El 15 de mayo de 2014 Juan Manuel Santos tenía perdida la elección presidencial frente al candidato de Álvaro Uribe. La judialización de la campaña que facilitó la Fiscalía de Eduardo Montealegre salpicando a Óscar Iván Zuluaga no fue suficiente y el último escrutinio de la Registraduría le había dado 3.769.000 votos a Zuluaga y solo 3.310.000 a Santos. El presidente candidato estaba condenado a dejar el poder y el uribismo a un paso de retomarlo.
En ese momento se comenzaron a sentir los roces en la campaña santista y las criticas recayeron sobre el entonces gerente, Roberto Prieto. El expresidente César Gaviria tomó las riendas y asumió, ya no solo la jefatura política, sino el manejo de la operación electoral y estuvo vigilante de todos los aspectos, incluidas las cuentas de la campaña.
La estrategia se dirigió hacia la Costa Caribe. Además de la casa Char, la campaña Santos-Vargas Lleras tenía a dos barones electorales que no habían rendido en primera vuelta, exigiendo más recursos para mover a los electores: los senadores de La U, Musa Besaile y Bernardo Miguel Elias, el primero investigado y el segundo capturado hoy acusado de ser intermediario de los sobornos de Odebrecht.
La campaña, en efecto, tenía las cuentas en rojo y a través de los alfiles de Santos, Roberto Prieto y el consejero Juan Mesa, comenzaron a acelerar la recolección de aportes de empresarios de toda índole. Para muchos casos la Fundación Buen Gobierno, que dirige el hijo mayor del Presidente, Martín Santos, habría sido el canal de esas donaciones.
Entre esos empresarios que se metieron la mano al bolsillo para empujar la reelección, naturalmente a cambio de futuros favores, estaba la firma Odebrecht (la ley prohíbe a em,presas extranjeras intervenir en los comicios locales).
A través del concesionario Ruta del Sol II -integrado por Odebrecht, Episol del grupo Sarmiento y el Grupo Solarte-, Odebrecht ya venía buscando la adición sin licitación publica de un tramo de la Ruta del Sol para construir la vía Ocaña-Gamarra, que conduce al puerto de Andalucía en el que tienen intereses la familia de la exministra Gina Parody, que está siendo investigada, al igual que su compañera sentimental, la exministra de Transporte Cecilia Álvarez. Desde hace varios meses ambas están fuera del país.
Según las declaraciones del excongresista cordobés Otto Bula -el primer capturado por el escándalo en enero de este año-, Odebrecht habría destinado el 5% de los $900.000 millones presupuestados para la adición y así aceitar el proceso que les permitiera ganarse la obra evadiendo una licitación pública y logrando toda una suerte de beneficios contractuales.
El Ñoño Elías fue uno de los más beneficiados en el pasamanos. Gracias a su peso electoral y sus relaciones con el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, también investigado, le habría correspondido un 2% de esa suma, es decir, $18.000 millones para repartir entre electores y colegas de la Comisión Tercera con poder de decisión sobre la adición de la vía.
Ese 5% en sobornos también pasaron por las manos de Andrés Girado, emisario de Roberto Prieto, para el millón de dolares que Bula asegura haberle entregado del porcentaje que a él le correspondía. Santos miró hacía otra parte y dijo sentirse traicionado por Prieto. La otra porción se habría repartido así: 1% para Federico Gaviria, quien participó de forma muy activa en la elaboración de los pliegos que le pavimentaron el camino a Odebrecht. Y también un 1% adicional para otros políticos.
Mientras corría la campaña en segunda vuelta, en paralelo a las decisiones judiciales que golpearon la campaña uribista, comenzaron a sentirse los ríos de dinero en la Costa Caribe para darle la vuelta las elecciones. Buena parte de esa plata provenía de Odebrecht.
El candidato presidente logró repuntar. El engranaje en Córdoba funcionó a la perfección y Santos pasó de obtener 206 mil votos en primera a 376 mil en segunda, una diferencia de 170 mil votos nada fácil de conseguir en menos de un mes de campaña.
Bernardo el Ñoño Elías era considerado un buen tramitador de votos y para poner en marcha la estrategia tenía a una persona la confianza del presidente Santos.
Se trata de Margarita Andrade, directora de la campaña Santos-Presidente en Córdoba. El «notario» para que esos recursos que tramitaba el Ñoño Elías efectivamente se tradujeran en votos y llegaran a manos de los cuadros directivos de la campaña en la región fue Luis Miguel Pico, actual consejero político de Palacio -cercano a la ex congresista cordobesa Zulema Jattin, aliada e importante jugadora en la reelección de Santos.
Las fechas y momentos de la campaña y la reelección del 15 de junio de 2014 coinciden con las decisiones de entonces a favor de Odebhetch. Todo el proceso de adición de la vía Ocaña-Gamarra se efectuó entre marzo y octubre de 2013 al calor del arranque de la campaña electoral y noviembre de 2014 cuando se cerró el circulo: aporte, votos, reelección y entrega del contrato.
Fechas clave y la linea del tiempo
En octubre de 2013, cuando ya arrancaba la campaña, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI presenta el estudio de conveniencia y oportunidad del otrosí para los diseños del proyecto Ocaña-Gamarra.
El 14 de marzo de 2014, dos meses antes de la primera vuelta presidencial, la ANI emite la aprobación del Comité de Contratación y se aprueba el otrosí 6 para adición de obra, aun pendiente del visto bueno del Ministerio de Transporte, el Conpes y el Confis.
El compromiso estaba sellado con dos decisiones de calibre del gobierno frente al proyecto. Los aportes a congresistas como Bernardo Elías y su repercusión en las urnas mantuvieron a Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño.
Llegaba el momento de pagarle a Odebrecht. El ritmo de las decisiones muestra que el Ejecutivo se puso las pilas.
En julio de 2014 el Confis, en cabeza del Ministro Hacienda, Mauricio Cárdenas, otorga el aval fiscal. Sin haberse reestrenado la banda presidencial, el gobierno Santos ya les estaba aprobando los recursos.
El 7 de julio de 2014 el Ministerio de Transporte, a cargo de Cecilia Álvarez, emite concepto favorable para solicitud de Confis sobre la aprobación de plata de vigencias futuras que solicitaron los contratistas.
El 22 de julio, a pocos días de posesionarse el Presidente, el Ministerio de Transporte aprueba el incremento en 15% de los peajes existentes y la instalación de dos nuevos peajes que le multiplicarían los ingresos al concesionario Ruta del Sol II.
El 6 de agosto de 2014, a un día de la posesión de Santos, se aprueba el Plan Aporte a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El 7 de septiembre el Ministerio de Transporte emite concepto favorable a la solicitud para aprobar el uso de presupuesto de vigencias futuras.
El 2 de Octubre de 2014 el Departamento Nacional de Planeación aprueba el Conpes 3817 que le da vía a la obra. Fue firmado por el presidente Santos, su gabinete de ministros, incluido el hoy fiscal Néstor Humberto Martínez, así como el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras.
El 10 de noviembre de 2014 se emite el acta de inicio. Odebrecht había coronado. Sin embargo, a pesar de que la ruta del dinero es tan clara, hasta el momento solo particulares y congresistas han asumido el peso de las decisiones judiciales mientras altos funcionarios del gobierno, desde el Presidente de la República hacía abajo, no han asumido ninguna responsabilidad política, penal ni disciplinaria.
El tono de amenaza de los congresistas Bernardo Elías y Musa Besaile es que se sienten abandonados por el gobierno.
Una persona cercana al caso y que exigió el anonimato por no estar autorizado para hablar públicamente, le contó a El Expediente cómo en la reciente reunión del partido de La U en palacio varios congresistas le manifestaron su descontento al gobierno.
El más contundente fue Musa Besaile, quien se despachó con una declaración con alta carga de profundidad.
Según dijo, no era lógico que a unos congresistas se les señalara de haberse quedado con un dinero por unas decisiones que tomó el gobierno. Y sentenció que temía porque se repitiese la historia del proceso 8.000, es decir, que los parlamentarios fueron a la cárcel y el gobierno de Ernesto Samper pasó de agache y les dio la espalda.
