El bufete que lidera el abogado Abelardo de La Espriella y un equipo de veeduría ciudadana e investigación periodística preparan una voluminosa denuncia penal para requerirle al Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa que estudie y actúe conforme a la ley frente a todas las irregularidades que rodearon la convocatoria, asignación y ejecución de los distintos contratos que a través de Corpovisionarios el excongresista Antanas Mockus celebró con distintas entidades del Estado. A principios de 2018 los contratos de Corpovisionarios ascendían a $6 mil millones.
Como se sabe el apetito contractual de Moskus lo dejó por fuera del Congreso. Una denuncia publicada en primicia en El Expediente en marzo de 2018 titulada ‘Uno de los contratos por $6 mil millones de la fundación de Antanas Mockus pone a temblar su curul en el Senado’ marcó el comienzo de su fin en la política.
Desde entonces Mockus y sus escuderos como la hoy alcaldesa Claudia López comenzaron una campaña de difamación contra este portal y su director en directa retaliación a la revelación periodística.
Agradezco a @ClaudiaLopez por reconocer nuestra investigación y revelación periodística que derivó en la salida de Mockus del Congreso. ‘Nuestro profe se respeta’ decía en marzo de 2018 defendiendo su probada inhabilidad. https://t.co/vWZYlmoKYA pic.twitter.com/B5hHZL9PDV
— Gustavo Rugeles (@GustavoRugeles) January 26, 2020
En esa misma investigación, publicada días después de su posesión como el congresista más votado del país y que sirvió de insumo para la causa judicial ante el Consejo de Estado, explicamos que el profesor estaría inhabilitado para asumir su curul ya que la fundación de la que fungía como representante legal había firmado un contrato con la gobernación de Cundinamarca de Jorge Emilio Rey por $428 millones el 9 de noviembre de 2017, cuatro meses antes de las elecciones parlamentarias.
La ley, explícitamente la Constitución Política en su artículo 179, prohíbe ser congresista a »Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los SEIS MESES anteriores a la fecha de la elección». Con ese argumento legal los abogados que actuaron el caso lograron que el Consejo de Estado fallara en derecho y declarara nula su elección.
Sin embargo en el fondo hay mucho más. Al profesor lo sancionaron por un tema de tiempos, técnico si se quiere, y aunque fue un reprochable intento de burla intencional a la ley, hay cosas más graves de fondo: Corrupción.
Con la asesoría de distintos expertos en derecho y contratación pública hicimos una minuciosa revisión de los contratos y del proceso ante el Consejo de Estado y encontramos todo tipo de inconsistencias en las distintas etapas contractuales según las cuales Mockys y Murrain faltaron a la verdad y podrían haber incurrido en delitos penales como son falsedad en documento público y privado y perjurio por haberle mentido al Consejo de Estado. Lo explicamos.
Mockus y su segundo a bordo en Corpovisionarios Henry Murrain nunca aceptaron, ni siquiera ante en las audiencias ante el Consejo de Estado, que él fungía como representante legal pese a que demostramos con el documento de la Cámara de Comercio que la representación legal estaba en cabeza del excongresista y no de Murrain.
En el reciente fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado que deja en firme la inhabilidad de Antanas Mockus queda claro que Murrain actuaba como «delegatario» de Mockus, éste único Representante Legal de Corpovisionarios según la certificación de la Cámara de Comercio único documento válido para demostrar tal condición de conformidad con el articulo 43 del Decreto 2150 de 1995.
Murrain siendo simple «delegatario» de funciones y sin ser el Representante Legal de Corpovisionarios se reporta ante el SECOP II como tal, suscribe Estados Financieros de Corpovisionarios como Representante Legal Suplente y suscribe la inscripción ante la DIAN como Representante Legal Suplente Certificado. De acuerdo al análisis jurídico esto se constituye en falsedad en documento público y privado.
Pero eso no es todo. Pese a que quedó demostrado que el representante legal es Mockus el señor Murraín también usurpó esa condición y de manera ilegal firmó el convenio 566 de 2017 entre Corpovisionarios y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.
Ver: Investigación: Contrato de Mockus con la Uaesp: informe de la Personería, 120 observaciones de corrupción
En el fallo del Consejo de Estado quedó claro que Murrain actuaba como simple «delegatario» y se supone que en tal condición no ha debido suscribir ese contrato como tampoco firmar estados financieros. La Supersociedades en forma reiterada ha manifestado que se pueden delegar funciones pero no la Representación Legal que por definición es indelegable.
En el convenio con la UAESP aparece un contrato de Corpovisionarios con Sheila Burkhardt en un cargo directivo a razon de $ 10.000.000 mensuales es decir $ 62.500/hora.
En el mismo periodo para el convenio con la ACPP aparece orden de servicios con la misma persona por valor de $ 20.000.000 para dictar dos simples Talleres de 5 horas de duración c/u es decir a razón de $ 2.000.000/hora
La diferencia entre uno y otro es del 3.200 % hecho que debe sorprender si se tienen en cuenta los precios habituales del mercado y el evidente significado e impacto en términos de sobrecostos, detrimento patrimonial y corrupción que de ello se deriva.
Son solo algunos ejemplos del cúmulo de irregularidades legales que se han encontrado en los contratos suscritos por Corpovisionarios una fundación que vive del nombre de la figura de Antanas Mockus como abanderado contra la corrupción.
Ver investigaciónes El Expediente – Antanas Mockus
Más pruebas de la inhabilidad de Antanas Mockus para ser congresista. Investigación de El Expediente
