Por Rafael Nieto Loaiza
La privación de la libertad de Álvaro Uribe es arbitraria, tiene motivación política y responde al sesgo antiuribista de la Corte Suprema.
Ese sesgo tiene casi tres lustros y se remonta a la denuncia que hicieran funcionarios de Uribe por vínculos entre Giorgio Sale, un narcotraficante italiano, y Yesid Ramírez y Carlos Isaac Nader, dos presidentes del alto tribunal. Como resultado, después la Suprema se negó en reiteradas ocasiones a elegir Fiscal de las ternas que presentó el entonces Presidente. El motivo fue el enfrentamiento y no las calidades de los propuestos. Baste decir que en una de las ternas estaba Margarita Cabello que, unos años después, fue elegida por sus colegas como presidente de la Corte. Más adelante, como consta en grabaciones que hay en el expediente de Diego Palacio, la Corte decidió tomar decisiones contra el entorno de Uribe, según palabras de sus propios magistrados, “sin salvamentos del voto y por conveniencia política”. Incluso algunos alegaron que deberían hacerlo por “legítima defensa”.
Que el proceso es violatorio de los derechos de Uribe se prueba con facilidad: a Uribe le interceptaron su teléfono por órdenes de la Corte, en una investigación contra un parlamentario chocoano. La Suprema alega que fue por «error», pero hay pruebas inequívocas de que sabían que el celular era de él y aún así “legalizaron» la chuzada; el alto tribunal le ocultó por varios meses que lo investigaba, aunque Uribe les preguntó directamente; cuando finalmente se lo confirmaron, pidió que lo recibieran en versión libre y no lo permitieron; solicitó que se oyera a varios testigos en su defensa y el tribunal se negó; para sacarla del caso, porque creían que podía tener simpatías por Uribe, decretaron un conflicto de interés de Cristina Lombana que, recién salida de la universidad, hace veinticinco años, trabajó en la oficina de un abogado del ex Presidente pero, en cambio, no dijeron absolutamente nada de que César Reyes, el ponente del caso, hubiera sido subordinado de la esposa de Iván Cepeda hace apenas cinco; Héctor Alarcón, uno de los magistrados, se declaró víctima de Uribe en un proceso y hoy no tiene pudor en juzgarlo. Y podría seguir.
Y sí, el juicio es político. Uribe es la figura política determinante de las dos últimas décadas y el ganador de todas las elecciones desde el 2002, menos la segunda vuelta del 14 (y solo por otro montaje judicial, el del hacker, y por la plata de Odebrecht en la campaña de Santos). A ese que no han logrado derrotar en las urnas, quieren sacarlo del juego con la instrumentalización del sistema judicial.
La Corte, además, debería haber sido especialmente cuidadosa, no solo porque se trata de un ex Presidente de la República, sino porque Uribe es el senador más votado de la historia, es también la voz de 875.554 ciudadanos que votaron por él y que él representa. Cercenarle su libertad debería tener motivos fuera de toda duda y debería haber sido la última medida, solo cuando las otras se hubieran agotado sin que funcionaran.
El juicio contra Uribe prueba las dos caras de una tragedia: la politización de la justicia y la judicialización de la política. No pretendo que la Corte sea uribista. No debe serlo. Lo que se espera es que no se antiuribista. La administración de justicia deben ser imparcial. Cuando deja de serlo, como ahora, no es cosa distinta que arbitrariedad arropada de formalismos.
Hay también, por supuesto, un ánimo de revancha por parte de quienes sufrieron la mano firme de Uribe, una guerrilla que sufrió los golpes más contundentes y unos paramilitares que fueron extraditados. Uribe ha sido el muro de contención a los avances de los violentos y de la izquierda radical en Colombia y en el Continente. Y han querido cargárselo desde entonces. Ha sufrido 17 atentados. Como no han logrado matarlo, quieren eliminarlo por vía judicial.
La venganza, el odio, el ánimo de retaliación política, el deseo de despejar el camino para las elecciones del 22 y de sacar del camino a quienes siempre los ha vencido en el campo de batalla y en las urnas, todos esos intereses se conjugan contra Uribe.
No tengo duda de que privar de la libertad al ex Presidente es el primer paso de su ofensiva final para tomarse el poder. Demostró que si vienen por él, pueden venir después por cualquiera, que no tienen límites, que sus tentáculos se extienden a los más alto de las instituciones. El peligro para la nación es mayor que nunca. Pero están profundamente equivocados. La injusticia contra Uribe ha sido una puñalada en las entrañas del pueblo colombiano. Han despertado a las mayorías silenciosas. La tristeza, el dolor, la indignación y la ira, el miedo de que la Nación caiga en manos de los violentos, de los mafiosos, de la izquierda radical, nos moverá a la unidad. La alianza republicana es la primera urgencia. Y la acción política para ganar en el 22 es la segunda. Desde ya y hasta entonces hay que trabajar sin descanso. Uribe es más que Uribe, Uribe es la democracia, la libertad, la seguridad para todos, la economía de mercado para generar riqueza y empleo, para reducir la pobreza, para buscar la equidad. Acá estamos los que defendemos sus banderas. Y no tememos. Los buenos somos más, muchos más. Y ahora vamos a organizarnos.
