Por: Jazmin Balaguer
Hace unos días, la Alcaldesa Claudia López durante la presentación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en Sumapaz, dijo que el Gobierno debe ofrecer algo más que “Plomo y Glifosato”.
Pero esto no ocurriría, ni ocurrió cuando se usó. La aspersión aérea con Glifosato no es la panacea, y es probable que afecte el medio ambiente y la salud según la OMS. Pero al no estar comprobado, se emplea ampliamente sobre la producción agrícola de consumo diario, en productos básicos como la papa y el arroz desde los años 80`s y en mayor proporción y extensión de lo usado en la aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos. Según el Ministerio de Agricultura, para el año 2012-2013, año que se alcanza la máxima reducción de hoja de coca, llegando a 47.000 Hectáreas (Ha), de los casi 10 millones de litros de glifosato usados en el país, solo 450.000 se destinaron a la erradicación aérea, es decir, menos del 5%. Sin embargo, la Corte Constitucional ordenó suspender su uso, pero no sobre el 100%, sino sobre ese 5%, ya que el 95% restante si pudo seguir hasta el día de hoy en nuestra agricultura.
Ese pequeño porcentaje suspendido, tuvo importantes logros institucionales, de cohesión social y principalmente, salvando vidas humanas. Veamos.
En el año 2000, Colombia estaba inmersa en un oscuro panorama, estaba a punto de ocurrir una captura del Estado a manos de las FARC, esto es, el Estado iba a perder el poder por medio de la fuerza de un grupo criminal. Todas las ciudades estaban sitiadas, solo a Bogotá, la cercaban 6 de sus Frentes. Al tiempo, teníamos 163.200 Ha de coca, y una tasa de homicidios de 70 por 100.000 habitantes. Para tener una dimensión, hoy la tasa de homicidios de México, según el Banco Mundial, es de 27 por 100.000 mil habitantes, y de El Salvador, país considerado como uno de los más violentos del mundo con 61.
Para el año 2010, al final del segundo mandato del Presidente Uribe, y 10 años después de una estrategia combinada de emergencia ante tal amenaza, se logró reducir esos cultivos en más del 62%, pasando a 61.000, según cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (SIMCI).
Simultáneamente, como en nuestro país, la tasa de homicidios esta correlacionada, cae en más del 50%, pasando a 34 por 100.000 habitantes. Esto más que números, significa que con ese 5% de glifosato usado en promedio en cada uno de esos años, se estima se salvaron más de 300.000 mil vidas, por la tendencia que traía de homicidios el país. Es muy importante aclarar, que ese descenso fue generalizado tanto en zonas rurales como urbanas.
Ese plan, la Seguridad Democrática, no solo recurrió a la aspersión aérea, incluía también, llevar toda la institucionalidad posible detrás del camino que iba abriendo la Fuerza Pública entre toda esa criminalidad, ahí si legitimo ¨plomo¨. El objetivo era uno, recuperar el territorio mientras se llevaba el Estado de Derecho a esa Colombia profunda secuestrada por las FARC, paramilitares, ELN y demás grupos al margen de la ley.
Cuando llega el Presidente Santos, la fuerte tendencia permitió para el año 2012 las 47.000 Ha; y junto con una fuerza pública fortalecida que había recobrado la moral, hizo que unas debilitadas FARC se sentaran a negociar, algo impensable alrededor del año 2000 por lo dicho.
Sin embargo, ese poder de negociación del Gobierno fue desaprovechado, más que por incompetencia, por la debilidad ante la pérdida de legitimidad al irse en contra de sus votantes y cambiar la agenda por la que fue elegido. La traición a Uribe no fue grave por ser solo a él, lo fue, por los millones de colombianos, que èl representa políticamente. Situación que las FARC entendió e hizo que se invirtieran los poderes, y ahora ellos, de un día para otro, eran los poderosos que estaban sentados en la mesa y ponían las condiciones, al otro lado, un Gobierno expuesto cuya cabeza, Santos, no podía perder lo único por lo cual había arriesgado toda su reputación como Presidente, finalizar ese proceso.
Así que las condiciones estaban dadas para que a partir de ese momento, todo girara en torno a mantener ese grupo ahí sentado. Así ello implicará, entre otras cosas, suspender la erradicación, no solo aérea soportado por la Corte Constitucional, sino la manual y crear un cuestionado programa, PENIS, que entregaba subsidios a quien erradicara, provocando un incentivo perverso: campesinos que no habían sembrado en sus tierras hoja de coca, lo hicieran para tener ese subsidio. El dinero se agotaba, y los cultivos disparados.
Al final de su mandato, el Presidente Santos entrega el país con más de 171.000 Ha, según el SIMCI, habiendo recibido con 110.000 Ha menos. Esto significa que quedamos peor que en el año 2000 cuando había 163.000 Ha. Peor, porque sumado a esto, también se perdió la disminución constante de homicidios en las zonas rurales víctimas de los Grupos Armados Organizados (GAO), que se había mantenido durante esa década antes de su llegada, ya que después de la firma de ese proceso en el año 2016, ahí se dispara, siendo precisamente las zonas que se debían impactar. Por su parte, la cifra de homicidios en el resto del país, seguían en el mismo ritmo de descenso iniciada a mediados del 2002. Se hirió la democracia con lo sucedido con el plebiscito. Y ahora teníamos unas FARC legitimadas e impunes, con unas disidencias en los territorios cometiendo los mismos crímenes contra la población civil, incluida el narcotráfico.
El Presidente Duque recibe esta situación, y en dos años, es imposible contener estructuralmente cualquier tendencia con un impulso de casi 10 años. A pesar de ello, sin aspersión, solo de manera manual, se ha logrado reducir un 10% de cultivos ilícitos, como también, el cambio de tendencia en homicidios de líderes sociales en las zonas rurales afectadas por este flagelo, que es donde ocurre, así como de ex combatientes de las FARC. Sin embargo, el costo humano como fiscal de nuestra Fuerza Pública para lograr esto, es tan inhumano, injusto como insostenible.
La narrativa ahora, alimentada por comentarios populistas, y más bien, definidos como una posverdad, de una Alcaldesa que sigue en campaña para la Presidencia, al tiempo que trata de disimular su inocultable peñalosismo que tan molesto tiene a sus electores, es que todos esos males que tanto nos indignan comenzaron con el Presidente Duque, y que esos logros mencionados aquí, nunca existieron, con el objetivo, de no volver a ellos, ya que reconocerlos es aceptar que ese 5% valió la pena, y junto a ello, perder completamente el pulso político.
Así que seguirán en esa narrativa, esperando ganar adeptos que les permita llegar al poder. Instrumentalizando por ejemplo, el asesinato de líderes sociales que venían siendo víctimas justo después de la firma de ese acuerdo, y durante los dos años siguientes, pero que solo cobraron importancia con la llegada del Presidente Duque. También lo harán, con los homicidios colectivos (nombre técnico estipulado en el Libro Blanco de las Cifras del Sector Seguridad y Defensa) para que vuelvan a quedar en el olvido como en ese tiempo.
Hoy con más y mejor conocimiento, se puede usar Glifosato de manera focaliza, acompañado de institucionalidad, otra parte importante en la interdicción, cumpliendo los requisitos de la Corte, y con algo fundamental, no depender de los mapas de cultivos que nos da la ONU con un año de retraso, cuando nuestra Fuerza Pública tiene mejor tecnología, con satélite propio que analiza en tiempo real, lo cual nos implicaría cambiar de veedor en el cumplimiento de erradicación que nos obligan los tratados internacionales firmados. Para esto podríamos recurrir a entidades de credibilidad mundial como Price Waterhouse Coopers o KPMG. Lo más importante aquí es salvar vidas con el menor impacto negativo, esas mismas vidas, cuya voz durante años no se quiso escuchar porque despertaba a quienes querían seguir en el sueño de la ¨paz¨ lograda.
