Bogotá/Washington, 24 de octubre de 2025
En un nuevo capítulo de la escalada diplomática tras las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. al presidente colombiano Gustavo Petro y su círculo cercano por presuntos nexos con el narcotráfico, fuentes confidenciales revelan que Estados Unidos está a punto de suspender la asistencia financiera tanto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, poniendo en riesgo los pilares del proceso con la guerrilla terrorista de las FARC.
La JEP, creada bajo el acuerdo de paz de 2016 con las FARC, enfrenta un futuro incierto. Con la fase dialógica programada para concluir en marzo de 2026, el recorte de fondos estadounidenses amenaza la transición a la fase adversarial, donde se juzgarían a los «máximos responsables» de crímenes del conflicto armado.
Según la fuente de El Expediente, esta interrupción podría forzar la transferencia de los casos a la jurisdicción de Justicia y Paz, diseñada en 2005 para paramilitares, lo que obligaría a redefinir quiénes califican como «máximos responsables».
Este cambio podría limitar el alcance de los procesos y generar fricciones con las víctimas, quienes reclaman justicia integral.
Paralelamente, la Misión de Verificación de la ONU, encargada de supervisar la implementación del acuerdo de paz, también enfrentaría un recorte inminente de recursos estadounidenses. Esta misión, clave para monitorear el cese al fuego y la reincorporación de excombatientes, podría ver comprometida su operatividad, debilitando aún más la confianza en el proceso de paz y la presencia internacional en Colombia.
Las sanciones de la OFAC, anunciadas hoy, incluyen a Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el exministro Armando Benedetti en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) bajo la Orden Ejecutiva 14059, acusados de facilitar el auge récord de la producción de cocaína a través de la política de «paz total».
Estas medidas bloquean sus activos en jurisdicción estadounidense y prohíben transacciones con entidades que operen en dólares, afectando incluso pagos estatales. El impacto se extiende al contrato de US$2.000 millones para aviones Gripen, inviable por normas ITAR.Petro respondió en X, calificando las sanciones como una «paradoja» y defendiendo su lucha contra el narcotráfico, pero no abordó directamente las amenazas a la JEP ni a la ONU.
Los recortes de fondos, sumados al aislamiento financiero, agravan la crisis de gobernabilidad y cuestionan el futuro del proceso de paz. Colombia enfrenta un panorama de creciente aislamiento diplomático, con implicaciones para víctimas, excombatientes y la estabilidad institucional. Para más detalles, consulte el comunicado de la OFAC en home.treasury.gov. Seguiremos informando.
