Por: Fredy Garzón
La situación de Mary Anne Perdomo, Representante a la Cámara por Santander del Pacto Histórico, es un claro reflejo de la crisis de confianza que vive la política colombiana. Su investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia, por presuntos delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica y revelación de secreto, plantea interrogantes sobre la integridad de quienes ocupan cargos públicos y el uso de recursos del Estado.
Según las denuncias, Perdomo habría utilizado una Unidad Técnica Legislativa inexistente para posiblemente apropiarse de los recursos públicos con los cuales se les paga a estas UTL para que brinden servicios de apoyo y asesorías al interior de la Cámara de Representantes, así mismo podría incurrir en el delito de revelación de secreto por cuanto dice la denuncia, entregó a un tercero sin vínculo laboral con el Congreso Nacional; información de un proceso de la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista.
Este hecho no solo es preocupante por las implicaciones legales, sino también por la falta de transparencia y ética que evidencia en el ejercicio de su función. La crítica generalizada a la clase política en Colombia se agrava cuando casos como este emergen, donde el interés personal parece prevalecer sobre el bienestar común.
Además, Perdomo ha acumulado un historial de incumplimientos que la ha llevado a ser objeto de reproches en su propia región (Piedecuesta-Santander). Su relación con el activista social y político Edgar Millares, a quien prometió apoyo y luego dejó en la estacada, pone en tela de juicio su compromiso con los principios democráticos y la responsabilidad hacia quienes la eligieron. “Así paga el diablo al que bien le sirve”, podría resumir Millares su decepción.
El hecho de que su partido, el Pacto Histórico, dirigido por el presidente Gustavo Petro, no haya tomado medidas más drásticas ante estos escándalos también suscita preguntas. En un entorno donde se esperaba un “Cambio” en la forma de hacer política, la percepción de impunidad y el silencio ante actos cuestionables debilitan la imagen del gobierno y su propuesta de renovación.
La situación de Perdomo es un recordatorio de que los cambios en la política no son solo cuestión de discursos, sino de acciones concretas y coherentes. La confianza del electorado se construye sobre la base de la transparencia y la rendición de cuentas. Si el Pacto Histórico desea mantener su legitimidad y la esperanza de cambio, debe actuar con firmeza ante situaciones como la de Perdomo.
En definitiva, la investigación a Mary Anne Perdomo no es solo un caso individual, sino un síntoma de una enfermedad más profunda en la política colombiana. La ciudadanía exige representantes que actúen con ética y responsabilidad, no solo en sus promesas, sino también en su comportamiento diario. La política debe ser un espacio de servicio y no de enriquecimiento personal. Es hora de que quienes ocupan posiciones de poder entiendan que su misión es servir al pueblo y no a sus propios intereses.
