Por: Jaime Eduardo Botero Gómez
Quisiera entender ¿porque la JEP -Justicia Especial para La Paz- solamente va a escuchar las versiones de los máximos responsables de las FARC, 30 capos de esta estructura terrorista? Pero lo más inexplicable o difícil de entender es ¿porque si va a escuchar, investigar y juzgar a 2.700 militares?
Por mucho que me esfuerzo, lo analizo intentando no dejarme llevar por sesgos, no encuentro una respuesta lógica. Se supone que la lógica se aplica en casi todas las actividades de las vida, más aún a la justicia. Lo único que se me ocurre, analizando la información que se conoce, las declaraciones negando los crímenes por parte de los capos de las FARC en la JEP y las noticias que se han conocido sobre militares en la misma justicia, es que esta justicia (JEP) se creó para amnistiar e indultar guerrilleros, en forma masiva, y para juzgar y encarcelar militares.
En las audiencias que se han presentado los capos de las FARC, ellos niegan todos los delitos atroces que cometían sistemáticamente y todo lo convierten en relatos afirmando, por ejemplo, que el reclutamiento de menores “pudo suceder”, “si existió ocasional”, “fortuito” o “quizás errores”. Timochenko, Lozada y ahora último, Joaquin Gómez, han negado categóricamente el reclutamiento de menores de edad, aun sabiendo qué hay pruebas de que esa práctica atroz fue masiva.
Si investigan solo a 30 máximos responsables, y según han dicho, y algunas de las declaraciones se presentan en forma colegiada, no hay de otra sino entender que lo hacen para evitar contradicciones. Así las cosas se pondrán de acuerdo en sus versiones y las FARC quedará, así lo han afirmado desde siempre, como las victimas de este Estado terrorista y de un ejército sanguinario.
Pero si entrevistaran o juzgaran individualmente a los capos, a los cabecillas de bloques, comandantes de frentes y de guerrillas, esta coordinación de versiones estaría en riesgo pues muchos de ellos, sabemos, si estarían dispuestos a contar la verdad sobre la sistematicidad de las atrocidades y aberraciones acaecidas al interior de las filas de las FARC.
Hay que aclarar, que de los 2.700 militares un bajo porcentaje ha sido condenado, muchos de ellos, con medida de aseguramiento llevan años privados de su libertad sin que se les haya definido su situación jurídica por parte de la justicia ordinaria, pues venían siendo investigados y juzgados, pero no necesariamente condenados.
De nuevo, ¿porque 2700 militares? Si se comparan contra 30 capos de las Farc no nos parece una desigualdad ¿Porque esa desigualdad en el tratamiento que deja la sensación de que los militares tienen menos derechos que los terroristas? Siempre ha sido una verdad notoria que todos aquellos soldados que han sido denunciados ante la justicia ordinaria -muy infiltrada por las FARC y por sus amigos- son precisamente aquellos que lograron golpear con contundencia a las FARC, ELN, Paramilitares y otras guerrillas en la lucha antiguerrillera. Al referirme a soldados esto significa que me refiero al soldado no importa el rango, tan soldado es el raso como un Coronel o un General.
Al referirme a justicia infiltrada por las FARC, lo hago recordando al fiscal Eduardo Montealegre (de ingrata recordación) quien denunció, a su llegada a la Fiscalía General de la Nación, que existían varios carteles de falsos testigos al interior de la fiscalía y otros que operaban externamente.
¿Cuál es la lógica? Las FARC diseñaron esta justicia (JEP) precisamente para salir incólumes y poder lograr su venganza contra los militares que los combatieron y a quienes odian sin medida. Es claro que ellos la diseñaron con ayuda de su abogado español Enrique Santiago, con el concurso Alvaro Leyva Durán y de abogados enviados a La Habana por Santos. Esto lo ha ratificado Timochenko en ruedas de prensa de las cuales existen muchos videos: “un tribunal único, una experiencia única en el mundo, creado por los mismos insurgentes para someterse a el (…) no hay antecedentes en el mundo”.
Apenas la JEP empezó a funcionar los asesores de Santos lograron de convencer a la mayoría de militares, acusados de delitos en desarrollo del conflicto armado, de que se presentaran a la JEP, pues esta les daría su libertad inmediata mientras adelantaban el juicio en su contra. Incluso la JEP avocó casos de militares ya condenados para volverlos a juzgar con la esperanza de que cuenten “la verdad”, una verdad que incluye delación con la que esperan llamar a juicio a muchos generales, ministros e inclusive sueñan con que alguno pueda señalar al expresidente Uribe, ya que aunque la JEP no lo pueda juzgar, sus enemigos estarían felices intentando llevarlo ante la justicia internacional.
¿Pero donde está la trampa? Pues efectivamente casi todos esos militares salieron libres, están felices de poder estar con sus familias y están acudiendo a la JEP a contar su verdad o quizás lo que les sugieren que digan. Pero si no acusan a alguien de mayor rango o no cuentan “la verdad” que la JEP espera (o que sus asesores esperan, no olvidemos que el peor enemigo de las FFMM y del expresidente Uribe, Iván Cepeda, tiene a su esposa de asesora de la JEP) serán expulsados de la JEP para que regresen a una cárcel o serán condenados por la JEP a 20 años, por no contar “la verdad” que sus enemigos quieren que cuenten.
Ya podemos ver algunos casos, a quienes se les han interpuesto -por parte de supuestas víctimas- acciones jurídicas para promover expulsión de la JEP. Uno de estos casos es contra el Coronel Hernán Mejía Gutiérrez y otro contra el General Mario Montoya Uribe, porque en sus declaraciones, la verdad de lo que ellos vivieron y como actuaron, como ellos la exponen, no les sirve a sus enemigos ni a la JEP, no les gusta esa verdad y quieren otra: Quieren que se declaren culpables de los delitos de los cuales se les acusa, aún si no lo son.
Vale la pena preguntarse, porque abogados activistas de izquierda, como Rodrigo Uprimny, manifiestan su preocupación porque, según el, la JEP como primera actuación les dio libertad condicional a los militares, pero no se escandalizan con el hecho de que los capos de las FARC, y muchísimos guerrilleros presos o condenados por la justicia ordinaria que estaban en las cárceles fueron liberados por la JEP, inmediatamente entraron en funciones, y los capos, sin haber rendido una versión ante la JEP ya estén en el Congreso.
Como Uprimny, son muchos los activistas de la izquierda que incansablemente están escribiendo, opinando y entregando a la opinión pública la idea de que a los militares les están dando un tratamiento preferencial, cuando es al revés, los han puesto en inferioridad de condiciones frente a las FARC.
Santos nunca debió permitir que los pusieran en igualdad de condiciones con las FARC. ¡Eso es traición! Merecían un trato diferente, dado que los militares defendían a Colombia, a los colombianos, la libertad y la democracia. En contraste, las FARC asesinaban a colombianos indiscriminadamente a su paso, reclutaban niños, violaban niñas y las fusilaban si desobedecían sus reglas, utilizaron el terrorismo para doblegar a los colombianos e hicieron del secuestro, del narcotráfico y de la minería ilegal sus negocios más lucrativos. Pero están sentados a la misma mesa.
¿Que se equivocaron algunos militares o se excedieron? Es posible, porque en el fragor de un combate nunca es posible seguir una cartilla o un libreto, en ese momento lo único que importa es la misión y sobrevivir. Alguna vez le escuché a un militar, que cuando se entra en un combate la adrenalina y el miedo lo convierten en una maquina, esta es la razón por la cual un combate puede durar dias y en medio de este no sienten hambre, ni frío, ni sueño, solo importa sobrevivir. Ellos han arriesgado su vida por todos nosotros, han ofrendado miles de vidas y nosotros los hemos dejado a merced de sus enemigos.
Santos afirmó, al dirigirse a los militares en una ceremonia de ascensos: «No van a estar nunca en inferioridad de condiciones (respecto a las FARC)», dijo, pero mintió. Pues en la práctica los militares están hoy en inferioridad de condiciones frente al grupo terrorista a merced de la JEP y de todos sus enemigos.
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