Por: El Expediente
En los últimos días, la Fiscalía General de la Nación registró un cambio significativo en su estructura directiva que no fue ampliamente difundido en los medios. Se confirmó la salida de Julio Ospino Gutiérrez, quien ocupaba el cargo de fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, sin que hasta el momento haya respondido a las diversas investigaciones y señalamientos que lo involucran en casos de relevancia nacional especialmente en los sobornos en el marco del caso de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
Ospino, abogado con más de tres décadas de experiencia en el sector judicial, ha ocupado cargos en la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación y otras instancias judiciales a lo largo de su trayectoria. Su permanencia en el alto cargo se mantuvo incluso con el cambio de fiscal general, siendo uno de los pocos delegados ratificados por Luz Adriana Camargo Garzón al asumir su gestión.
Entre los episodios que han generado atención pública figura su vinculación con el caso de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
Según documentos revelados hace más de dos años por El Expediente se identificó una contabilidad que registraba pagos a operadores judiciales y periodistas, entre los cuales se menciona a Ospino como receptor de una suma aproximada de 400 millones de pesos, distribuidos en dos desembolsos.
Estos pagos habrían coincidido temporalmente con decisiones judiciales tomadas por Ospino en relación con un magistrado del Tribunal de Barranquilla, Jorge Eliécer Mola Capera, cuyas resoluciones afectaban intereses de un grupo conocido como el clan Jaller. Una nota encontrada junto a uno de los pagos señalaba la expresión “prima de éxito”, lo que ha suscitado interrogantes.
Otro caso que ha sido objeto de escrutinio es el relacionado con Odebrecht.
Adicionalmente, en 2015, el diario El Heraldo reportó una denuncia contra Ospino por presunta falsedad en un documento presentado durante su gestión como delegado ante la Corte Suprema, en un intento de influir en la caducidad de un contrato de la Gobernación del Magdalena. A pesar de las evidencias presentadas por el entonces gobernador Luis Miguel Cotes, la investigación no avanzó.
Fuentes cercanas al ámbito judicial han indicado que, durante su carrera, Ospino también estuvo relacionado con el denominado “cartel de la toga”, un escándalo de corrupción que sacudió al sistema judicial colombiano. En su momento, su nombre fue mencionado en el marco de este caso, lo que generó rechazo entre algunos magistrados cuando aspiró a un puesto en la Sala Penal de la Corte Suprema, con el respaldo del exprocurador Edgardo Maya.
Por otro lado, se ha documentado que, en el caso de la Universidad Metropolitana, un investigador adscrito al despacho de Ospino, identificado como Arley Alvarado Villa, habría intentado manipular testimonios en favor de intereses específicos, presuntamente recibiendo pagos por 40 millones de pesos. Estas acciones habrían sido coordinadas con el mismo grupo involucrado en el conflicto por el control de la universidad.
A pesar de estas denuncias y de la existencia de pruebas documentales halladas por la misma Fiscalía durante inspecciones judiciales, no se han registrado avances.
Hasta el momento, ni Ospino ni la Fiscalía han emitido declaraciones oficiales sobre su retiro o los casos pendientes que lo involucran, dejando abiertas numerosas interrogantes sobre la transparencia y el curso de las investigaciones en curso y sobre las investigaciones que lo afectan como la de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
