Por: El Expediente
Bogotá, 7 de noviembre de 2025.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) abrió el proceso de contratación PSA-UNP-087-2025 para contratar empresas de vigilancia privada que protejan a personas con riesgo extraordinario o extremo en seis zonas del país.
El contrato fue publicado el 22 de octubre en el portal SECOP II de Colombia Compra Eficiente y tiene un presupuesto de novecientos ochenta y cinco mil novecientos noventa y cinco millones trescientos cuarenta y seis mil doscientos sesenta y dos pesos ($985.995.346.262,00), incluidos AIU e IVA.
En apariencia, todo luce normal en esta licitación cercana al billón de pesos del presupuesto general de la nación.Pero al revisar el borrador de pliegos publicado por la entidad surgen detalles que, aunque parecen abrir la puerta a cualquier empresa para que presente oferta, en realidad bajan drásticamente los requisitos y abren camino a una firma en particular, una que hoy está investigada, sancionada y en proceso de extinción de dominio por vínculos con grupos ilegales.
Uno de los cambios más evidentes está en la experiencia exigida. El pliego dice que se requiere acreditar el 30 % del valor del contrato con la ejecución de 15 contratos previos. Sin embargo, en la tabla de requisitos ese 30 % no se calcula sobre el valor total del contrato, sino solo sobre el presupuesto del primer mes de ejecución, diciembre de 2025.
Tomemos como ejemplo la Zona 3, cuyo valor total es de $188.316.653.428,00 (página 22 del prepliego). El presupuesto de diciembre es de $17.958.250.510,00. El 30 % de esa cifra da $5.387.475.153,00, equivalente a apenas 3.784,67 salarios mínimos mensuales. Si el cálculo se hiciera sobre el total, como sería lógico, la experiencia debería sumar $56.494.996.028,00.
En la práctica, lo que piden como 30 % termina siendo solo el 2,9 %. Así, cualquier empresa con contratos pequeños y sin experiencia real en esquemas de protección de alto riesgo puede participar en un contrato multimillonario.
Otro punto crítico es la no exigencia de documentos de las armas que se ofertarán. Según observaciones presentadas por la Empresa Superior Ltda., los proponentes pueden subsanar esos soportes después de presentar la oferta.
Algo idéntico ocurrió en 2023: una empresa ofertó en cuatro zonas sin tener una sola arma registrada, subsanó documentos solo en la zona donde le convenía ganar y se llevó el contrato, porque la UNP había publicado las ofertas de la competencia, permitiendo al favorecido elegir dónde cumplir.
Adquirir pistolas legales es un proceso largo y riguroso, con requisitos exigentes ante la Superintendencia de Vigilancia. Con este mecanismo, un proponente previamente seleccionado puede ofertar en todas las zonas solo con una promesa, sabiendo que después le facilitarán elegir el grupo donde le alcancen las armas.
Si le asignan otra zona donde no cumple, obligan al operador actual a quedarse mientras el nuevo consigue el armamento en los famosos “plazos de transición”. Es la misma fórmula que se usó al inicio de este gobierno con los vehículos convencionales: cambiaron la exigencia de tarjetas de propiedad por cartas de compromiso del representante legal.
El resultado fue caos, demandas cruzadas, incumplimientos, falta de pago a proveedores y riesgos para los protegidos, un problema que persiste hasta hoy.La empresa que encaja perfectamente en este pliego a la medida es Pretorian Security Ltda., NIT 901238797-2, representada legalmente por Carlos Fernando Casas Gómez, cédula 79.719.392.
Esta firma está señalada de haber facilitado la fuga de alias Matamba, según la delación del llamado “narco-chofer”, quien detalló cómo integrantes de la banda, entre ellos exparamilitares, fueron capturados tras carnetizarse como escoltas.
Pretorian está intervenida por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en proceso de extinción de dominio y sancionada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. A pesar de todo, sigue prestando servicios a la UNP en unión temporal con la multinacional Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Limitada.
Lo que hace más grave el caso es que el hermano del representante legal, Óscar Andrés Casas Gómez, junto con Juan David Casas Bello y Angie Tatiana Casas Suárez, son contratistas directos de la UNP y trabajan de la mano con el secretario general, Juan Camilo Chavarro Marín.
En SECOP II aparecen los procesos CO1.NTC.7402184 para Óscar Andrés Casas Gómez, CO1.NTC.7389028 para Angie Tatiana Casas Suárez y CO1.NTC.7953201 para Juan David Casas Bello.
Mientras tanto, el director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, reconocido por su rectitud y por haber denunciado el caso del narco-chofer y la fuga de Matamba, se encuentra convaleciente tras una cirugía de corazón abierto y, al parecer, no está al tanto de que su equipo directivo, encabezado por el secretario general, podría estar favoreciendo a la misma empresa que él denunció y que motivó la intervención estatal.
Ya en redes sociales, el ex-edil Germán Ricaurte había advertido sobre los vínculos de Pretorian con la UNP en publicaciones del 2025: “El ratón cuidando el queso: la UNP le entregó un contrato de escoltas por 30 mil millones a un consorcio que incluye a Pretorian Security, empresa señalada de tener vínculos con bandas criminales”.
Este pliego no protege vidas; parece diseñado para entregar casi un billón de pesos a una empresa sin experiencia, sin armas y con antecedentes criminales, usando trucos contables, subsanaciones a conveniencia y la ausencia del director.
Si no se corrige, el dinero público terminará financiando a quienes la UNP dice combatir.
Fuentes: SECOP II, resoluciones UNP, comunicados SAE, Fiscalía, SuperVigilancia y denuncias públicas en X.