Por: Hernando Herrera – Corporación Excelencia Para la Justicia
Nota: este texto es el mismo que en su esencia publicarán otros columnistas con los que se convino en referirnos a la importancia de la escogencia de una buena terna para la Corte Constitucional, dados los ataques que el presidente Petro viene realizando contra el Estado de Derecho
La Corte Suprema de Justicia ha sido, a lo largo de nuestra historia republicana —desde los albores de la institucionalidad nacional tras la independencia— mucho más que una alta corte judicial.
Ha sido un verdadero bastión de la legalidad, un contrapeso democrático y una defensora inquebrantable de la institucionalidad.
Su legado es inmenso: no solo ha sido garante de los equilibrios del poder, sino que ha enfrentado y depurado al país de fenómenos profundamente corrosivos como la parapolítica, la narcopolítica y la farcpolítica.
Basta recordar su papel en la judicialización de congresistas vinculados a grupos armados ilegales para comprender la magnitud de su responsabilidad histórica. A esta tarea se suma el sacrificio de varios de sus magistrados.
El holocausto del Palacio de Justicia en 1985 no solo fue un atentado directo contra la institucionalidad, sino también una tragedia humana de gran magnitud. Los magistrados que perdieron la vida en esa tragedia lo hicieron en el cumplimiento de su deber, defendiendo con valentía el Estado de derecho.
Su memoria honra la función judicial y exige que cada decisión de la Corte se inspire en los más altos principios republicanos. En esa línea de responsabilidad histórica, el proceso que actualmente lidera la Corte Suprema —la conformación de la terna para integrar la Corte Constitucional— no puede ser entendido como un simple cumplimiento de un procedimiento.
Por el contrario, se trata de un momento de especial significación institucional, en el que se proyecta no solo el criterio jurídico de esta alta corporación, sino también su compromiso con la preservación del orden constitucional y la garantía del Estado social de derecho. La Corte Constitucional es un órgano con una misión crítica: ser la intérprete final de la Carta Política.
Según el artículo 241 de la Constitución de 1991, le corresponde ejercer el control de constitucionalidad sobre las leyes, actos legislativos, reformas constitucionales y tratados internacionales.
Además, es la encargada de revisar, de manera selectiva, las sentencias de tutela, incluyendo las que afectan a las otras altas cortes. Su rol de cierre es clave en un sistema democrático, pues su palabra define el alcance de los derechos fundamentales y de los límites del poder público.
Es crucial que quienes lleguen a la Corte Constitucional sean juristas de máxima integridad, pues sus decisiones no solo afectan la interpretación de la Carta Magna, sino que determinan el futuro del Estado social de derecho.
Por ello, quienes lleguen a ocupar sus sillas deben ser juristas íntegros, independientes, sin vínculos con intereses particulares ni cercanías indebidas con otras ramas del poder público.
La elección debe ser abierta, transparente y pública. El país tiene derecho a conocer a los candidatos y, sobre todo, a confiar en que su designación no responde a cuotas burocráticas ni a afinidades políticas.
Una Corte Constitucional cooptada sería una institución cortesana, sumisa a los intereses del gobierno de turno, y por tanto, contraria a los principios de la democracia deliberativa y participativa. La Corte Suprema de Justicia ha asumido siempre su rol con claridad, responsabilidad y un firme compromiso con la preservación del orden constitucional.
Sin embargo, en esta ocasión, la Corte se enfrenta a una responsabilidad aún más significativa, pues se trata de reafirmar y consolidar lo que ha sido su función histórica. En este contexto, el elemento central en este proceso es la independencia de los candidatos, la cual debe ser absolutamente clara y sin lugar a dudas.
Es fundamental que quienes sean seleccionados no puedan ser percibidos como influenciados por intereses externos o externos al deber judicial. Por ello, se solicita a la Corte Suprema llevar a cabo este proceso de selección con la mayor mesura y transparencia, garantizando que la elección se base en criterios de imparcialidad y competencia. Solo de este modo se logrará asegurar que los nuevos magistrados de la Corte Constitucional sean verdaderos garantes de la justicia y del Estado social de derecho.
