Por: Andrés Villota Gómez
El Régimen, cómo le decía Álvaro Gómez Hurtado a la minúscula élite colombiana, que lo asesinó por denunciarlo, ha sido incapaz de reflexionar y de asumir una posición crítica frente a su proceder, que genera una brecha enorme entre la realidad que viven los colombianos de bien y la agenda oculta de la minoría de privilegiados que se lucra de su posición dominante al interior de la sociedad.
Hitos históricos recientes, como el acuerdo de paz suscrito entre las FARC y Juan Manuel Santos, son ejemplo de esa enorme desconexión entre la élite que concentra el poder y la mayoría de los colombianos que no puede superar episodios horrendos, ante la ausencia total de justicia y de reparación a las víctimas que, a pesar de todos los crímenes cometidos y de todo el daño causado, sus victimarios siguen pavoneándose con total impunidad, por la calle, sin pudor alguno.
La otra explicación, menos creíble, es que la opinión pública colombiana tiene amnesia. Solo eso explica que, personajes siniestros para la Colombia contemporánea, como Álvaro Leyva y Eduardo Montealegre, sigan siendo considerados como actores válidos en el espacio político y sigan causando daño a la sociedad colombiana, desde su lugar de retiro forzoso de la vida pública formal.
No son los únicos. Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, también, a pesar de los enormes cuestionamientos sobre su gestión y de los casos de corrupción ocurridos durante sus mandatos y de todas las consecuencias funestas de sus decisiones, como la de Santos al reconocer a Palestina minutos antes de abandonar la Casa de Nariño, siguen, tan campantes, pontificando y manteniendo el control sobre el acontecer colombiano, a la vez que conservan grandes cuotas burocráticas en el actual gobierno nacional y en los diferentes gobiernos regionales.
Una periodista que entrevistó a los líderes del grupo terrorista FARC, en el siglo pasado, relató que le había llevado de regalo a los terroristas, unas botellas de aguardiente que, cuando fueron entregadas a los jefes, se rieron y le dijeron a la periodista que ellos, allá, en la mitad de la jungla, solo tomaban champaña Dom Perignon.
En un momento en el que era prohibida la importación de licores a Colombia y que no se encontraba champaña de esa marca, ni en las más exclusivas tiendas de víveres, en la mitad de la selva colombiana, los terroristas de las FARC, gozaban del suministro periódico de tan espumosa bebida.
Desde siempre se ha dicho, en los corrillos, que Álvaro Leyva era el intermediario entre la aristocracia bogotana, venida a menos cómo él, y los grupos terroristas que, cuando se convirtieron en un poderoso cártel del narcotráfico y asumieron el control de las economías ilegales, casualmente, desde la muerte de Pablo Escobar, se convirtieron en sus «socios».
Eso explica, por ejemplo, la falta de voluntad política para que uno de los mejores ejércitos del mundo, por su conocimiento y experiencia en el combate de guerrillas, no haya sido capaz de vencer, durante 60 años, a grupos de analfabetas mal equipados e ignorantes en tácticas de guerra.
También, explica la suficiencia con la que sus idiotas útiles, decían que era imposible, por la vía militar, derrotar a los grupos narcoterroristas. Por eso, cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez, decidió combatir de manera frontal a los cárteles del narcotráfico de las FARC y el ELN, Álvaro Leyva, fue uno de los primeros en cuestionar y oponerse a las acciones militares y empezar a condenar al presidente Uribe, tildándolo de “paramilitar”, a él y a su familia.
La Operación Anorí, en la que el Ejército de Colombia, exterminó al grupo terrorista del ELN, también demostró que se podía derrotar militarmente a los terroristas. Sin embargo, los sobrevivientes de esos combates, fueron encarcelados y, posteriormente, dejados en libertad por el presidente Alfonso López Michelsen, otro aristócrata bogotano venido a menos, que tuvo fama de protector, también, de las estructuras mafiosas.
Otro ser idéntico a Leyva que, hasta el día de su muerte, opinó sobre la política colombiana y defendió, a capa y espada, el diálogo con los terroristas, muy por encima de combatirlos militarmente.
Álvaro Leyva ha participado, casualmente, en absolutamente todos los procesos de paz ocurridos en Colombia desde el siglo pasado. Y su mayor obsesión, en los últimos procesos, ha sido obtener la libertad de Ricardo Palmera Pineda, alias “Simón Trinidad”, un aristócrata de tierra caliente, que está preso en Estados Unidos, entre otras cosas, porque cuando era banquero en un pueblo del norte de Colombia, era miembro de las FARC y se dedicaba a secuestrar a sus clientes para cobrarles de rescate, lo que él les administraba en sus cuentas bancarias a sus amigos del Club Valledupar.
Eduardo Montealegre, un abogado de extracción humilde, tuvo una carrera burocrática express que combinó de manera intermitente con la actividad privada en su oficina de abogados, en abierto conflicto de interés, haciendo uso de las múltiples conexiones en el medio judicial colombiano, creadas en su actividad burocrática como vice procurador, magistrado de la Corte Constitucional y fiscal general de la nación.
Siendo fiscal general de Colombia, Montealegre, convirtió a la fiscalía en una Gestapo, al servicio del proceso de paz de Santos con las FARC. No solo persiguió a los opositores al gobierno de su jefe y al proceso de paz, sino que trató de naturalizar los delitos de las FARC para sacarlos del código penal colombiano o relativizar la gravedad de los delitos, de acuerdo al que los cometiera.
Montealegre, fue uno de los artífices del sistema de justicia transicional (JEP) que, desde su creación, se sabía, era una oda a la impunidad de las FARC y un mecanismo perverso de persecución a las víctimas de las FARC y de todos los que, en su momento, trataron de defenderse de la acción asesina de los miembros de las FARC.
Ese par de bribones, entonces, con semejante prontuario a cuestas, son los encargados de pisotear a la institucionalidad colombiana, usando al Acuerdo de Paz con las FARC, para redactar una nueva constitución para Colombia, saltando los mecanismos que existen para modificar la carta magna. Saben que, si lo hacen con el procedimiento establecido, jamás lograrían el apoyo del constituyente primario.
No es gratuito que Gustavo Petro llamara a Leyva & Montenegro para que violaran la Constitución y la ley, porque es su especialidad. Y los colombianos, mientras tanto, sometidos, otra vez, a las artimañas de este dúo de personajes siniestros, obsesionados con hacerle daño a una sociedad condenada, al parecer, a su presencia indeseable.
