadanaLa percepción de que las reglas judiciales son maleables tiene un efecto corrosivo en la confianza de los ciudadanos hacia la justicia.
Cuando la estructura judicial se adapta a las urgencias de un caso particular, deja de ser un marco imparcial y se convierte en un instrumento político coyuntural. La falta de transparencia en el rol de los “adjuntos”, que operan en una zona gris de escrutinio público, agrava esta situación y dificulta el control ciudadano sobre su influencia real.Un precedente de alto riesgo.
La Firma Momentto Legal advierte que el uso “extraordinario” de magistrados adjuntos podría convertirse en una práctica habitual, desnaturalizando la función judicial y habilitando la manipulación en casos incómodos para el poder. Este precedente no solo afecta la independencia judicial, sino que envía un mensaje claro: las reglas del juego pueden cambiarse en cualquier momento, dependiendo de los intereses en juego.
Un sistema en entredicho
El Acuerdo PCSJA25-12326 no es solo un acto ilegal, sino un síntoma de una crisis más profunda en la justicia colombiana. La manipulación de la estructura judicial para casos específicos, la falta de transparencia y la erosión de principios como la igualdad y la imparcialidad amenazan con convertir la justicia en un instrumento al servicio de intereses políticos.
En un contexto donde la confianza en las instituciones ya es frágil, decisiones como esta agravan la percepción de que la justicia es maleable, comprometiendo su legitimidad y su rol como pilar de la democracia
