Los medios de comunicación, la opinión pública y las narrativas a menudo desvían la atención de los temas centrales en torno a un escándalo relacionado con la política y el poder. En este caso, relacionado con la investigación por la financiación ilegal de la campaña del presidente Gustavo Petro, ocurre algo similar.
Son muchos los titulares, nombres, declaraciones, chats, revelaciones, entrevistas, opiniones y análisis con los que los medios buscan estar al día en un tema para generar contenido asociado a la coyuntura noticiosa. Sin embargo, en esa velocidad con que se genera ese contenido muchas veces se pierde el foco y no se llega al corazón de las investigaciones.
El gobierno de Gustavo Petro y sus seguidores han aprovechado hábilmente esa confusión mediática. La ciudadanía se pierde entre tantos nombres y es muy difícil seguir el hilo conductor de una historia con decenas de protagonistas, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Han querido hacer ver que no existe ninguna financiación ilegal de su campaña. Totalmente falso.
Lo que ha quedado en evidencia con lo poco que han revelado los medios de comunicación Revista Semana y El Expediente y por su lado la Fiscalía General de la Nación es la financiación ilegal e irregular por parte de un poderoso grupo de empresarios e intermediarios de dinero desde el exterior que terminaron financiando prácticamente la totalidad de la campaña de Gustavo Petro.
Así lo señala textualmente Day Velázquez en uno de los chats que reveló la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos en contra de Nicolás Petro.
En ese sentido, el gobierno Petro ha tratado de reducir el caso a lo relacionado con los aportes económicos en efectivo que hicieron dos polémicos personajes y que recibió directamente Nicolás Petro: Alfonso el Turco Hilsaca y Santander López Sierra conocido como el ‘Hombre Marlboro’.
El primero, el ‘Turco’, es un empresario de Cartagena, contratista público y tiene un proceso por presunto homicidio. El segundo ‘El Hombre Marlboro’ fue contrabandista estuvo preso en Estados Unidos, pagó su pena y regresó a Colombia a jugar nuevamente en política.
Ninguno de los dos es narcotraficante y los dineros que le habrían entregado a Nicolás Petro podrían o no haber sido usados en gastos para la campaña. En cualquier caso eso no es importante, ni el turco ni el hombre Marlboro tienen ningún poder dentro del gobierno de Gustavo Petro.
Los verdaderos protagonistas de la financiación del presidente son el grupo político y empresarial conocido como el Clan Torres encabezado por Euclides Torres, un empresario que ha crecido en el mundo de los negocios y de la política de la mano del embajador en Venezuela Armando Benedetti.
Los Torres sí tienen mucho poder en el gobierno de Gustavo Petro: pusieron a Laura Sarabia en la Secretaría privada de la presidencia; pusieron a los superintendentes de Industria, Transporte y Salud, sectores en los que tienen negocios, intereses e investigaciones en su contra. No hay ningún antecedente de un grupo empresarial que haya manejado o que haya puesto tres superintendentes siendo estas las entidades que regulan investigan y ponen las reglas dentro de los sectores que les corresponde.
Los Torres tienen el oligopolio de los centros de reconocimiento de los conductores. Los Torres también tienen el monopolio de los exámenes que se deben realizar por obligación todas las personas que trabajan en seguridad y vigilancia en el país y se les deben practicar en las instalaciones de la compañía SIMETRIC propiedad del señor Euclides. Esa misma compañía figura como socia de la firma Indra S.A., precisamente los encargados del software de las elecciones presidenciales que llevaron a Gustavo Petro al poder.
