Por: Laura Caicedo
Como es habitual en sus redes sociales, el Senador Gustavo Petro haciendo alarde de una autoridad ética de la que carece, viene actuando como máximo inquisidor, y se ha dedicado a señalar a sus oponentes políticos de cuanta presunta conducta non sancta se le ocurre y, de la que se arroga tener el derecho a juzgar. Con afirmaciones tendenciosas manipula y empuja a sus seguidores a atacar con insultos, ofensas, difamaciones y etiquetas a quienes son objeto de sus juicios.
Sus fanáticos en Twitter se autorreconocieron como los de #LaBandaDelPajarito a raíz de un artículo de la periodista Vicky Dávila publicado por la Revista Semana, en el que ella, sin remitente alguno, describe el perfil de los individuos que conforman las hordas rabiosas que actúan en las redes, y como consecuencia, la comunidad de la Colombia Humana hizo gala de su odio con el más enconado y virulento matoneo contra la comunicadora, dándole la razón a la denuncia en su columna. Esto me llevó a revisar, así por encimita el pasado y presente criminal de este autoproclamado adalid de la decencia, para constatar si tiene los méritos morales y éticos para actuar como un juez sin tacha.
El historial criminal de Gustavo Petro comienza a temprana edad, con tan solo diecisiete años se vincula a la guerrilla del M-19, organización delincuencial urbana fundada por ex militantes de las Farc, y célebre por ser responsable de la mayor cantidad de secuestros ocurridos en Colombia desde su creación hasta 1990; según el Centro Nacional de Memoria Histórica secuestraron a 557 personas. Se especializaron en extorsión y secuestro, delitos que la mayoría de las veces tenían consecuencias fatales para sus víctimas, numerosas personas chantajeadas que no pudieron pagar lo exigido y secuestrados en cautiverio fueron asesinados, la deshumanización de esta organización criminal llegó a tal extremo, que asesinó a muchos de los secuestrados, a pesar de que sus familias pagaron los rescates para que recobraran su libertad, entre ellos niños. Las víctimas del M-19 se cuentan por miles y hasta hoy no han recibido reconocimiento, ninguna reparación, y ni tan siquiera una disculpa.
Las atrocidades de ese grupo criminal son muchas, estos sujetos no distinguían entre hombres y mujeres, o niños y ancianos, sus “cárceles del pueblo” se hicieron famosas por sus condiciones infrahumanas e insalubres, y por el mal trato dado a sus víctimas por parte de sus captores, muchos enfermaron y no sobrevivirían para contar su historia, y no se ensañaron solamente con los colombianos, también fueron muchos los empresarios y trabajadores de otras nacionalidades secuestrados, obteniendo enormes dividendos por ellos, hecho que hizo que se permitieran crear empresa privada con las utilidades de este infame “oficio”.
La carrera criminal de Gustavo Petro en el M-19 fue productiva; en pocos años llegó a ser comandante, solo Dios y sus víctimas saben con exactitud cuáles fueron los méritos delictivos de este individuo dentro de su estructura criminal para ascender rápidamente en el organigrama de esta guerrilla; aunque no es difícil suponerlo, el M-19 era una agrupación delincuencial dedicada al crimen urbano y su principal fuente de financiación provenía del secuestro extorsivo, la mayoría de estos delitos ocurrieron en Bogotá y sus alrededores, y es evidente que esta era la zona de influencia del “comandante Aureliano”, alias de Petro en el M-19. Simultáneamente con su carrera criminal en la guerrilla, Petro hizo parte del movimiento ANAPO e incursionó en la política, primero como personero y luego como concejal, actuando en consecuencia con “todas las formas de lucha”, una práctica común de las guerrillas como parte de la estructuración de su estrategia a largo plazo para la toma del poder. Participar en la política de la región le daba acceso a información que podría ser útil para operaciones criminales del M-19, es así como en 1985 es detenido en un operativo del Ejercito, posterior al fallido intento de secuestro del General Rafael Samudio Molina, Comandante del Ejército en aquella época, fue detenido con armas y explosivos, juzgado, condenado y llevado a prisión; curiosamente nadie habla hoy de esa condena.
Gustavo Petro fue capturado trece días antes de la toma del Palacio de Justicia, un golpe de suerte para el guerrillero, incidente que le ha permitido negar su participación en tan atroz hecho, aunque muchos tenemos dudas sobre si Petro fue uno de los autores intelectuales y, si estando libre no habría estado involucrado en ese terrible operativo que terminó en el mayor magnicidio de la historia de Colombia, y es que, por muchos años Petro ha sostenido que durante su militancia, no hizo parte de ningún acto violento o de lesa humanidad, y que él ni tan siquiera blandió un arma mientras perteneció a la guerrilla, historia que contradice su captura el 24 de Octubre de 1985, y en mucho más lo que años después narró el mismo M-19, esta organización afirmó que el comando que irrumpió a sangre y fuego en el Palacio de Justicia, estaba conformado por abogados titulados y estudiantes de derecho, nadie se imaginaría nunca a abogados armados hasta los dientes asesinando a sus profesores Magistrados, y es que así está conformada la militancia del M-19, criminales de muy alto perfil que pueden pasar como personas de bien y, entre ellos hay abogados, economistas, ingenieros, etc. Sí, profesionales de distintas disciplinas, y a su vez, gentes con la capacidad de asesinar sin ningún asomo de culpa, todos ellos eran potencialmente Petros, y de no ser porque fallecieron quienes participaron en el asalto al Palacio de Justicia, hoy dirían sin asomo de vergüenza que eran profesionales del derecho y jamás habían usado un arma.
Petro con la amnistía -de esas que abundan en Colombia para lavar los delitos de estos criminales, que generalmente son propiciadas por cómplices en la sombra actuando desde la legalidad y arropados por una banda presidencial, una curul, un editorial, la docencia, una ONG, una Corte, cualquier espacio del aparato estatal desde donde operan para alinear la máquina del poder, constituyéndose en la perfecta materialización de todas las formas de lucha, allanándole el camino a sus cuadros militares para su transición a agentes políticos, que actúen en favor de la obtención de los objetivos perversos de la organización a la que siempre han pertenecido- se benefició políticamente ocupando cargos diplomáticos, siendo elegido como legislador y alcalde, hoy, por el Estatuto de la Oposición le fue otorgado un escaño en el Senado, un premio de consolación por perder las elecciones presidenciales de 2018, frente al candidato del uribismo, Iván Duque; donde desde su curul, como lo ha hecho siempre, fustiga al Ejército, su enemigo natural; a las instituciones legítimas del Estado, a los oponentes de la lucha armada y a sus contradictores ideológicos haciendo el trabajo de demolición para una lucha que nunca terminó, y que evidentemente él continúa hoy cuando hace sus llamados al caos social en las calles de las ciudades, una lucha que solo se transformó en una guerra fría que tiene como objetivo desestabilizar la institucionalidad y destruir la democracia.
Hace unos meses, nos enteramos que precisamente cuando Petro desarrollaba sus actividades políticas fue grabado recibiendo fajos de billetes, dinero del que todavía no explica satisfactoriamente su procedencia, el ingeniero Juan Carlos Montes Fernández, propietario del video que implica a Petro es un antiguo militante del M-19, hoy está prófugo de la justicia, este individuo fue nombrado funcionario y recibió varios contratos del alcalde Gustavo Petro durante su periodo administrativo en Bogotá. Con posteridad inexplicablemente el partner, funcionario y contratista de Petro es coincidencialmente mencionado por Wilman Muñoz Prieto cuando este es procesado judicialmente por el desfalco de más de once mil millones de pesos a la Universidad Distrital, señalando a Montes como el encargado de recaudar parte del dinero que le robaban a la universidad, y las preguntas son: ¿por orden de quién se le entregaba ese dinero a Montes?, y ¿para entregárselo a quién? ¿Petro estaría implicado en estos hechos? Que Juan Carlos Montes le entregara dinero a Petro y que además recaudara dinero de la Universidad Distrital genera muchas suspicacias que aún no se explican, lo único cierto es que Montes está evadido de la justicia.
Muchos no entendemos cómo un individuo que fue condenado, que según un documento del Ministerio de Defensa firmado por la Directora de Justicia Transicional Diana Isabel Durán Murillo registra que Petro no ha sido amnistiado o indultado, puede participar en política violando la Constitución; ni mucho menos cómo un sujeto que ha sido condenado fiscalmente e inhabilitado por la Procuraduría, por sus malos manejos de los recursos públicos con casi el 90% de la contratación del Distrito incumpliendo la Ley 80 de 1993, y el evidente detrimento del erario en su administración logra tumbar esos fallos; lo único que se puede suponer, es que en todo el andamiaje estatal hay infiltración que hace parte del mismo entramado ideológico que persigue obtener el poder absoluto, y que opera desde distintos sectores del poder público, como la Rama Judicial, infectada por militantes similares a los que ingresaron al Palacio de Justicia y que hoy ocupan cargos importantes en las Cortes, una maquinaria de izquierda perfectamente aceitada y corrupta, que no avanza en las investigaciones a sus camaradas ideológicos, y es por esto que Petro parece no temer a ninguna investigación, porque sabe que de todas saldrá impune, un líder con conductas poco claras y muy cuestionables que dice luchar contra el “establecimiento corrupto”, pero que curiosamente se ampara en él y es protegido por él.
Por otra parte, no es un secreto su apoyo a los regímenes Cubano y Venezolano, la promoción de sus sistemas políticos e ideológicos marcan el derrotero para Colombia en un gobierno que él presida y, considerando los últimos hechos en los que se menciona a Petro, como la presunta compra de votos del Ñeñe Hernández para su campaña a la presidencia en 2018, sus varias reuniones y vínculos aún no explicados con Carlos Castaño, y que su parentela cercana haya tenido negocios de no muy clara legitimidad con Álex Saab, quien fue detenido estos últimos días en Cabo Verde y que presumiblemente será extraditado a los Estados Unidos, estando este último tan relacionado con el proyecto bolivariano desde que Hugo Chávez era presidente, hace imposible no mencionar su cercanía, afinidad política y amistad con Chávez, que se remonta a 1994 cuando orgulloso lo presentaba como un amigo y decía: «encontramos una sintonía ideológica en la lucha contra la corrupción y el discurso bolivariano»; Gustavo Petro fue su asesor, un defensor a ultranza de él y de sus políticas “bolivarianas” incluso aún después de estar muerto; y dados sus inocultables vínculos con el chavismo, desde Caracas Diosdado Cabello, en no muy buenos términos, aseguró que les pidió “apoyo” financiero para su última campaña presidencial.
Otro tema que no se puede obviar, es la relación de Petro con Juan Manuel Santos, el interés mutuo en el acuerdo de impunidad que se planeó, diseñó y ejecutó desde La Habana, que con posterioridad impusieron al país en contra de lo que el plebiscito dictó, pasando por alto la voluntad de las mayorías, y es que, el objetivo común de Santos y Petro en favor de la legitimación e impunidad de las Farc consolidó una alianza que le permitió a Petro tener el apoyo de Santos para mantenerse en la alcaldía de Bogotá y a su vez le dio la reelección a Juan Manuel Santos en 2014, gracias a la adhesión a su campaña de Petro y sus electores. Fue un toma y dame, una maniobra en la que Gustavo Francisco Petro Urrego dejó de lado el discurso populista “antioligarquías”, no tuvo problema para por fin quitarse la máscara, y ambos, Petro y Santos se dejaron ver tal y como son, un par de oportunistas, legitimadores y defensores de oficio de las Farc; algo que era previsible en Petro dado su origen guerrillero y, una gran sorpresa en Santos. Si señores, las Farc tuvieron presidente ocho años en Colombia y el Partido Liberal, Cambio Radical y La U, dejaron ver claramente su ideología de izquierda.
Por último, los cuatro años de Petro administrando a Bogotá nos mostraron su talante dictatorial, un hombre que tiene graves problemas con la norma, que no se ciñe a las reglas a la hora de gobernar, hizo todo lo que denunció como corrupción cuando fue congresista, incrementó ostensiblemente el gasto en puestos burocráticos y de contratistas, la contratación a dedo lo caracterizó, escándalos y detrimento patrimonial con el esquema de las basuras, la inoperante maquina tapa huecos, las motos eléctricas de juguete, Transmilenio, el deprimido de la 94, miles de millones para pagar programas que terminaron siendo salarios para pandilleros, quiebra y desmantelamiento del sistema de salud de la Capital, incumplimiento de las promesas de campaña y cero obras perdurables en el tiempo que puedan dar cuenta de su administración, en fin, folios y folios de malos manejos tanto en la Procuraduría como en la Contraloría, procesos de los que no tenemos noticias y que le costaron a la ciudadanía billones de pesos, una realidad que hace a Petro el campeón en violar la Ley e infringir todo tipo de normas y salir impune.
Lo cierto es que Petro hasta ahora ha podido disimular eficientemente sus incontables crímenes, muchos de ellos de lesa humanidad, y a diario lanza injurias y calumnias a diestra y siniestra sin temor alguno, sin asomo de vergüenza, está convencido que la poca memoria de los colombianos y la escasa información de su pasado criminal, que va desapareciendo con los días de los archivos de la prensa, evitaran que las generaciones de jóvenes que no tienen memoria de sus andanzas, puedan observar la enorme viga en su propio ojo mientras él señala la paja en el ojo ajeno.
