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Los privilegios ante la justicia se oponen a la confianza en las instituciones

por El Expediente
agosto 29, 2021
en Opinión
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Por: Álvaro Uribe Vélez

Integrantes de Farc no van un día a la cárcel y están en el Congreso a pesar de delitos como el secuestro y violación de niños. Un ciudadano que se robó una bicicleta, hecho grave, que haya sido condenado no puede ser elegido. Unos son premiados con impunidad total y otros no tienen la segunda oportunidad que tanto se alega. Se rompe un principio de la justicia: a iguales hechos iguales consecuencias.

El proyecto propone que por una vez se otorgue la oportunidad que condenados y procesados por hechos hasta la fecha que se defina, puedan ser elegidos y tengan un descuento carcelario con excepción de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, delitos de competencia de la Corte Penal Internacional y corrupción en la contratación pública. El reincidente perdería el beneficio y tendría una pena agravada.

Cuando el No ganó el Plebiscito, propusimos para el Pacto Nacional desechado que por lo menos se aplazara la llegada de Farc al Congreso hasta que cumplieran la desconcertante sanción con que los premió La Habana.

Para eventuales desmovilizaciones de grupos criminales se propone que en lugar de impunidad absoluta se rijan por la ley 975 de 2005 que para los delitos mencionados, establece cárcel entre 5 y 8 años y no permite elegibilidad.

También se propone que esta ley 975 de Justicia, Paz y Reparación, se pueda utilizar frente a quienes se desmovilizaron entre 2002 y 2010 y por alguna razón, extradición por ejemplo, no se ha aplicado.

Para los integrantes de las Fuerzas Armadas hacemos dos propuestas: Una sala con jueces imparciales en la JEP y que quienes hayan estado o lleguen a estar 5 años en la cárcel, puedan obtener libertad condicional. Se permitiría que la persona que no reconozca el hecho criminal que se le asigna pueda dar una versión de buena fe, que contribuya a la verdad, y no auto incriminatoria.

Resalto: quien haya causado daño tiene que reparar a las víctimas y pedir perdón como lo exige la ley 975.

Es dañino a la convivencia justificar los delitos de unos, darles total impunidad y desconocer a los demás ciudadanos que quieran resocializarse.

No olvidemos: superar pobreza, apoyar a la empresa privada, Estado austero, sin corrupción, disminución del Congreso como ejemplo, evitar estigmatizaciones que generan odio y riesgos a la vida. Busquemos un acuerdo para superar estos agudos desequilibrios judici

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