Por: Eduardo Mackenzie
Los “procesos de paz” siempre despertaron en Colombia esperanzas exageradas. Ante los primeros anuncios de ese tipo de promesa, basada en diálogos “entre las partes”, surgieron expectativas y espejismos a granel, a pesar de los defectos enormes de concepción que aparecían ya en esa fase. Sin embargo, pocos analistas osaron alertar sobre las fallas prematuras. El deseo de alcanzar la paz, o una paz, o algo que se pareciera a eso, privaba de tribuna a muchos de los que ya veían los signos del fracaso venidero.
Esos ajetreos de la paz crearon no solo ilusiones y un optimismo fácil, sino que así mismo generaron votos, llevaron al poder a algunos, marginaron a otros y forjaron tanto un vocabulario especial, muchas veces demente, como una burocracia profesional, cínica y ambiciosa. Sin excepción, esos procesos de paz, terminaron, al cabo de pocos años, en nuevas formas de violencias y de intrigas subversivas, de polarización, amargura y división. El firmado por JM Santos y las Farc el 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón de Bogotá, no fue la excepción.
La prensa destaca en estos días de noviembre de 2020 el cuarto aniversario del más reciente “acuerdo de paz”. Numerosos artículos están siendo publicados sobre el balance de esos cuatro años. Tales miradas retrospectivas son interesantes pero algunas dejan de lado los rasgos inexplicables del arranque de ese proceso. Quizás otra forma de estudiar ese periodo es ver lo que ocurría en agosto de 2012, desempolvar las visiones de aquel momento. Este artículo mío, intitulado “No es un proceso de paz”, de septiembre de 2012 (1), evoca al menos un rasgo esencial de ese dudoso proceso: la precaria autonomía del gobierno colombiano en el diseño de esa aventura.
Signos anunciadores del fracaso fueron el secretismo y las mentiras oficiales que precedieron la proclama de Oslo (“no se repetirán los errores del pasado” clamaba Santos) y que impidieron desde el primer momento la participación de los representantes elegidos del pueblo, y de los partidos, en la vigilancia y orientación de una negociación que iba más allá de la paz y que terminaría por desgarrar la Constitución nacional. El fracaso de la paz de Santos, los excesos que ésta produjo, hay que buscarlos en ese notable déficit de democracia. Todo eso se veía ya aunque no de forma nítida: el sometimiento de Santos a los dictados de Caracas y La Habana era evidente. Santos ayudó incluso en esos días a la estabilización de Chávez con la firma de un tratado de libre comercio entre los dos países. Otras peripecias ocurrían: las amenazas iracundas de Timochenko contra Santos, cuatro meses antes de las primeras reuniones (el jefe de las Farc llegó a comparar a Santos con Hitler) y su cambio de tono.
Piedad Córdoba, por su parte, lanzaba un ultimátum a Santos: usted debe negociar con las Farc y con el Eln. El viaje secreto de Enrique Santos a La Habana, en febrero de 2012, y el mal humor de la Casa de Nariño en esos días contra dos medios de prensa que criticaban a Santos, el matutino El Colombiano, de Medellín y La Hora de la Verdad de Fernando Londoño, hicieron parte del marco ominoso del atentado en Bogotá, el 15 de mayo de 2012, contra el ex ministro y periodista Fernando Londoño Hoyos, el crítico más acerado del “Marco para la Paz”.
No se pueden ignorar las maniobras perversas de la izquierda cultural y de voceros del gobierno para ponerle, gracias a las conversaciones de La Habana, una mordaza discreta a los medios. ¿Alguien olvidó el pedido de esos días de “dejar de informar muchas cosas” del proceso de paz y “ceñirse a lo oficial” para “no frustrar la paz”? Esos hechos muestran el alto precio que pagó el país, con la venia de los partidos, por cuenta de la operación cubana de JM Santos, quien, de la noche a la mañana, cambió de postura sobre eso de no negociar “en medio del conflicto”. ¿Cómo fue arreglado ese viraje de línea y los otros desvíos insólitos? Los investigadores, historiadores y periodistas tienen la palabra.
