Por: José Félix Lafaurie Rivera
@jflafaurie
Los 550 colombianos que murieron de COVID el 9 de junio no eran una cifra, sino víctimas de un “paro homicida”, que mata el empleo y la subsistencia de los más necesitados, y también a quienes caen, por desgracia, en la cadena de contagio de los que bailan y gritan en “marchas pacíficas”, que no lo son, porque matan personas que no marchaban; que tenían sueños.
La muerte con nombre y apellidos es cercana… y duele. Pedro Sánchez fue uno de los colombianos que murieron ese día. Trabajó conmigo durante 20 años; leal, siempre dispuesto, tenía planes y sueños para su hijo, que hoy lo llora.
Remberto Burgos, prestigioso neurocirujano, ha visto entorpecida su tarea de salvar vidas por los bloqueos y el colapso del sistema. Por eso, en memorable columna que se volvió viral, califica de “INFAMES” a los líderes del paro que, cínicamente afirman que las marchas no tienen que ver con los contagios. Por eso los llamo “homicidas”. No en vano, para Remberto “esto dejó de ser un paro y se convirtió en masacre colectiva”.
Pero no son apenas unas vidas las que están en riesgo, sino el país todo. La senadora Cabal, en carta al presidente Duque, afirma que lo que vivimos “no es una protesta social, es un intento de golpe de Estado posmoderno”, una aventura populista tipo Chávez-Maduro, que aprovecha las angustias populares aumentadas por la pandemia; montada sobre la mentira mediática para deslegitimar al país; liderada por la izquierda y apoyada por instancias internacionales bajo la piel de oveja de los Derechos Humanos.
El Ultra K, es el Kirchnerismo radical populista, y uno de sus suyos, el señor Fagioli, vino a ver y escuchar lo que quiso, a animar golpes de Estado para “sacar a ese viejo” (Duque), y a sumarse al presidente Fernández para acusar al gobierno de “violencia institucional”.
La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos son otros argentinos que, alegremente, concluyeron que Duque “caza colombianos” en una masacre que busca ocultar al mundo. Vivanco, de HRW, con años atacando a la Fuerza Pública, titula su informe con una generalidad miserable: “Brutalidad policial contra manifestantes”.
Y la CIDH, cuya presidenta comulga con el Comité del Paro en la legitimidad de los bloqueos, escucha a las “organizaciones sociales”, pero desoye a los gremios que pedimos audiencia, y solo le da 45 minutos al Consejo Gremial Nacional, a los empresarios que generan los empleos que piden a gritos, mientras los destruyen a golpes de bloqueo.
Discúlpenme la expresión, pero pendejos nosotros, que dejamos entrar a interesados en desestabilizar a Colombia y sembrar el socialismo. A la CIDH, si realmente no es un club de amigos y si escuchó al Gobierno, la invito a recomendar la suspensión de las marchas y rechazar los bloqueos; a visitar una sala de urgencias y ver el contagio y la muerte de un paro homicida.
