Por : Eduardo Mackenzie
El senador Iván Cepeda radicó ante el Congreso un proyecto de ley que pretende erigir en delito toda discusión o deliberación en Colombia sobre la farsa petrista de la “negociación de paz” con las bandas criminales.
Cepeda aspira a que toda crítica al plan de “paz total” pueda ser valorada, en una ley de tipo stalinista, como un “delito contra la paz”. Aspira que al infractor le puedan decretar hasta 15 años de cárcel por “obstruir la paz” es decir por obstruir no la paz sino las negociaciones de capitulación ante los “grupos al margen de la ley”. El senador espera que ese garrote pueda servir contra ciudadanos y sobre todo contra todo “alto servidor público”.
En vista de las protestas que desató el bodrio liberticida, surgieron rumores de que Iván Cepeda iba a retirar su proyecto. No, no habrá retiro, afirmó el senador en una entrevista con Blu Radio.
Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, estimó que ese proyecto es “absurdo y peligroso”, y que Iván Cepeda, quien es conocido por buscar en las cárceles más tenebrosas criminales dispuestos a servir de testigos falsos contra los adversarios políticos de las FARC, “ahora quiere crear un nuevo delito que se llama ‘obstrucción a la paz’ para seguir con la persecución judicial”. La senadora María Fernanda Cabal declaró: “Los sectores radicales de la izquierda quieren judicializar a todo aquel que se oponga a la farsa de ‘paz total’”.
Lo curioso es que los comunistas franceses, en los mismos días, parecieron atareados en sacar una ley de perfil similar al de Iván Cepeda.
En efecto, Ian Brossat y Cécile Cukierman, senadores del PCF, presentaron este 15 de noviembre un proyecto destinado a “luchar contra la trivialización del discurso de odio en el debate público”. Ese proyecto busca aumentar las penas de inelegibilidad de quien sea condenado por “discriminación e incitación al odio racial”. Como en el texto de Iván Cepeda, ese texto apunta como un fusil contra “todo líder político o toda persona involucrada en el debate político”, advirtió alarmado un diario parisino.
Entre “discurso de odio” y “obstrucción a la paz”, el paralelismo subjetivista y arbitrario llama la atención. ¿Hay en marcha un equipo especial que fabrica y dirige esas operaciones?
Los marxistas disfrazan sus tóxicas propuestas con vistosos ropajes. Los del PCF dicen que quieren “responder al aumento de los actos antisemitas en territorio francés”. Cepeda, del PCC, dice que su proyecto solo quiere “perseguir a los asesinos de los líderes sociales y de los activistas y firmantes de la paz”. Sobre el artículo inhumano que prevé cárcel para los que “mientan en un proceso de paz”, Cepeda respondió “No hay tal cosa”’.
No hay tal cosa, quizás, pero ésta podrá reaparecer en cualquier momento. El diario El País, de Cali, recordó que Iván Cepeda había presentado en 2022 un “proyecto similar que terminó archivado porque el Senado no lo discutió”. Esta vez Iván Cepeda lo reactiva y quiere extender el miedo a todos los “altos servidores públicos”. Saber si Cepeda retira o no ese texto no sirve, pues, de nada. Cepeda juega con la gente que simula ser ingenua.
Si el invento de Iván Cepeda pasa, dicha categoría vaga (“servidor público”, que incluye las personas que trabajan con el Estado y/o está en el servicio civil), podría afectar la libertad de los parlamentarios de todas las tendencias, así como de los jefes de los organismos de control –la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, los magistrados, las autoridades electorales, los defensores del pueblo, etc–. Podría afectar la libertad de conciencia de los rectores de universidades públicas, de los educadores, de los militares y policías. A ese vasto universo humano y profesional Cepeda quiere ponerles un bozal y una espada de Damocles para que la capitulación del Estado ante las bandas criminales continúe sin oposición.
Los comunistas franceses dicen que presentaron su proyecto para responder al aumento de los actos antisemitas en el territorio. Desde el 7 de octubre y el masivo ataque terrorista de Hamás contra Israel (1 200 asesinatos y cerca de 239 secuestros), el ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, contó 1.518, actos antisemitas, tres veces más que en todo 2022.
El PCF ve que hay en estos días una oportunidad para poner nuevas mordazas a la sociedad. El intento liberticida es presentado como un instrumento de lucha contra el antisemitismo. Lo curioso es que la iniciativa viene de los mismos que se negaron a participar en la manifestación contra el antisemitismo del 12 de noviembre y que hicieron de todo para que ésta no fuera unitaria.
Es falso hacer creer que en Francia no hay disposiciones contra los autores de delitos racistas o discriminatorios. La ley de 29 de julio de 1881 sobre libertad de prensa prevé sanciones en ese sentido y prevé la inelegibilidad para los autores de delitos racistas o discriminatorios. Es falso insinuar que Colombia carece de una legislación contra los homicidios que pudiesen afectar las personas que Iván Cepeda cita. En realidad, lo que buscan las dos formaciones es disponer de una legislación redundante, vaga y contradictoria que pueda servir de martillo contra los que no piensan como ellos.
No es la primera vez que el PCF intenta golpear judicialmente a sus contrarios. En noviembre de 2021, Fabien Roussel propuso “hacer inelegibles durante cinco años a las personas condenadas por incitación al odio”. Ese texto fue hecho para quitarle la palabra al polemista conservador Eric Zemmour, excandidato a las elecciones presidenciales de 2022. Pero el proyecto de Russel fue rechazado.
La iniciativa de Iván Cepeda es lamentable y va a ser combatida. ¿Quién puede decidir objetivamente si una frase, un discurso, un artículo, un libro, un reportaje, un fallo judicial es un acto “contra la paz”? Cepeda insiste en que su idea es “proteger los procesos de paz” y “prevenir actos violentos que los obstaculicen”. ¿Pero qué le vale a Cepeda el hecho de que los colombianos en 2016 hayan rechazado, en un referéndum, el “proceso de paz” favorable a las FARC que había impulsado el expresidente Santos? La libertad más grande de los colombianos es poder pronunciarse a favor o en contra de los llamados “procesos de paz” que nunca han aportado la paz al país. ¿Lo que busca Iván Cepeda es acabar con ese derecho e intimidar a quienes piden que Gustavo Petro sea destituido por sus violaciones de la Constitución y sus otras faltas en el ejercicio de la presidencia de la República?
¿Los amigos de Petro buscan impedir la reflexión y la crítica en los círculos mediáticos y políticos? ¿Quiere censurar a quienes se apartan de la ideología woke-fariana-marxista-petrista?
Lo que demuestra este asunto del sincronismo entre el PCC y el PCF es que la libertad de expresión, de prensa y de conciencia, son derechos frágiles que pueden colapsar si las sociedades democráticas no se erigen con determinación contra tales amenazas.
