Si la contabilidad oficial de la campaña Santos 2014 tiene inconsistencias que están buscando desaparecer, como cuenta Vicky Dávila en su columna en Revista Semana; la Fundación Buen Gobierno fue la caja negra de los dineros percibidos por fuera del marco legal para conseguir la reelección en 2014. Sus asientos contables, registros y demás documentación, corren la misma suerte que la contabilidad de la campaña. La orden es proteger a Martín y desaparecerlo todo.
Juan Manuel Santos, empeñado en conseguir su reelección con las impopulares banderas de la paz; sabía que la campaña se ganaba con plata. Desde mediados de 2013 reactivó su ‘think tank’ y le delegó el mando a un equipo integrado por el general Óscar Naranjo, el entonces exministro Germán Vargas, el consejero Juan Mesa y la embajadora ante la ONU María Emma Mejía. La primera avanzada o comando de su campaña camuflada en Buen Gobierno.
La fundación se convirtió en el vehículo de su temprana aspiración y luego de la configuración de su equipo y políticas de gobierno ya bajo la dirección ejecutiva de Martín Santos. No había nadie de más confianza que pudiera estar en ese cargo que su primogénito.
‘La orden es proteger a Martín’.
El turbio manejo de Buen Gobierno debía quedar en secreto. La orden de Santos, que sabía que esa línea podía conducir a su hijo, fue desaparecer cualquier rastro, destruirlo todo. Tal cual está ocurriendo.
El Expediente recibió información de distintos empresarios –que pidieron confidencialidad- y que habrían contribuido a la campaña presidencial a través de aportes a la Fundación Buen Gobierno y a cuentas en el exterior.
Indagamos en la Cámara de Comercio de Bogotá y en la Subdirección de Personas Jurídicas de la Alcaldía Mayor, y nos enteramos que la Fundación Buen Gobierno ya no existe.
Desde finales de 2018 su máximo jefe, Juan Manuel Santos, ordenó proceder con su inmediata liquidación. Tampoco reposa registro público de sus archivos, o de su contabilidad y hasta su página de internet, mandaron a desaparecer: www.buengobierno.com
Lo único que se sabe es que su último representante legal fue Nicolás Ávila Vanegas, quien una vez de desaparecida la fundación buen gobierno terminó premiado como primer secretario adscrito a la Misión de Colombia ante la ONU, cargo oficializado mediante el decreto 1386 del 2018 firmado por la entonces Canciller María Ángela Holguín.
