Por: Andrés Villota
“Ojalá se queme en el infierno, era un demonio”, escribió una víctima de abuso sexual, en el chat de exalumnos del colegio, como respuesta a la noticia que se había publicado sobre la muerte de Darío Chavarriaga SJ. A esa expresión le siguieron las de otros que denunciaron, después de muchos años de silencio, que también habían sido abusados por él, cuando eran niños.
Un par de años antes de la muerte de Chavarriaga, una de sus múltiples víctimas, denunció que había sido abusado junto con sus hermanas, cuando todos eran menores de edad.
La denuncia la hicieron ante Francisco De Roux SJ, por ese entonces Padre Provincial de Colombia, la máxima autoridad del país en la estructura militar de la Compañía de Jesús, que impuso Ignacio de Loyola al fundar su orden.
Ante la grave denuncia, nunca pasó nada. Diferente a lo ocurrido en Inglaterra, recientemente, con Justin Welby, el líder de la Iglesia anglicana, que renunció después de haber sido acusado de encubrir durante muchos años, 130 denuncias de agresiones físicas y sexuales en contra de menores de edad.
Los líderes religiosos anglicanos, le pidieron la renuncia a Welby y el rey Carlos III, líder supremo de la Iglesia anglicana, aceptó su renuncia. El rector de la Universidad Javeriana de Bogotá, de ese entonces, Jorge Humberto Peláez SJ, le dijo que no podía hacer nada, a uno de los muchos estudiantes que fueron a denunciar a Edwin Murillo Amaris SJ, decano de la Facultad de Ciencias Políticas, por acoso y abuso sexual.
En la mitad de la cuarentena impuesta por el presidente Iván Duque, en noviembre del 2020, trece sacerdotes jesuitas se murieron, coincidencialmente, todos, en la misma semana, victimas del COVID19, incluido Rodolfo De Roux SJ, que se alojaban en la comunidad de la Facultades Eclesiásticas en Bogotá. Con estos antecedentes de impunidad y del tapen-tapen de los jesuitas, en el mismo chat de exalumnos se hicieron comentarios irónicos, alusivos a una posible repetición del caso de la película Spotlight, pero no en Boston, sino en Chapinero.
Es como si los jesuitas y los sacerdotes de la iglesia católica colombiana, tuvieran una política de “hagámonos pasito” con los involucrados en este tipo de crímenes que la hicieron extensiva a los laicos.
Los defensores a ultranza del Estado laico colombiano, sucumbieron ante la presencia de la iglesia católica y de sus vicarios comunistas herederos de la Teología de la Liberación, en todo el proceso de paz de Juan Manuel Santos con las FARC. Tanto, que los pilares de la pedida de perdón, el arrepentimiento y la no repetición, aplicados en el acuerdo final, se basan en la religión católica.
Entonces, no fue una coincidencia que, de la nada, Juan Manuel Santos se hubiera inventado una oenegé que bautizaron con el nombre irónico de la Comisión de la Verdad y que pusieran de líder supremo a Francisco De Roux SJ, un profesional en hacerse el de la vista gorda frente a los delitos de lesa humanidad.
El perfil perfecto para validar, además, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de la que sus relatos (los de la Comisión), se convirtieron en su insumo principal, como filtro validador de los crímenes abominables cometidos por la extrema izquierda colombiana durante 60 años, incluido el rapto de miles de niños colombianos para ser traficados y vendidos a pedófilos, con la disculpa de estar conformando un gran ejército de niños.
La Comisión de la Verdad, fue financiada por George Soros, para darle un disfraz de independencia y escogieron a su líder supremo, gracias a su prontuario, a su palmarés de encubridor, que era un hándicap ideal para Juan Manuel Santos y para el éxito de su Acuerdo de Paz. Al padre Francisco de Roux SJ, el jefe de los encubridores de pedófilos, abusadores, sátiros, violadores, sádicos y lascivos, le encomiendan la labor de fabricar la verdad y de reescribir la historia de Colombia, desde su óptica de encubridor de oficio. Después de salir a la luz pública el modus operandi de Francisco De Roux SJ, los informes de la Comisión de la Verdad, pierden cualquier tipo de validez, seriedad, rigurosidad o credibilidad.
Para la opinión pública colombiana, tonta y sin criterio, lo grave no era la existencia de grupos de niños raptados por las FARC, sino que en una operación militar contra las FARC, le hubieran disparado a la guarida de los terroristas, sin tener en cuenta que había niños.
El ministro de Defensa de ese momento, Guillermo Botero, renunció antes que el Congreso colombiano lo sacara de su cargo. El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Óscar Urbina, justificó, en ese momento, que la iglesia católica hubiera colaborado para que el capo de capos de las FARC, Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, se escapara de la cárcel. Mientras que monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, fue un férreo defensor de los grupos terroristas de extrema izquierda.
La ausencia de Francisco De Roux SJ, desde junio del 2022, fecha en la que se entregó el informe final de la Comisión de la “Verdad”, la han sentido, especialmente, los degenerados y depredadores sexuales. El capítulo de violencia sexual en el conflicto colombiano, por ejemplo, es un tema que incomoda a los jefes de las FARC y los enfrenta con la JEP, algo que en otros tiempos, el cura De Roux SJ, con su enorme poder, no hubiera permitido que se abriera ese capítulo.
Tampoco, a pesar de la presión ejercida por los burócratas del gobierno del cambio, Alfonso Prada y Néstor Osuna, han logrado legalizar y naturalizar el incesto, paso previo para la legalización de la pedofilia en Colombia. Hace falta el empujoncito de De Roux SJ. Así mismo, muy seguramente, De Roux SJ, ya hubiera eliminado la resistencia al acuerdo del senador Iván Cepeda con el ELN, en el sentido de darles permiso de raptar niños desde los 15 años.
En Sierra Vista, Arizona, el hoy presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la pena de muerte para los narcotraficantes y los delincuentes involucrados en el tráfico sexual de menores. Justo, a la semana del triunfo arrollador del presidente Trump, la JEP, después de casi una década de no haberse pronunciado al respecto, sale a imputar a seis integrantes de la cúpula de las FARC, tras haber sido encontrados como responsables de atroces crímenes de guerra contra menores de edad.
El entonces presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, el periodista Herbín Hoyos (QEPD), pudo probar que, en los años comprendidos entre 1990 y 2016, desaparecieron 39.700 niños colombianos que habían sido raptados por las FARC.
La JEP, modificó la cifra, la bajó a la mitad, y dijo que entre 1971 y 2016, las FARC habían “reclutado”, no desaparecido, a 18.677 niños. No deja de ser inquietante, que los asistentes a las fiestas organizadas por P. Diddy, odien al presidente Donald Trump y que los encargados de suministrar a los niños para esas fiestas, estén huyendo. Ellos, Evo Morales e Iñigo Errejón, deben añorar, también, la protección de Francisco De Roux SJ.
