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Junta directiva del Banco de la República, ¿técnicos o políticos?

por El Expediente
diciembre 17, 2020
en Opinión
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Crecimiento económico de la mano del sector privado
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Por: Duván Idárraga

La semana pasada se dio un importante hecho para la economía colombiana con el nombramiento del nuevo gerente del Banco de la República, resultando seleccionado el economista Leonardo Villar (quien además posee dos Maestrías en Economía pero no doctorado, siendo la primera ocasión en que el gerente de esta entidad no tiene este nivel) por parte de los miembros de la Junta Directiva del emisor; debemos recordar que a este cargo también aspiraba el actual ministro de hacienda y presidente de la Junta, Alberto Carrasquilla.

En mi concepto, uno de los grandes aciertos de la Constitución de 1991 fue el reemplazo de la antigua Junta Monetaria por la actual Junta Directiva del Banco de la República; definiendo de manera clara sus funciones, responsabilidades y la manera de operar. Uno de los aspectos a destacar especialmente, fue haber dado un carácter técnico a la misma además de garantizar la independencia administrativa, funcional y financiera del gobierno central; con el propósito de que sus actuaciones y decisiones estuvieran alejados de la presión política del Presidente de la República.

Los aspectos anteriormente mencionados quedaron plenamente definidos en la Constitución Política de Colombia. El artículo 371 de la misma define la naturaleza jurídica y la autonomía en todos los aspectos del Banco de la República, igualmente determina las funciones como banca central y sus responsabilidades básicas. El artículo 372 define las funciones generales de la Junta Directiva del Banco de la República y su esquema de conformación (7 miembros, entre ellos el Ministro de Hacienda, quien la preside; el Gerente del Banco y 5 miembros restantes de dedicación exclusiva nombrados por el Presidente de la República para periodos prorrogables de 4 años). A su vez, el artículo 373 establece el objetivo principal del Banco de la república que es velar por mantener el poder adquisitivo de la moneda; para cumplirlo debe adoptar las medidas que se estimen pertinentes.

Como consecuencia de los dos períodos presidenciales de Juan M Santos, a la fecha 4 de los 7 miembros de la Junta Directiva del banco de la República fueron nombrados por él; a su vez, esta junta eligió a quien fungía como Gerente Juan Jose Echavarria. Esas mayorías también eligieron a Leonardo Villar como nuevo Gerente en lo que parece interpretarse como un manejo político del tema y no con carácter técnico que los debe caracterizar. Es importante recordar una intervención con tinte político del Gerente anterior Juan José Echavarria, al exponer en marzo de 2019 cuestionamientos a los resultados económicos de crecimiento del PIB y relacionarlos con la polarización política del país; si bien posteriormente se retractó, es claro que fue una salida por fuera de sus apreciaciones eminentemente técnicas. No olvidemos que Echavarría fue nombrado gerente en 2017 durante el gobierno Santos y que además fue director programático de su campaña de reelección en 2014, aspectos que podrían justificar esta salida en falso para quien debe caracterizarse por el cuidado en sus conceptos dado el impacto que los mismos tienen en la economía del país al tratarse del ente responsable del manejo monetario y cambiario, entre otros aspectos.

La selección del nuevo Gerente pareciera indicar que nuevamente prima manejo el político por parte de la Junta Directiva del emisor al haber seleccionado al doctor Villarreal haciendo valer las mayorías de los representantes de la misma elegidos durante el gobierno Santos y que impidieron la llegada del ministro carrasquilla a este cargo; sin duda, en mi concepto, de mejores competencias técnicas y formación (posee doctorado) para desempeñarlo.

Es indispensable, para el bien de la economía nacional, que la Junta Directiva del Banco de la República se enfoque netamente sus funciones técnicas de acuerdo a lo definido a nivel constitucional; que este órgano realice intervenciones de tipo político no solo violan nuestro ordenamiento jurídico sino que trasmite un mensaje confuso e incluso peligroso para la economía del país y sus diferentes actores que han tenido siempre total confianza en la idoneidad de sus miembros y en el carácter eminentemente técnico de sus decisiones, acciones y apreciaciones.

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