Un video publicado por el Sindicato Nacional de Rama (@analtraseg) muestra una pistola Córdova de poco uso con defectos visibles y advierte que, después de años, Indumil no ha logrado garantizar la calidad de su arma insignia para el mercado civil. El mensaje es directo: “Es inadmisible que dichas armas sigan fallando”.
El sindicato pide al presidente Abelardo de la Espriella que acabe la corrupción en la compra de armas y anuncia que publicará cómo se negocian los permisos en el Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE).
El reclamo no es aislado. Desde que la Córdova salió al mercado, usuarios y armeros han documentado fallas recurrentes: problemas de alimentación, agujas percutoras rotas o defectuosas, disparadores que “se patinan” en doble acción y pasadores que se doblan. Indumil llegó a recoger lotes enteros para corregirlos (lo que informalmente se llamó paso de Generación 1 a Generación 2 y 3), pero las quejas persisten años después.
En un país donde el monopolio estatal obliga a la mayoría de civiles a comprar esta arma o a tramitar importaciones muy restringidas, la falta de confiabilidad tiene un costo concreto: el ciudadano que paga por un arma de defensa personal no puede estar seguro de que funcione cuando más la necesite.
El problema de calidad se cruza con otro que ya está documentado. En octubre de 2026, Semana reveló denuncias de coroneles retirados, mayores y civiles sobre una red de tramitadores que cobran entre 5 y 30 millones de pesos por “agilizar” la compra de armas de Indumil a través del DCCAE.
Según esas versiones, el sistema informático de disponibilidad de armas se manipula o se frena a propósito para que los usuarios terminen acudiendo a intermediarios con contactos internos. Las Fuerzas Militares ordenaron una intervención y auditoría al DCCAE precisamente por estas alertas.
El propio DCCAE es el organismo que autoriza la tenencia y el porte; Indumil solo factura y entrega una vez existe el permiso.
El Expediente ya ha documentado el diseño institucional que facilita estas rentas: un monopolio de oferta (Indumil) sumado a un monopolio de control (DCCAE) dentro del mismo sector Defensa. Informes de la Secretaría de Transparencia han alertado sobre miles de elementos bélicos con trazabilidad irregular en fábricas de Indumil, actas de destrucción simulada y material que sigue en inventario pese a haber sido dado de baja. El video de @analtraseg, con la pistola marcada con cinta y el reclamo explícito de “mafias” en el DCCAE, se suma a ese expediente.
Hasta ahora Indumil ha lanzado versiones mejoradas (incluida una de percutor lanzado), pero la percepción de usuarios es que los arreglos llegan tarde y no resuelven de raíz la falta de control de calidad de un monopolio sin competencia real. El sindicato anuncia que mañana publicará más detalles sobre cómo se negocia la compra de armas de civiles. Mientras tanto, el presidente de la República tiene sobre la mesa una denuncia concreta: si las pistolas que el Estado obliga a comprar siguen fallando y el organismo que controla su venta está bajo sospecha de mafias de tramitadores, el problema ya no es solo técnico.
Es de confianza institucional y de seguridad de quienes deben confiar su vida a un arma fabricada y autorizada por el mismo Estado.




