Iván Velásquez fue ministro de Defensa durante dos años y medio del gobierno de Gustavo Petro y hoy es embajador de Colombia ante la Santa Sede. El 24 de junio, horas después de la divulgación de los audios por Noticias Caracol, publicó un comunicado de cuatro páginas en el que dice no haber tenido conocimiento de los acuerdos del comisionado Danilo Rueda con el Clan del Golfo, niega que el comisionado haya influido en la salida de oficiales y atribuye las decisiones sobre bombardeos exclusivamente al presidente. El comunicado responde lo que se le preguntó. Quedan, sin embargo, varias cosas que el comunicado no abordó.
Un comunicado en X
La declaración apareció en su cuenta de la red X la tarde del 24 de junio, pocas horas después de que Noticias Caracol divulgara los audios. Fue el primer pronunciamiento público de Iván Velásquez sobre la política de paz con el Clan del Golfo desde que dejó el Ministerio de Defensa el 3 de marzo de 2025 para asumir como embajador ante el Vaticano. El comunicado es metódico. Niega haber tenido conocimiento de las negociaciones del entonces comisionado de paz, Danilo Rueda, con el Clan del Golfo, “ni con ningún otro grupo armado ilegal”. Niega que Rueda haya participado o influido en los procesos de evaluación, selección o retiro de oficiales de la Fuerza Pública durante su gestión. Afirma que la autorización para realizar bombardeos era exclusivamente del presidente Petro. Precisa que la suspensión de bombardeos que ordenó en su gestión se limitó a casos en los que se detectara presencia de menores de edad. Destaca, finalmente, una cifra: entre el 7 de agosto de 2022 y el 3 de marzo de 2025 se capturaron, según su comunicado, cinco mil sesenta y tres integrantes del Clan del Golfo.
Lo dicho por el embajador es lo que la prensa colombiana suele llamar, con educación, un deslinde institucional. Lo no dicho es lo que conviene mirar.
Agosto de 2022
El 7 de agosto de 2022, día de la posesión del nuevo gobierno, Iván Velásquez asumió como ministro de Defensa. En cuestión de semanas anunció la suspensión de bombardeos aéreos. La explicación pública fue la dificultad de controlar el daño colateral sobre civiles, particularmente menores de edad. La medida produjo un debate inmediato: la oposición sostuvo que retiraba a la Fuerza Pública su principal vector de neutralización contra grupos como el Clan del Golfo. El gobierno respondió que se trataba de una orden técnica, limitada y reversible. Casi tres años después, el comunicado del 24 de junio repite ese argumento: la suspensión se circunscribió a los casos en que hubiera menores. Los audios divulgados por Caracol sugieren otra cosa. En la grabación del 2 de septiembre de 2022, el comisionado Rueda, sentado en una casa rural del Urabá frente a alias “Jerónimo”, comandante del Clan del Golfo, usó dos verbos que no encajan en la versión de los menores: pidió “desescalar un poquito más” y prometió, según se oye, frenar por completo los operativos. Y los dos primeros años del gobierno —agosto de 2022 a agosto de 2024— no cayó una sola bomba sobre el Clan del Golfo. Esa es la cifra dura.
El ministro en los audios
En las grabaciones, el ministro aparece de dos maneras. La primera es indirecta. Rueda le promete a “Jerónimo” una “decisión de limpieza” en la inteligencia policial, ofrece como muestra de confianza el retiro de tres coroneles clave en DIJIN, inteligencia y antinarcóticos, y le pide al jefe del Clan que le informe qué oficiales desobedezcan la orden de detener operaciones, porque, dice, las decisiones contra esos uniformados las tomará con el ministro de Defensa. El ministro de Defensa, en aquel momento, era Velásquez. La segunda es por nombre directo. En otro tramo, según los reportes de la propia Caracol, Rueda menciona que ya habló con Velásquez sobre el cese de bombardeos. El comunicado del 24 de junio niega rotundamente que esa conversación —si ocurrió como Rueda la describe— se haya traducido en alguna instrucción operativa del comisionado al Ministerio. La pregunta que el comunicado no responde es más sencilla: si Rueda mintió en la grabación al decir que había hablado con el ministro, ¿lo dijo solo para impresionar al cartel? Y si no mintió, ¿de qué hablaron?
Cinco mil sesenta y tres
La cifra que el embajador destacó en su comunicado es de manejo técnico delicado. Cinco mil sesenta y tres integrantes del Clan del Golfo capturados, según él, entre agosto de 2022 y marzo de 2025. La cifra es alta. También lo son los datos del propio Estado sobre lo que ocurría en paralelo: el cartel pasó, en ese mismo periodo, de cuatro mil sesenta y un hombres en armas a aproximadamente nueve mil novecientos quince. Y de operar en ciento cuarenta y cinco municipios a tener presencia activa en trescientos treinta y ocho. Capturar a cinco mil hombres mientras la organización dobla su pie de fuerza y duplica su huella territorial es, en aritmética operativa, capturar lo que la organización repone con holgura. El comunicado del embajador no se mete en ese contraste. Es una omisión legítima: los comunicados defensivos no destacan las cifras adversas. La función del comunicado es deslindar, no auditar. La función del lector es hacer la pregunta que el comunicado no obliga a hacer.
Las órdenes vienen del Despacho
Hay un paso adicional del comunicado que merece atención. El embajador precisa que la autorización para realizar bombardeos era exclusivamente del presidente Petro. La afirmación es jurídicamente correcta: en el régimen constitucional colombiano, el Comandante en Jefe de la Fuerza Pública es el presidente, y las decisiones operativas estratégicas se trasladan al Jefe del Estado para ratificación. Pero la operación cotidiana del Ministerio de Defensa no se mueve con la lentitud que esa precisión sugiere. La autorización presidencial llega tras una recomendación técnica del ministro, del Comando Estratégico y del Comando Conjunto. El comunicado no contradice ese punto. Y no lo contradice porque no lo aborda. El reparto de responsabilidad que el comunicado propone es elegante: las suspensiones que llamaron la atención de la opinión pública —no bombardear— eran orden presidencial; las capturas que el comunicado destaca como mérito —cinco mil sesenta y tres— eran, en cambio, decisión del Ministerio. Es una arquitectura argumentativa que distribuye los logros hacia el embajador y los costos hacia el palacio. Funciona en redes sociales. Funcionará menos en una pizarra de fiscales.
Diez de octubre de dos mil veintitrés
Hay una fecha que el comunicado del 24 de junio no menciona. El 10 de octubre de 2023, en el Ministerio de Defensa, se celebró una reunión con cuatro participantes: el ministro Iván Velásquez; la jefa de contrainteligencia de la Policía, coronel Julie Ruiz; y los fiscales Andrés Marín y Leonardo Quevedo. Los dos fiscales llegaron a presentar pruebas de la infiltración del contrabandista Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, en el Ministerio de Defensa y en la Dirección de Inteligencia de la Policía. Horas después de esa reunión, según el material judicial divulgado por medios colombianos, un oficial de Policía de apellido Nocua se enteró del contenido de la diligencia. Cinco semanas después, Papá Pitufo abandonó Colombia rumbo a España antes de que los fiscales pudieran obtener una orden de captura formal en su contra. El exdirector de Interpol en Colombia denunció públicamente que la mayoría del personal asignado al caso fue trasladado a regiones donde Marín Buitrago tenía influencia.
Iván Velásquez negó haber filtrado información. Su argumento, en febrero de 2025, fue legalmente correcto: no se podía filtrar lo que no era objeto de orden de captura todavía. La explicación cierra el reproche por el tipo penal estricto pero deja abierta una pregunta que también es procesal: ¿cuántas reuniones técnicas con la Fiscalía sobre infiltración en el Ministerio sostuvo el entonces ministro mientras estuvo en el cargo, y en cuántas de ellas el objeto del expediente coincidió, después, con una salida del país? Una sola coincidencia se llama incidente. La estadística empieza con la segunda.
Dieciséis millones que no aparecen
El segundo expediente que el comunicado no menciona también lleva firma. El 31 de diciembre de 2024, último día calendario antes de la salida del ministro, el Ministerio de Defensa firmó con la empresa Vertol Systems un contrato por treinta y dos millones cuatrocientos mil dólares estadounidenses para poner operativos diecinueve helicópteros MI-17 del Ejército, de fabricación rusa, que llevaban meses en tierra. El Ministerio entregó como anticipo dieciséis millones de dólares. La Contraloría General de la República advirtió, meses después, que existía un “riesgo extremadamente alto” de que esa suma se perdiera. La Procuraduría abrió investigación contra el actual ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y contra el exministro Iván Velásquez por presuntas irregularidades en la contratación. La Red de Veedurías de Colombia denunció ausencia de entrega de repuestos, falta de cronogramas y registros faltantes. El comunicado del 24 de junio no menciona el contrato, lo cual es de esperarse; el comunicado responde a los audios de Caracol, no a las preguntas pendientes del MI-17. Conviene, sin embargo, que conste: el ministro que dice que no supo de las negociaciones con el Clan firmó, su último día en el cargo, un contrato millonario con un proveedor extranjero cuyo cumplimiento todavía está bajo lupa fiscal.
Una sombra antigua desde Guatemala
El nombre del embajador no es desconocido para las fiscalías que persiguen corrupción transnacional. Iván Velásquez fue, entre 2013 y 2019, comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, donde lideró expedientes contra dos presidentes consecutivos y contra estructuras de corrupción de alto nivel. Esa trayectoria le valió reconocimiento internacional. También le ganó enemigos poderosos. En 2019, la prensa española publicó que el nombre del comisionado aparecía en las anotaciones del excomisario José Manuel Villarejo —investigado por corrupción en España— en el contexto de gestiones para frenar la extradición del empresario español Ángel Pérez-Maura, vinculado al caso TCQ (Terminal de Contenedores Quetzal). La CICIG desmintió categóricamente cualquier reunión y la Policía española no encontró videovigilancia que confirmara el contacto. El episodio se cierra como una sospecha sin sustento. Pero deja constancia de algo que importa para esta historia: cuando una fiscalía federal estadounidense empieza a tirar de un hilo, los expedientes europeos que mencionan a un funcionario también se descargan.
Las delicias del cargo
Iván Velásquez se posesionó como embajador de Colombia ante la Santa Sede el 24 de junio de 2025, justo un año antes del día en que Caracol publicó los audios. La embajada ante el Vaticano es, en el escalafón del servicio exterior colombiano, una de las plazas más cotizadas. Tiene residencia oficial en una de las ciudades históricamente mejor conservadas del mundo, sueldo diplomático con gastos de representación, exención de impuestos italianos sobre la mayoría de los ingresos diplomáticos, vehículo oficial, personal de apoyo administrativo, asignación de viáticos para acompañar a la delegación colombiana ante los organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma —la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, el FIDA—, agenda cultural permanente vinculada a las festividades vaticanas, acceso protocolar a la curia romana y, sobre todo, a la Secretaría de Estado de la Santa Sede. La oficina queda a quince minutos a pie de la Plaza de San Pedro. La rutina del cargo, en condiciones normales, combina diplomacia confesional, gestiones consulares con la comunidad colombiana en Italia y la atención de visitantes oficiales que pasan por Roma camino de otros destinos. No hay órdenes de captura por escribir, no hay operaciones militares por autorizar, no hay contratos de mantenimiento de helicópteros por firmar. Lo que la diplomacia vaticana le ofrece a un exministro con dos expedientes abiertos, en términos coloquiales colombianos, es la posibilidad de pasar sin tocar aro.
El detalle técnico es relevante. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 reconoce a los agentes diplomáticos inmunidad de jurisdicción penal y civil en el Estado receptor; pero, más importante para esta historia, en el Estado acreditante la condición de funcionario en misión oficial dificulta el llamado a indagatoria por hechos administrativos del periodo anterior, suspende plazos procesales en algunas vías y exige trámites de notificación que pueden alargar meses cualquier diligencia. La jurisdicción del Vaticano, por su parte, no extradita por delitos administrativos colombianos. Y la cooperación judicial entre la Santa Sede y los Estados Unidos en materia de funcionarios diplomáticos extranjeros es, históricamente, lenta y selectiva. Roma no es solo distancia geográfica; es distancia procesal. Eso lo sabe cualquier abogado penalista que haya manejado un caso de funcionario público trasladado al servicio exterior. Es información elemental. Es, también, una decisión administrativa enteramente legítima del Gobierno saliente.
Roma mira a Bogotá. Manhattan también
La diplomacia del Vaticano no es trinchera operativa: no hay inteligencia satelital, no hay tropas, no hay órdenes de captura. Lo que hay es archivo, distancia y silencio. Para un exministro de Defensa que enfrenta dos expedientes —MI-17 ante la Procuraduría y, ahora, las preguntas que abren los audios de Caracol—, la embajada ante la Santa Sede ofrece lo que pocas embajadas pueden ofrecer: una jurisdicción que no extradita, una agenda que no obliga a regresar y un cardenal que no tiene fiscales. Pero Roma no es el único punto que mira a Bogotá. Manhattan y Brooklyn también lo hacen. Las dos fiscalías federales que en marzo de 2026 abrieron cuadernos sobre el entorno del presidente colombiano por presuntos vínculos con el narcotráfico revisan, por método, a todo el círculo que firmó decisiones operativas durante el periodo bajo escrutinio. La revisión, en jerga federal, se llama background sweep. Es rutina. No es noticia que ocurra. Sería noticia que un exministro de Defensa de un gobierno cuyo presidente está designado por la DEA como priority target no estuviera en una de esas pizarras.
El catálogo de hipótesis es el mismo que en el reportaje principal: la sección 2339B del Título 18 sobre apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras, activada por la designación del Clan del Golfo como FTO el 16 de diciembre de 2025; la conspiración para importar sustancias controladas; obstrucción a la justicia; lavado por conducta de servidor público. La aplicación de cualquiera de esas categorías a un ministro de Defensa requiere, como mínimo, dos elementos probatorios concurrentes: conocimiento de la cooperación con la organización designada, y conducta de ejecución, omisión o asesoramiento técnico que la favorezca. El comunicado del 24 de junio niega el primer elemento. La fiscalía federal estadounidense, cuando construye un caso, no acepta la negación del propio investigado como prueba de nada. Acepta documentos, comunicaciones, testimonios cruzados. El expediente todavía no existe. Si llegara a existir, su materia prima ya está. Está en las cifras de capturas que el ministro destacó. Está en el contrato MI-17. Está en la reunión del 10 de octubre de 2023. Está en los audios.
Las preguntas que quedan
El comunicado del 24 de junio responde lo que se le preguntó. No es poco. Pero deja en pie una lista corta de preguntas que la prensa, la Procuraduría, la Fiscalía colombiana y eventualmente los fiscales de Manhattan y Brooklyn están en plena facultad de formular. ¿De qué habló el ministro con el comisionado de paz cuando hablaron, según los audios, de los bombardeos? ¿Cuántas reuniones técnicas con la Fiscalía sobre infiltración en el Ministerio sostuvo durante su gestión, y cuántas precedieron a una salida del país de personas señaladas en esos expedientes? ¿Cómo se firmó, en el último día calendario antes de su salida, un contrato por treinta y dos millones de dólares con un proveedor extranjero cuyo cumplimiento ya estaba en duda? ¿Y cuántos de los cinco mil sesenta y tres capturados que el comunicado destaca fueron reposiciones del propio cartel mientras la operación aérea estaba detenida?
El ministro dice que no supo. El embajador, hoy, lo repite. La distancia entre lo que dice y lo que el archivo eventualmente diga es la distancia que separa, en este oficio, un comunicado de una declaración. La diferencia entre las dos la mide, finalmente, quien firma el oficio que cita. Y quien firma el oficio que cita no es, en estos casos, el comunicante.
Gustavo Rugeles
