Por: Andrés Villota
En enero del 2021, Emma Reilly, abogada que trabaja en la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, denunció que miembros de la misma ONU habían entregado a la dictadura de la China Popular una lista con el nombre de todos los opositores que iban a viajar a Ginebra, Suiza a denunciar las graves violaciones a los derechos humanos en el Tíbet, Hong Kong y a la minoría islámica Uigur por parte de los esbirros del Partido Comunista Chino.
Aunque la ONU negó rotundamente la ocurrencia de semejante atrocidad, lo cierto es que la dictadura china no otorgó el permiso de salida de su país a los activistas que iban a viajar a Ginebra e incluso, detuvo a algunos como Cao Shunli que murió mientras estaba detenido. El largo brazo de la inteligencia China ubicó a los que estaban en el exterior, y amenazó o secuestró y torturó a la familia de los incluidos en la lista para presionarlos a no hablar, según la misma denuncia formulada por Reilly.
Poco tiempo después de conocerse esta denuncia, Michelle Bachelet, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, lejos de referirse al tema, se limitó a hablar de la incidencia del cambio climático en la pandemia, ¿o al revés?, no me acuerdo. En este punto, a quién le puede importar lo que diga un funcionario de las Naciones Unidas, después del papel desastroso que jugó el Sistema de las Naciones Unidas durante toda la pandemia. Casualmente, y siguiendo con la misma narrativa-cortina de humo, apareció un video de una Hillary Clinton rejuvenecida, muy cambiada, felicitando al gobierno colombiano por haber otorgado el estatus temporal de protección a los venezolanos que, según Clinton, huyen de Venezuela por culpa del cambio climático.
Según el último estudio hecho por Edelman (Trust Barometer) publicado en el mes de enero del 2021, las oenegés son las entidades que más perdieron la confianza de las personas a nivel global. Es la primera vez desde que se hace esta medición (2001) que las oenegés son consideradas como incompetentes y la percepción ética de sus actividades cayó de manera dramática, por el contrario, las empresas son las entidades en las que más confían las personas en el mundo y las consideran éticas y competentes en su actividad. Las empresas son los grandes contribuyentes que financian la actividad de la ONU porque los países deben pagar una cuota de mantenimiento para sostener la inmensa burocracia de su robusta estructura que incluye la nómina de Michelle Bachelet y de los que, supuestamente, le mandaron la lista a los del PCCh.
El gobierno de Juan Manuel Santos trató de darle legitimidad local y visibilidad internacional al Acuerdo de Paz con las FARC convirtiendo a Colombia en el “cliente vaca lechera” de la ONU, aprovechando la época de las vacas gordas del capital reputacional de las oenegés. Desafortunadamente esa estrategia ha obligado a destinar un porcentaje del erario publico colombiano para su mantenimiento anual (el de la ONU) y le abrió las puertas a la injerencia de los burócratas no gubernamentales en las decisiones soberanas del gobierno nacional para que actúen como un supra gobierno o un para Estado, en una abierta extralimitación de sus funciones que van en contravía de los objetivos fundacionales de la ONU.
Las entidades que conforman el Sistema de las Naciones Unidas opinan y hacen recomendaciones acorde al perfil institucional. Alguno recomienda no fumigar con glifosato los cultivos ilícitos porque le puede dar cáncer a los que los cuidan, otros opinan sobre las decisiones en el manejo de la pandemia, otros hablan sobre el manejo de la deuda externa, otros hablan de derechos humanos insinuando entre líneas que detrás de las vendettas entre los cárteles de las drogas está el Ejército colombiano, otros consideran que el Estado “incumple” lo pactado con las FARC, hasta una persona dijo en una audiencia de imputación de cargos que era inocente porque tenía un fallo de la ONU que lo exoneraba de cualquier responsabilidad por tratarse de una persecución política. Desde cuándo la ONU emite fallos? Desde cuándo pueden actuar por encima de los jueces de la República?
El “polisíndeton” institucional hace que se pierda la eficiencia de las políticas locales que deben pagar una abultada nómina antes que lleguen los recursos a los más necesitados, o antes que se pueda financiar la implementación de las políticas públicas. La omnipresencia de la ONU se convierte en un obstáculo para el manejo autónomo de nuestra política exterior. Un ejemplo de lo que digo es el comentario de un analista: “con la China Popular nos toca portarnos bien para evitar que le pongan problema a Colombia con lo de la paz en el Consejo de Seguridad”.
La situación económica de Colombia no es la mejor y las prioridades de los colombianos cambiaron por culpa de la pandemia. Un ejemplo de esta difícil situación es que el Banco de la República tuvo que vender el año pasado, el 61% de las reservas internacionales colombianas representadas en oro. En medio de esta tragedia todos los recursos se deben focalizar en la recuperación de la economía nacional dejando a un lado el pago de costosas e innecesarias membrecías. El cumplimiento de la agenda impuesta por la ONU que incluye, por supuesto, el cambio climático, puede y debe esperar.
