Por: Gustavo Rugeles – Director de El Expediente
Publicado el 7 de noviembre de 2025
Un país sancionado que celebra su pureza
Colombia celebra hoy, 7 de noviembre, el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, una fecha creada por iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) junto con la Superintendencia Financiera, Asobancaria y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
El objetivo declarado: sensibilizar al país sobre los riesgos del lavado y reforzar los mecanismos de control financiero.
Pero este año, el evento tiene un sabor a óxido. El país que conmemora la lucha contra el lavado tiene a su presidente, su esposa, su hijo y su exembajador designados por la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos bajo la Executive Order 14059, por presunta participación o facilitación de flujos ilícitos vinculados al narcotráfico.
El mensaje que circula hoy en Washington y Bruselas no es el de un país comprometido con la transparencia, sino el de una nación que festeja su inocencia en medio del expediente de su culpabilidad.
El M-19 al mando de la inteligencia financiera
El responsable actual de la UIAF —el organismo que debería blindar al país de sanciones, detectar flujos ilícitos y reportar operaciones sospechosas a la Fiscalía— es Jorge Arturo Lemus, un exguerrillero del M-19 que también dirige la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
En otras palabras: el mismo hombre que formó parte de un grupo armado ilegal hoy maneja simultáneamente la inteligencia del Estado y la inteligencia financiera del país.
En cualquier jurisdicción seria, eso sería una incompatibilidad estructural.
En Colombia, es una política de Estado.
Cuando Lemus asumió el cargo, declaró con desparpajo:
“Mi experiencia en inteligencia proviene del M-19. Fui muy importante en esa estructura, y por eso me vieron los méritos.”
Traducido al lenguaje de cumplimiento global: el sistema antilavado colombiano está dirigido por alguien que se formó violando la ley.
Esa frase, pronunciada sin rubor, recorre hoy las oficinas de FinCEN, GAFILAT, FATF y OFAC como una pieza de evidencia cultural: el Estado colombiano ha normalizado el conflicto de intereses como doctrina administrativa.
⚖️ Tres sombreros, un conflicto
Jorge Lemus acumula tres posiciones estratégicas:
1. Director Nacional de Inteligencia (DNI) —el cerebro de contrainteligencia civil.
2. Director (e) de la UIAF —la entidad que coordina con la red Egmont y las FIUs globales.
3. Consejero directo de seguridad presidencial —un rol político al servicio del sancionado Gustavo Petro.
Ese triángulo convierte a Lemus en supervisor, regulado y subordinado del mismo poder que debería vigilar.
El conflicto no es teórico: la UIAF debe reportar a la OFAC y a las FIUs aliadas cualquier indicio de flujo financiero vinculado con los designados SDN. Pero su director responde jerárquicamente al principal SDN del país: el Presidente.
En cumplimiento, eso tiene un nombre: autocontaminación institucional.
En psicología política, tiene otro: disonancia moral crónica.
El teatro de la prevención
Hoy, en los auditorios de la Superintendencia Financiera y los hoteles de Bogotá y Medellín, decenas de funcionarios públicos y banqueros escuchan conferencias sobre “riesgo reputacional” y “convergencia regulatoria”.
Aplauden ponencias de expertos internacionales que hablan de trazabilidad, beneficiarios finales y cooperación con la OFAC. Lo hacen sabiendo que el Estado que los convoca figura en la lista de sancionados por esa misma autoridad.
En su mente, los organizadores procesan un dilema esquizofrénico: deben sonreír ante la prensa, repetir el discurso de “cultura de cumplimiento” y fingir que el sistema funciona, cuando internamente saben que su líder político es un blocked person.
Para los analistas internacionales, ese espectáculo raya en el absurdo. La prevención no se celebra: se practica.
Y Colombia, en este momento, la está representando como teatro.
Desde la mirada OFAC
En el ecosistema del cumplimiento sancionatorio global, lo que ocurre hoy se observa como una fractura estructural del riesgo país.
Un Estado sancionado por el Tesoro de EE. UU. que conserva acceso a las redes bancarias, sigue participando en foros AML/CFT y celebra su propio día antilavado.
Para la OFAC y FinCEN, eso equivale a una falla sistémica de supervisión.
Para los bancos corresponsales norteamericanos, una alerta roja de de-risking: si no pueden confiar en la FIU local, restringen líneas de crédito y cortan corresponsalías.
Y para los organismos multilaterales, una paradoja diplomática: la misma Colombia que dicta conferencias sobre transparencia está bajo investigación por opacidad en sus más altas esferas.
La psicología de los participantes
Lo que domina hoy en los salones del “día de la prevención” no es convicción, sino negación colectiva. Los funcionarios se repiten entre sí que el lavado es un enemigo abstracto —el narcotraficante, el cambista, el banco rural— mientras el verdadero problema está en la cúpula.
Los panelistas internacionales evitan mencionar a Petro, y los diplomáticos sonríen con prudencia calculada, sabiendo que cualquier palabra mal dicha podría ser interpretada como una alusión directa a un SDN.
El resultado es una atmósfera tensa, psicológicamente fracturada, donde todos saben la verdad pero nadie puede decirla.
Así se ve el miedo institucional: elegante, con PowerPoint y micrófono.
Conclusión: el lavado al oído del poder
Así se cierra el círculo: el jefe de la inteligencia del Estado es el confidente personal del sancionado, el hombre que garantiza que la Casa de Nariño no sea interceptada, y el mismo que coordina mesas de negociación con grupos ligados al narcotráfico en nombre de la “paz total”.
Jorge Lemus, abogado, exguerrillero del M-19 y ahora director de la DNI y de la UIAF, es la encarnación de la paradoja nacional: el guardián del secreto financiero y político de un gobierno bloqueado por el Tesoro de los Estados Unidos.
En cualquier democracia sólida, un perfil así sería motivo de crisis institucional; en Colombia, se convierte en mérito de confianza presidencial.
Lemus no solo escucha las grabaciones de los demás: escucha el pulso del dinero, las fugas del poder y los silencios del presidente.
Desde el punto de vista de la comunidad internacional, es el peor escenario posible: un país sancionado que pone al vigilante del lavado a negociar con los lavadores.
Mientras en los salones de los hoteles se aplauden discursos sobre “ética corporativa” y “cultura de cumplimiento”, en la cúspide del Estado colombiano el cumplimiento se define en susurros, sin actas, sin filtros y sin vergüenza.
Y así, en el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, Colombia celebra no su inocencia, sino su capacidad de encubrirla.