Por: Carlos Escobar
Hay coincidencias que no existen. Este miércoles 10 de junio, mientras Gustavo Petro aterrizaba en Nueva York para presidir —con toda la pompa del multilateralismo— la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Bogotá una congresista de su propio partido, el Pacto Histórico, firmaba en solitario un auto “suspendiéndolo” del cargo hasta el 21 de junio, el día exacto de la segunda vuelta presidencial.
Léalo de nuevo, porque ahí está todo: no fue la oposición. No fue la Corte. No fue el Senado, único órgano que la Constitución colombiana —artículo 194— faculta para suspender a un presidente. Fue la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara, militante del partido de gobierno, mediante un documento que juristas de todas las orillas, e incluso el propio ministro del Interior, Armando Benedetti, declararon jurídicamente inexistente en cuestión de horas. Una suspensión que no suspende. Un golpe que no golpea. Un papel sin efecto legal alguno, pero con un efecto político devastadoramente preciso: regalarle a Petro, en el escenario más visible del planeta y a once días de las elecciones, el disfraz de perseguido.
Esa es mi tesis, y la sostengo: esto no es una crisis institucional. Es una puesta en escena. El “autogolpe blando”, como ya lo bautizaron varias voces en el Congreso, le permite al presidente pararse ante el mundo —ante la ONU, ante la prensa internacional, ante los gobiernos amigos— y declamar el papel que mejor domina: el de víctima de las “élites” y de la “persecución”. El perseguidor convertido en perseguido. El que ha intervenido en política abierta y descaradamente durante meses —tanto que la investigación en su contra se basa precisamente en eso— transformado, por arte de un auto sin validez, en mártir de la democracia.
¿Y por qué ahora? Porque las cuentas no le dan. Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta del 31 de mayo con el 43,7% de los votos: más de 10,3 millones de colombianos, una cifra que ninguna encuestadora del establecimiento se atrevió a anticipar. Y las mediciones de cara a la segunda vuelta lo confirman: AtlasIntel —la firma que sí acertó en la primera vuelta— le da el 50,3% frente al 42,6% de Iván Cepeda, el candidato del oficialismo. Casi ocho puntos de ventaja. No es un empate técnico: es una tendencia. Y conviene recordar que esa misma encuesta fue la que una magistrada del Consejo Nacional Electoral intentó impedir que se publicara. Cuando los números incomodan, primero se censuran; cuando ya no se pueden censurar, se cambia de libreto.
El nuevo libreto es la victimización. Y llega, además, justo después de que De la Espriella denunciara ante instancias en Estados Unidos lo que considera maniobras irregulares contra su campaña —denuncia que Petro despachó, fiel al guion, como “persecución y odio”. Todo encaja con una simetría que debería incomodar a cualquier observador honesto: la denuncia del opositor, la “suspensión” fabricada desde el propio oficialismo, el presidente en la tribuna de la ONU el mismo día, y una elección a la vuelta de la esquina que el gobierno, según todos los indicadores disponibles, va camino de perder.
A esto se suma el temor, expresado una y otra vez por líderes regionales y por la propia oposición, sobre lo que puede ocurrir el 21 de junio en las zonas donde el Estado no manda: territorios bajo influencia de las disidencias de las FARC y del ELN, donde la “paz total” del gobierno se tradujo en expansión armada y donde la libertad del votante es, siendo generosos, una hipótesis. Si la presión armada inclina urnas en esos municipios, no habrá auto de ninguna comisión que lo investigue con la misma celeridad con que se fabricó la suspensión de esta semana.
Colombia no necesita mártires de utilería. Necesita que los más de 10 millones de votos que se expresaron el 31 de mayo —y los que se sumarán el 21 de junio— sean respetados sin teatro, sin libretos y sin victimismos calculados. La democracia colombiana ha sobrevivido a guerrillas, carteles y magnicidios. Sobrevivirá también a este último acto de ilusionismo político. Pero solo si los ciudadanos, y la comunidad internacional que hoy aplaude discursos sobre la paz en Nueva York, miran el truco de frente y lo llaman por su nombre: una jugada para enturbiar una elección que, en las urnas, ya tiene una tendencia clara.
Esta columna refleja la opinión del autor. Los hechos citados —el auto de suspensión del 10 de junio de 2026, su cuestionada validez jurídica, los resultados de la primera vuelta y las encuestas de segunda vuelta— son verificables en la prensa colombiana.
