Por: El Expediente
Desde prisión orquestaron un plan para controlar las 1,300 droguerías de Drogas La Rebaja, un legado de los Rodríguez Orejuela a sus empleados. Con firmas falsificadas, sus emisarios tomaron la junta directiva, mientras los exlíderes del Cartel de Cali presionan en EE.UU. para defender el acuerdo que protege a los trabajadores.
Bogotá, 27 de abril de 2025 – Emilio Tapia, implicado en el escándalo del “Carrusel de la Contratación” en Bogotá, y Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca detenido en la Estación de Carabineros, han orquestado desde prisión un plan para tomar el control de la junta directiva de Coopservir, la cooperativa que administra las 1,300 droguerías de Drogas La Rebaja.
Este activo, originalmente propiedad de los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del extinto Cartel de Cali, fue transferido a una cooperativa de empleados en 2004 como parte de un acuerdo de extradición con Estados Unidos. Ahora, ese patrimonio está en riesgo por las maniobras de Tapia y Abadía, que también buscan controlar los laboratorios proveedores de medicamentos de la cadena, según fuentes consultadas por El Expediente.
Tapia, quien obtuvo libertad condicional en 2023 tras enfrentar cargos por corrupción en el caso de Centros Poblados, identificó una oportunidad en la transición administrativa de Drogas La Rebaja. La cadena, sometida a un proceso de extinción de dominio, dejó de ser gestionada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en 2024 para pasar a la tutela del Ministerio de Salud, liderado por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Yobany Montilla Meza fue designado interventor por el Ministerio para supervisar la cooperativa.
Fuentes cercanas a la investigación revelan que Tapia, valiéndose de su experiencia en contratación pública, contactó a Abadía, quien se comunicó con un alto funcionario de Coopservir. Abadía obtuvo información clave sobre la operatividad de la cooperativa y propuso mejoras en las ventas, sugiriendo una reunión con Tapia.
Entre las propuestas estaba la instalación de puntos de lotería en las droguerías, una iniciativa que no prosperó, según documentos revisados por El Expediente. En noviembre de 2024, Coopservir liquidó a sus representantes originales. La SAE, entonces dirigida por Daniel Rojas Medellín, facilitó la entrada de nuevos miembros a la junta directiva. Denuncias recibidas por El Expediente indican que estos nuevos representantes, provenientes de la Costa Atlántica y vinculados a Tapia, asumieron el control mediante firmas presuntamente falsificadas.
Estados financieros obtenidos por El Expediente muestran que, entre noviembre de 2024 y abril de 2025, Drogas La Rebaja registró pérdidas superiores a 60,000 millones de pesos. Además, 80 locales de la cadena cerraron, afectando el empleo y el acceso a medicamentos en varias regiones.
Los hermanos Rodríguez Orejuela, extraditados a Estados Unidos tras desmantelar el Cartel de Cali, estipularon en su acuerdo con el gobierno estadounidense que Drogas La Rebaja sería administrada por una cooperativa de empleados. Ante la intervención, emisarios de los Rodríguez Orejuela en Bogotá contactaron a la Embajada de Estados Unidos en Colombia, solicitando el cumplimiento del acuerdo. La embajada no ha emitido comentarios públicos.
Fuentes afectadas por la reconfiguración de la junta directiva de Coopservir, que pidieron anonimato por temor a represalias, confirmaron a El Expediente que la toma de control ha generado incertidumbre entre empleados y socios. “El manejo actual está desangrando un patrimonio que era de los trabajadores”, afirmó una fuente.
El caso se suma a los señalamientos de corrupción en la gestión de activos bajo extinción de dominio en Colombia. La SAE, encargada de administrar bienes incautados al narcotráfico, enfrenta críticas por falta de transparencia. La actual directora de la SAE, Amelia Pérez, ha denunciado ante la Fiscalía a Rojas y a su exvicepresidente, Sebastián Caballero, por presuntas irregularidades, incluyendo sobornos en varios contratos, aunque no se han formalizado cargos.
