Jorge Iván González Ramírez, más conocido en el mundo criminal como «J la Firma», es uno de los nombres que más se repite en los informes de inteligencia sobre la llamada Nueva Junta del Narcotráfico, una estructura con sede señalada en Dubái a la que se atribuyen nexos con empresarios del fútbol, redes de seguridad privada y al menos siete asesinatos de alto impacto en Bogotá y Boyacá. En el organigrama de esa organización, González Ramírez aparece en el segundo nivel de mando, y algunos sectores de inteligencia lo señalan directamente como el actual «capo de capos» de la estructura.
González ya tiene historial judicial previo: pagó cárcel en Estados Unidos por narcotráfico antes de regresar a Colombia. La Unidad Investigativa de El Tiempo reveló en septiembre de 2022 que su nombre volvió a sonar tras una seguidilla de asesinatos de excapos y esmeralderos en Bogotá, y reportó en su momento que jugaba golf en un condominio de Melgar junto a un exoficial de la Policía, y que era cercano a alias Otoniel, el capo del Clan del Golfo capturado y extraditado en 2022 —cercanía que el propio González ha reconocido ante ese diario.
Los informes de inteligencia sobre la Junta lo señalan como socio de Franklin Alaín Gaitán, alias «el Señor de la Silla», un exfuncionario del DAS que coordinaría el tráfico de cocaína desde el suroccidente del país, y ubican a un excapitán de la Policía, alias Armando, como el encargado de los cobros de la estructura en Bogotá y Cundinamarca. Distintos resúmenes del organigrama de la Junta describen a González específicamente como el encargado de articular el tráfico de cocaína desde Colombia hacia Europa.
Su nombre ha vuelto a aparecer en investigaciones periodísticas posteriores por su relación con empresas de seguridad privada. La Unidad Investigativa de El Tiempo estableció que González trabajó como escolta, entre octubre de 2019 y noviembre de 2021, en la firma Magal Vigilancia y Seguridad Ltda., matriculada en Villavicencio, según los propios registros de la compañía. Tanto el abogado socio fundador de Magal como su representante legal dijeron desconocer los antecedentes del hombre que contrataron, y remitieron las explicaciones a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que inspeccionó la empresa por ese motivo. Una investigación posterior documentó además que la Nueva Junta del Narcotráfico habría usado empresas de seguridad privada y hasta clubes de fútbol colombianos como fachada para lavar dinero mediante contratos, patrocinios y fichajes.
El propio González ha negado en repetidas ocasiones, siempre ante El Tiempo, pertenecer a la Junta o tener el peso que las autoridades le atribuyen. «No soy ningún capo de capos. Le aseguro que no tengo vínculos con estructuras mafiosas ni paramilitares. Agentes federales lo saben muy bien. Me están tratando de subir el perfil», dijo en una de esas entrevistas. También ha negado ante ese medio cualquier relación con los asesinatos selectivos registrados en Bogotá y Boyacá que las autoridades le atribuyen a la organización.
Un informe de las autoridades españolas, citado por El Tiempo, ubicó a González con residencia en Madrid, en el municipio de Majadahonda, y lo vinculó con la organización narcotraficante de Luis Alberto Mejía Londoño, alias «Don Héctor» o «Barba», dedicada al movimiento de cocaína entre España y Portugal. Según ese mismo expediente, en un proceso judicial colombiano contra un integrante identificado como «H1» se afirma que González es su patrón y que corresponde, en efecto, a «J la Firma».
Como buena parte de los nombres que integran el organigrama de la Nueva Junta del Narcotráfico, según reportó Infobae, González Ramírez residiría fuera de Colombia, en países sin tratado de extradición con estructuras legales que facilitan la residencia mediante inversión, una estrategia que —de confirmarse en su caso— le permitiría operar con menor exposición a la persecución judicial internacional mientras las autoridades colombianas siguen intentando establecer el alcance real de una organización a la que ya se le atribuye una ola de violencia selectiva en el centro del país.
