Por: El Expediente
Pocos contratos del Estado colombiano tocan la vida cotidiana de tantas personas como el Acuerdo Marco para el suministro, adquisición y dispensación de medicamentos: es el mecanismo a través del cual una parte muy significativa de los medicamentos que reciben los colombianos afiliados al sistema de salud llega efectivamente a las EPS, las IPS y, en últimas, a los pacientes. Por eso, cuando el Equipo Élite Anticorrupción revisó, durante el proceso de empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella, la segunda generación de ese Acuerdo Marco —administrado por Colombia Compra Eficiente y con cerca de $3 billones de pesos en juego—, cualquier falla identificada dejaba de ser un asunto meramente administrativo para convertirse en un asunto que puede afectar directamente el acceso a medicamentos de millones de personas.
Cuatro fallas que el Equipo Élite encontró en un proceso de $3 billones
La auditoría realizada durante el empalme permitió identificar y poner en conocimiento de los órganos de control cuatro tipos de falencias contractuales en el proceso. La primera es la inexistencia de documentos tipo, es decir, la ausencia de los formatos estandarizados que la ley exige precisamente para garantizar que todos los proponentes compitan bajo las mismas reglas claras y verificables, sin espacio para interpretaciones ambiguas que puedan favorecer a unos oferentes sobre otros.
La segunda falla identificada es la exclusión de poblaciones vulnerables del diseño del proceso, un hallazgo particularmente delicado tratándose de un contrato cuyo objeto final es garantizar el acceso a medicamentos, precisamente el tipo de servicio que debería diseñarse pensando primero en quienes más lo necesitan.
La tercera y la cuarta falla son de naturaleza más técnica pero igualmente relevantes: el Equipo Élite encontró anomalías en el cronograma del proceso —el tipo de irregularidad que en otros casos revisados durante el empalme ha estado asociada a reducir artificialmente el tiempo disponible para que los interesados preparen y ajusten sus ofertas— y la ausencia de garantías financieras de entidad, es decir, la falta de los respaldos económicos que normalmente exige este tipo de contratación pública para asegurar que quien resulte adjudicatario tenga la capacidad financiera real de cumplir con un compromiso de esta magnitud.
La respuesta: control fiscal preventivo antes de que arrancara la ejecución
Frente a estos hallazgos, el Equipo Élite no esperó a que el Acuerdo Marco entrara en ejecución para actuar. Solicitó formalmente a la Contraloría General de la República ejercer control fiscal preventivo y concomitante sobre el proceso contractual, un mecanismo que le permite al máximo organismo de control fiscal del país hacer seguimiento en tiempo real a una contratación, en lugar de esperar a auditar los resultados después de que el dinero ya se comprometió y, eventualmente, se perdió. El objetivo explícito de esta solicitud fue fortalecer el seguimiento institucional sobre el proceso antes de que comenzara su ejecución, es decir, corregir el rumbo mientras todavía había margen para hacerlo, no después de que el daño, si lo hubo, ya estuviera consumado.
Por qué este caso pesa más que su cifra
A diferencia de otros hallazgos del Libro de la Verdad, donde el problema central es la desviación de recursos hacia un contratista específico o un beneficio particular identificable, el caso del Acuerdo Marco de medicamentos es distinto: aquí lo que está en juego es el diseño mismo del mecanismo a través del cual el Estado colombiano compra, de manera centralizada, los medicamentos que necesitan millones de personas. Si ese diseño tiene fallas —documentos tipo inexistentes, poblaciones vulnerables excluidas del análisis, cronogramas anómalos, garantías financieras insuficientes—, el riesgo no se limita a un sobrecosto puntual: se traslada, en la práctica, a la cadena completa de abastecimiento de medicamentos del país, con el potencial de generar los mismos problemas de desabastecimiento y demoras que ya han afectado a miles de pacientes colombianos en los últimos años. El que la Contraloría haya asumido un rol de control preventivo y concomitante, en lugar de esperar a una auditoría posterior, es en sí mismo un reconocimiento de la gravedad que el Equipo Élite le atribuyó a este hallazgo. Queda ahora en manos de ese ente de control, y del nuevo gobierno, garantizar que un mecanismo del que depende el acceso a medicamentos de una parte significativa de la población colombiana no repita, en su ejecución, las mismas fallas de diseño que quedaron documentadas durante el proceso de empalme
