Por: Roberto Ortíz
El derecho a la participación es un elemento esencial de todo gobierno democrático, inseparable de otros atributos de la democracia, tales como; la responsabilidad, el principio de la mayoría, la igualdad, la soberanía popular y el respeto por la diferencia. Es por ello, que propuse durante la pasada campaña electoral a la Alcaldía, que el Distrito Especial de Cali debería ser un Gobierno, en el cual, las políticas públicas fueran el resultado de una democracia participativa, en tanto el proceso de construcción de esas políticas, serian acompañadas por una participación organizada de los ciudadanos en las diferentes localidades.
De ahí, que no comprendo como el actual jefe de planeación del municipio, señor, Roy Alejandro Barreras, aplaza y se niega a adelantar el proceso de implementación de la Cali Distrito Especial como una prioridad del gobierno. ¿Será, que a esta administración de los Ospina les preocupa, o le tiene miedo, a la participación ciudadana?
Considero que es inaplazable poner en marcha la Cali Distrito Especial. Este nuevo ordenamiento territorial por localidades, y la nueva administración de Alcaldías menores, es el mejor espacio para la inclusión de la sociedad civil en los procesos de planeación, y de ejecución de políticas públicas para el mejoramiento de los servicios que presta el municipio, y para fortalecer la transparencia en el manejo del gobierno.
Propuse, igualmente, que la zona rural debería tener una alcaldía menor: Allí, habitan cerca de 40 mil personas en los 15 corregimientos que conforman esa zona. Muchos son los problemas que los aquejan; la atención en salud es deficiente, los problemas de la educación en términos de la calidad y la mala infraestructura de algunas de sus escuelas es notoria; igualmente, los problemas de transporte y de servicios públicos son deficientes; y si a esto le sumamos la falta de oportunidades para el emprendimiento y la productividad, podemos entender fácilmente la causa de la pobreza de muchos de sus habitantes.
Reafirmo, que la nueva Alcaldía menor RURAL, deberá hacer un PACTO POR LA EQUIDAD sobre la base de fortalecer el empoderamiento de sus habitantes en los procesos de participación y toma de decisiones comunitarias.
Las juntas, que administran los más de 40 acueductos veredales, deberán ser el eje de este pacto, en el cual, a partir del fortalecimiento de sus organizaciones, y de su compromiso con el cuidado del agua y del medio ambiente, podrán construir la política pública que aborde temas de salud, educación, vivienda, vías, conservación del medio ambiente, y atención de situaciones de pobreza extrema.
Una Alcaldía menor rural, deberá asumir de inmediato el compromiso de tramitar recursos para pavimentar en su totalidad los cerca de 50 kilómetros de todo lo que constituye la llamada vuelta a occidente, y mejorar la infraestructura de servicios públicos a fin de convertir este eje rural en un circuito gastronómico y cultural que permita desarrollar un turismo organizado.
Así mismo, será fundamental que estimule el emprendimiento y los negocios que permitan el abastecimiento de comida para la ciudad, a través de la creación de centros de Acopio que faciliten el mercadeo de los productos agrícolas por parte de los campesinos.
Con la decisión del secretario de planeación de aplazar la implementación de la Cali como distrito especial, la actual administración municipal gobernada por los Ospina, tambien está quedando en deuda con la democracia participativa.
ROBERTO ORTIZ URUEÑA
