Por: Miller Soto
Detrás de todo el caso que se adelanta contra el expresidente Uribe, el Representante Prada y los abogados Cadena y Salazar, no hay más que una sarta de mentiras, violaciones al debido proceso, intrigas y manipulaciones que convergen como elementos esenciales de una perversa puesta en escena que tiene tres procesos penales vivos (Uribe, Prada y Cadena/Salazar) y dos personas injustamente privadas de su libertad.
Como insistentemente se ha señalado, el soporte de este absurdo caso, es un contenedor de inauditos que van desde interceptaciones ilegales, testigos sin testimonio, pruebas que nada prueban, filtraciones selectivas, restricción de la defensa, hasta llegar a condenas mediáticas fundadas —más que en los hechos— en odios impulsados desde la más aberrante y cobarde forma de hacer política.
En medio de esta vorágine procesal, surgen inquietudes relativas a muchos aspectos. Uno de ellos es la finca ‘La Veranera’ de propiedad de la ex esposa y de la madre de Juan Guillermo Monsalve, el “testigo estrella” del senador Iván Cepeda, quien dio origen a este caso a través de una denuncia penal presentada en febrero de 2018. La finca —como bien nos pudimos enterar gracias al trabajo periodístico de Salud Hernández y su equipo de trabajo en el programa ‘Al ataque’, y gracias también a la revelación del expediente completo por parte de Semana Noticias liderado por la periodista Vicky Dávila— genera un sinnúmero de interrogantes a partir de hechos tan cuestionables como incontrovertibles relacionados con su origen, su precio y su relación con el caso Uribe. Hechos en torno a los cuales la misma Fiscalía General de la Nación decidió indagar; pero que, en mi opinión, ameritan un enfoque específico que los relacione puntualmente con dos tipos penales que a mi juicio calzan perfectamente.
Por ello, en defensa de la justicia, la verdad y el Estado de Derecho, y considerando que tenemos como ciudadanos el imperativo moral de no dejar pasar la soberbia burla a la que está siendo sometida una sociedad que presencia un desgaste judicial basado en antipatías, infamias mal elaboradas y procedimientos que soslayan garantías constitucionales, el día 11 de septiembre del año en curso, presenté denuncia penal en contra de las propietarias de la finca ‘La Veranera’ por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pues vistas mis consideraciones jurídicas sustentadas en 11 folios, concurren los elementos suficientes para determinar que los hechos que rodean las dinámicas de este predio, comportan conductas que se enmarcan en estos dos tipos penales, y que —como creo corresponde— la Fiscalía General de la Nación, debe enfocar la indagación que previamente decidió adelantar en relación con la finca, desde esta perspectiva.
La denuncia penal fue debidamente radicada y recibida. La Fiscalía General de la Nación, le asignó un Número Único de Noticia Criminal (NUNC) y estamos a la espera de recibir la información del despacho al cual le será asignada la investigación.
Que haya gente capaz de denunciar a partir de un montón de nada, no implica que nos quedemos con los brazos cruzados cuando podemos denunciar a partir de tanto.
