Por: Bernardo Henao Jaramillo
Los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial dejaron una realidad que no debemos ignorar. En distintas zonas del país, particularmente en territorios donde desde hace años existe presencia e influencia de organizaciones armadas ilegales, aparecieron mesas de votación en las que la totalidad de los votos depositados fueron registrados únicamente a favor de un mismo candidato
No se trata de una mesa aislada ni de una curiosidad estadística. Lo preocupante es el patrón. Mesas donde el “unanismo” hace reflexionar si tal es compatible con la democracia. Y es que esa votación refleja niveles de “maridaje” extraordinarios en regiones donde la libertad política ha estado históricamente condicionada por la presencia de actores armados y por formas de control territorial que el Estado no sólo no ha logrado erradicar sino que en este gobierno se extendieron.
¿Es eso prueba de fraude? La respuesta es no, pero sí un fuerte indicio.
Cualquier persona seria debe ser cuidadosa con las palabras. Una democracia no puede construirse sobre acusaciones sin evidencia concluyente. Pero tampoco puede sostenerse sobre la ingenuidad voluntaria de quienes deciden ignorar las señales de alarma cuando estas aparecen frente a sus ojos.
Existen graves conjeturas que ameritan que las autoridades, las campañas, los organismos de observación y la ciudadanía ejerzan un control riguroso sobre la votación de la segunda vuelta y los escrutinios, particularmente en esas zonas.
Entonces, la pregunta que debemos hacernos es: ¿puede considerarse completamente normal que en territorios bajo influencia de grupos armados aparezcan resultados electorales que reflejan unanimidades prácticamente absolutas?
La democracia no funciona sobre actos de fe. Funciona sobre mecanismos de verificación.
El debate no debe limitarse a lo ocurrido en las votaciones. Debe incluir escrutinios, revisión de actas, contrastar formularios, verificar inconsistencias, revisar reclamaciones y analizar cuidadosamente cada anomalía que pueda afectar la transparencia del resultado final.
Las campañas políticas tienen el derecho y el deber de ejercer control electoral. Los testigos electorales tienen el deber de documentar irregularidades. Los ciudadanos tienen el derecho de exigir explicaciones. Y las autoridades tienen la obligación de garantizar que cualquier duda razonable sea resuelta con transparencia y no con descalificaciones.
Por supuesto, ejercer vigilancia electoral en territorios dominados por actores armados ilegales nunca será una tarea sencilla. Precisamente por eso la supervisión debe ser mayor y no menor. Es bien difícil para una de las campañas acreditar testigos electorales en esas zonas.
En un estudio de la Universidad Externado de Colombia se analizaron los resultados de las recientes elecciones presidenciales en su primera vuelta y se corroboró la existencia de 218 mesas de votación donde un candidato obtuvo el 100% de los votos. Estos resultados se concentran principalmente en la región del Pacífico (Chocó, Cauca y Nariño).
La explicación que se tiene como la más probable es la de presión de grupos armados según lo manifiestan analistas y políticos. Al tratarse de zonas rojas extremadamente violentas, se puede pensar que hubo constreñimiento al elector también conocido como «voto fusil”.
Como no se tienen datos precisos sobre lo realmente acaecido en esas zonas, el Estado tiene la obligación de realizar un mayor control este 21 de junio, para que las elecciones sean transparentes, seguras y libres. Al tratarse de territorios donde operan estructuras armadas ilegales se hace necesaria la vigilancia y también la verificación institucional.
Impugnar una mesa no es atacar la democracia. Solicitar una revisión no es desconocer el resultado. Exigir trazabilidad no es conspirar contra las instituciones. Por el contrario, son precisamente esos mecanismos los que diferencian una democracia sólida de una simple formalidad electoral.
Por eso la segunda vuelta exige una vigilancia sin precedentes. No para fabricar escándalos. No para construir relatos anticipados. No para deslegitimar la voluntad popular.
Se trata de proteger la voluntad popular y de respetar el resultado.
Pero si existen territorios donde la libertad del elector pudo verse condicionada por la intimidación, la coacción o el control territorial de estructuras armadas, la obligación democrática no es guardar silencio. La obligación democrática es verificar y proteger.
La confianza en una elección no puede ser absoluta ya que hay que permitir la duda razonable, examinarla y resolverla.
Si se concluye que todo estuvo en regla, qué bueno para la democracia que saldrá fortalecida.
Si hay irregularidades se agradecerá el control ejercido.
Es momento de vigilar. Es momento de auditar. Es momento de verificar. Porque la democracia no se defiende solamente votando. También se defiende garantizando que cada voto haya sido libre, que cada acta sea verificable y que cada resultado pueda resistir el escrutinio de los ciudadanos.
Se necesita más transparencia. Y la transparencia nunca ha sido una amenaza para la democracia. Siempre ha sido su mejor defensa.
Pildorita: Mañana no olvidemos la obligada cita a votarmasivamente. Invocamos al Sagrado Corazón de Jesús para que le devuelva la esperanza al pueblo colombiano, domine el miedo de los votantes y salve a Colombia.
Bogotá, D.C., junio 20 de 2026
BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de Opinión
