Por: Paola Holguín
En 2021, un estudio del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, basado en la información suministrada por el DANE determinó que, en Colombia, entre 2019 y ese año, 3 de cada 10 personas en edad escolar dejaron de asistir a establecimientos educativos.
Este estudio encontró que el abandono escolar es un fenómeno que crece sostenidamente; así, en 2019 se ubicó en el 28,8% (que corresponde a 4.713.086 personas), en 2020 y 2021 la cifra superó los cinco millones de personas, lo que representa hasta un 30,5%. El grueso de estas cifras se concentra en zonas rurales.
En un reciente informe del Ministerio de Educación Nacional, se advirtió que sólo entre noviembre del año 2022 y mayo de 2023, 473.786 menores en edad escolar dejaron de asistir a centros educativos.
Lo preocupante es que la deserción escolar no es solo un fenómeno problemático en sí mismo, que afecta la trayectoria educativa de las personas en edad escolar, sino, más grave aún, alimenta el índice de pobreza multidimensional del país y, a fin de cuentas, incide negativamente en nuestro crecimiento económico. Aunque el país ha logrado una importante reducción de este indicador de pobreza, monetaria y multidimensional, persiste aún un elevado número de personas, especialmente en las zonas rurales con privaciones por analfabetismo, rezago o deserción escolar.
Con el fin de contribuir desde el Congreso de la República a superar esta problemática, junto con los Representantes a la Cámara Juan Espinal y Esteban Quintero, radicamos en el Senado de la República un proyecto de ley con el que se pretende propiciar una articulación interagencial e interinstitucional para la lucha contra la deserción escolar.
Esta iniciativa pretende crear el Sistema Nacional de Prevención de la Deserción Escolar, como una instancia de monitoreo, análisis y prevención del abandono escolar. El Sistema contará con un Comité integrado por varias entidades, en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, organismos de control y el Congreso de la República, quienes tendrán a cargo, entre otras cosas, la tarea de identificar y analizar los factores multidimensionales que conllevan a la deserción escolar; impulsar o promover la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la georreferenciación de la población infantil en riesgo de deserción escolar; diseñar estrategias, programas y acciones para la prevención y mitigación de la deserción escolar; y, brindar acompañamiento a los entes territoriales en la implementación de las estrategias, programas y acciones para avanzar en esta misma dirección.
El proyecto, asimismo crea un Sistema de Alertas Tempranas, como herramienta para la identificación, monitoreo e intervención en situaciones que supongan riesgo de deserción escolar, cuya reglamentación estará a cargo del Gobierno Nacional.
Precisamente, al Gobierno Nacional, el proyecto le otorga un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigencia de la ley, para formular una política integral para la prevención de la deserción escolar y proteger la trayectoria educativa. Con esto se pretende que se establezcan lineamientos, a través de planes, programas y estrategias institucionales que aseguren la coordinación y la continuidad de las acciones en la lucha por disminuir esta problemática.
Finalmente, considerando la importancia del seguimiento y el control político por parte del Congreso de la República, el proyecto propone que el Gobierno Nacional remita a las Comisiones Sextas Constitucionales Permanentes de Senado y Cámara de Representantes un informe anual que contenga el diagnóstico del fenómeno y el impacto de las medidas para contrarrestarlo.
Así, el proyecto de ley conlleva un mayor y más activo involucramiento del Congreso de la República en la acción institucional en contra del abandono escolar, sometiendo a un estricto escrutinio al Gobierno en sus políticas relacionadas. No olvidemos que “el objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano”, según Platón.
